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COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

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  • 21.1.22
FACUA Andalucía considera "inadmisible" que la Junta no tome medidas para acabar con el "desbordamiento" de la Atención Primaria en la comunidad. La federación ha señalado que se ha dirigido hasta en tres ocasiones a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para instarle a potenciar los recursos de la sanidad pública y garantizar una calidad adecuada en la prestación que se le da a los ciudadanos, "sin que por el momento la administración haya puesto freno al colapso".


FACUA Andalucía advierte de que esta situación empieza a cronificarse, puesto que no se le da solución, y la tacha de "inadmisible" en un sistema que debe garantizar el acceso a la sanidad pública. Además, considera que la asistencia prestada dista mucho de una asistencia sanitaria de calidad y no permite hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos en Andalucía, y en consecuencia recuerda que "es una obligación de la administración contar con los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar la protección de este derecho".

La federación insiste en la necesidad de incrementar el personal dedicado a la Atención Primaria, reducir del tiempo de espera tanto en las citas médicas como en la espera telefónica y asegurar la atención presencial.

Por ello, en sus escritos dirigidos al organismo, la federación advierte de que, durante años, la Atención Primaria viene sufriendo un deterioro en la capacidad para dar una respuesta adecuada a los usuarios y, por consiguiente, se ha dado una progresiva pérdida de peso dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Medidas insuficientes

En el primero de ellos, presentado en 2020, FACUA Andalucía instaba a la Consejería a reforzar la Atención Primaria de forma urgente, dado iba a ser una pieza clave en la gestión de la pandemia desde el inicio de la desescalada. El organismo respondió adjuntando una serie de medidas a llevar a cabo, las cuales, según la federación, "han resultado ser insuficientes puesto que, como se ha podido comprobar a lo largo del año 2021, la situación no ha hecho más que agravarse, poniéndose cada vez más de manifiesto que no hay capacidad para dar respuesta a la demanda existente".

Ante esta situación, el pasado septiembre de 2021, volvió a presentar un escrito, el cual no ha sido respondido, señalan, para denunciar la especial situación de desbordamiento de la Atención Primaria y cómo ello ha supuesto una afectación y pérdida de los derechos de la ciudadanía ante el sistema sanitario público andaluz.

Déficit de personal sanitario

En ambas ocasiones, FACUA Andalucía exponía que son muchos los usuarios como los colectivos de profesionales los que denuncian que sigue existiendo un "preocupante" déficit de médicos de familia, una significativa desinformación en la población sobre el acceso a la atención en el centro de salud, así como las dificultades de gestión de las citas en Salud Responde, que desembocan en la demora en los cuidados de los pacientes.

Por todo ello, FACUA Andalucía exige a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que deje de mirar hacia otro lado y tome medidas urgentemente para potenciar el sistema de sanidad pública con la finalidad de solucionar, desde lo público, los mencionados problemas. Todo ello, de acuerdo a las acciones que le competen y con el objetivo de garantizar la protección de la salud de la ciudadanía andaluza.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


  • 18.1.22
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado que la bombona de butano alcanza un nuevo máximo histórico y cuesta desde este martes, 18 de enero, 17,76 euros, un 33,4 por ciento más cara que hace un año, cuando en enero de 2021 su precio era de 13,31 euros (4,45 euros más). Por ello, ante este nuevo incremento del precio del butano, FACUA-Consumidores en Acción insta al Gobierno de España que "modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores".


Con esta nueva revisión, el formato estándar de 12,5 kg se establece a partir de hoy en 17,76 euros (incluidos los 0,015 euros por kg del impuesto de hidrocarburos y el 21% de IVA), lo que supone un 5,0 por ciento más cara (84 céntimos) que en la última revisión de la tarifa en el pasado mes de noviembre, cuando estaba en 16,92 euros. 

Asimismo, FACUA-Consumidores En Acción recuerda que en septiembre de ese mismo año se fijó en 16,13 euros; en julio, en 15,37 euros; en marzo, en 13,96 euros y ya en enero, en 13,31 euros.

Máximo histórico

FACUA recuerda que, hasta ahora, el máximo histórico de la bombona habían sido los 17,50 euros que tuvieron que abonar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (un total de 672 días), con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. 

Por su parte, el precio más alto durante los gobiernos de Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

En los últimos quince años, el precio más bajo del butano ha sido el fijado en abril de 2005, 9,38 euros. FACUA insiste al Gobierno de Pedro Sánchez para que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que aseguren la protección de los intereses económicos de los consumidores.


REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 15.1.22
El Consejo de Gobierno ha sido informado de la convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para jóvenes agricultores por un montante de 80 millones de euros, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (PDR).


La convocatoria se realiza en régimen de concurrencia competitiva y está dirigida a menores de 41 años que vayan a instalarse por primera vez, ya sea como titular exclusivo o no, en una explotación agraria mediante la implantación de un plan empresarial viable técnica y económicamente.

La nueva convocatoria para el año 2022, dentro del objetivo de fomentar de manera decisiva la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria, incluye un presupuesto específico de estas ayudas destinado exclusivamente a éstas, de modo que una vez se agote el presupuesto de la convocatoria general (de 64 millones de euros), las mujeres que cumpliendo con los requisitos no resulten beneficiarias por falta de disponibilidad presupuestaria, podrán concurrir de manera separada hasta agotar el presupuesto específico para mujeres, que es de 15,9 millones.

Con ello se pretende reforzar la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria, promoviendo para ello la figura de la titularidad compartida en la gestión de la explotación. Con este motivo, se ha disminuido el tamaño mínimo de la explotación en determinados supuestos de acceso en este régimen. También se modifican los criterios de selección de operaciones para priorizar su incorporación bajo la figura de titularidad compartida.

No es ésta la única novedad. Tras analizar el desarrollo de las anteriores convocatorias, la demanda prevista de solicitudes y el presupuesto disponible, se han incrementado los importes de la prima a percibir por los beneficiarios de las ayudas, tanto en lo que se refiere a la prima base, que pasa de 30.000 a 40.000 euros, como a los incrementos adicionales, de manera que la prima máxima a percibir por los beneficiarios quedará establecida en 90.000 euros, frente a los 70.000 euros de anteriores convocatorias.

El actual Gobierno andaluz ha venido gestionando estas subvenciones a partir de la convocatoria resuelta en 2019 por 82,5 millones de euros, y que supuso la concesión de casi 1.400 ayudas, a lo que siguió las convocatorias del pasado año por 14 millones de euros, 7 millones en el marco de la ITI de Cádiz y otros 7 en la de Jaén.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las solicitudes se presentarán de forma exclusivamente electrónica, al poder optar las personas interesadas a la vía telemática a través de las entidades habilitadas reconocidas. Además, se establece como requisito que el plazo máximo para la correcta ejecución del plan empresarial será de 24 meses desde la fecha de instalación. No obstante, no podrá ser superior al 30 de junio de 2025.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

  • 14.1.22
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado prorrogar hasta el próximo día 31 de enero la medida de presentación del certificado de vacunación covid-19 o prueba diagnóstica para el acceso a los locales de hostelería y ocio, así como para acceder a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial.


Las medidas sanitarias han sido ratificadas mediante sendos autos emitidos por la Sala de lo Contencioso y responden a las peticiones formuladas por la Junta de Andalucía para hacer frente a la situación de considerable aumento de la pandemia del coronavirus a raíz de la nueva variante omicron.

En su doble petición de la prórroga temporal, la Junta argumenta que, "en la actualidad, si bien la cobertura vacunal es elevada, nos encontramos en una situación de aumento muy importante de casos de la sexta ola de la enfermedad que comenzó con un aumento de casos de una forma lenta y sostenida en la semana 41 (11-17 de octubre de 2021) y que se ha acelerado de forma exponencial en las últimas tres semanas". El resultado de esta situación es que, "a nivel de distritos sanitarios, todos se encuentran en nivel de riesgo muy alto" y "se está produciendo un aumento en el número de casos diagnosticados".

La Sala considera que, "en el momento actual en que se solicita la prórroga de la medida que entonces autorizamos con vigencia hasta el 15 de enero, por considerarla necesaria, idónea y proporcionada, la situación epidemiológica descrita en el informe que se acompaña a la solicitud justifica la prórroga de la medida, dado el incremento exponencial en la incidencia, y la capacidad de transmisión y contagio que ha revelado la variante dominante omicron".

Respecto a la necesidad de presentar el certificado de vacunación o la prueba diagnóstica para acceder a los locales de ocio, el auto estima que la prórroga "es adecuada para prevenir la transmisión de la enfermedad; necesaria porque es menos agresiva que otras y no afecta significativamente a la posibilidad de acceso a dichos establecimientos ni, desde luego, a la actividad que realizan; y proporcionada porque sirve para preservar la salud y reducir los riesgos vitales que comporta la pandemia, mientas que incide tenuemente en los derechos a la igualdad y a la intimidad".

Sin embargo, la Sala admite la "lesión de los derechos fundamentales" que se produce a raíz de estas medidas, pero insiste en que esta vulneración resulta "escasa" dado que se pretende proteger otro derecho fundamental "preeminente", que no es otro que el derecho a la vida. Además, añade el auto, con la medida aprobada "se intenta evitar, precisamente, un escenario de nuevas restricciones más severas para los derechos fundamentales, tal y como sucedió meses atrás".

Respecto al acceso a residencias y centros sanitarios, la Sala recuerda que la medida afecta únicamente a las personas mayores de 12 años "visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados", que deberán presentar el certificado, la prueba diagnóstica o haberse recuperado en los últimos seis meses de una infección del Covid-19. Sin embargo, no serán exigibles para los trabajadores ni para los particulares que quieran acceder como pacientes o a los acompañantes de pacientes que acudan a consultas hospitalarias o servicios de urgencias.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 13.1.22
El Servicio Andaluz de Empleo, adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha habilitado esta semana la cita previa para la atención presencial en las oficinas de empleo, con el objetivo de agilizar la atención y reducir los tiempos de atención para los usuarios. Puede solicitarse a través de la web, la APP del SAE o el teléfono 955625695, al igual que la cita previa para atención telefónica, que el organismo mantiene desde este momento como un servicio permanente.


El nuevo sistema ofrece una parrilla de fechas con un plazo máximo de 15 días tanto para cita para la atención presencial como telefónica, pudiendo el usuario seleccionar la opción que más le convenga. Solo en el caso de determinadas gestiones, como la inscripción inicial de la demanda de empleo, la acreditación de la Búsqueda Activa de Empleo o gestiones que requieran de aportación documental, la cita deberá solicitarse de manera presencial puesto que son trámites que requieren de una atención más detenida para la correcta clasificación de la demanda, la presentación de documentación o el encuadramiento de ocupaciones, entre otros.

Durante este último año, el SAE ha adoptado una serie de medidas temporales que han permitido dar continuidad a los servicios con plenas garantías, teniendo en cuenta que la mayoría de las gestiones ya se podían realizar de forma telemática a través de la web o de la AA.

Así, durante la pandemia, el SAE habilitó un formulario 'online' para la inscripción inicial de la demanda de empleo, flexibilizó los plazos para la reinscripción de la demanda y renovó de forma automática las demandas de empleo, medidas que han sido fundamentales para dar respuesta a las situaciones de ERTE que se han producido en estos meses. Como resultado se han tramitado 196.340 solicitudes de inscripción inicial de demandas y se han renovado automáticamente 2.130.544 demandas de empleo durante el período de vigencia de estas medidas.

A medida que la recuperación de actividad lo ha permitido, el SAE ha desactivado estas medidas extraordinarias como el formulario de solicitud de inscripción 'online', que ya no está accesible en la web y se ha sustituido por la atención presencial con cita en la oficina.

Nuevo modelo de gestión

Estos cambios y mejoras en el sistema de cita previa no se dan solo en respuesta a la situación provocada por la pandemia, sino que forman parte de un nuevo modelo de gestión integral que permitirá mejorar y gestionar con mayor eficiencia los recursos del SAE para la optimización de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y empresas.

Con el nuevo modelo, el usuario se sitúa en el centro de la actividad del SAE, siendo además la oficina de empleo el punto de referencia para el ciudadano. La personalización de los servicios a través de un nuevo sistema de perfilado estadístico basado en el big data, la posibilidad de autogestión y la integración de la orientación en la propia oficina de empleo son algunas de las novedades que el SAE va a implementar de forma escalonada en todo el territorio a lo largo de los próximos meses, en el marco del Plan Director para la Ordenación de las Políticas Activas de Empleo y las Relaciones Laborales en Andalucía.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO
  • 13.1.22
La organización de consumidores FACUA-Andalucía ha denunciado que la Junta no haya protocolizado un mecanismo de aviso a todos los ciudadanos a los que se les ha anulado la cita de la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 tras un error informático en el sistema de solicitud. De igual forma, exige explicaciones al Gobierno andaluz sobre qué ha ocurrido y por qué no se está avisando a los afectados con anterioridad.


Según explica la organización, hace unos días la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía abrió un módulo de citación para suministrar la tercera dosis a personas que se encontrasen fuera de la estrategia de vacunación de refuerzo, es decir, los mayores de 58 años y el personal sanitario. "No obstante, y para sorpresa de muchos de los usuarios que están acudiendo a vacunarse, éstas se han anulado sin previo aviso", sostienen desde FACUA Andalucía.

Así, según señalan desde la organización de consumidores, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud en su web, se trata de un "error informático" en el sistema de solicitud lo que ha permitido sacar cita para la tercera dosis a personas a las que no les correspondía aún. "Sin embargo, sigue sin establecer un sistema de alerta a día de hoy", indican.

Por ello, FACUA Andalucía lamenta que no se esté llevando a cabo ningún tipo de gestión para informar con la suficiente antelación a los afectados del error y así evitar que acudan a los puntos de vacunación -ausentándose, muchos de ellos, de sus puestos de trabajo o lugares de estudios-, sólo siendo informados de la anulación una vez allí. Asimismo, la federación considera que es una muestra más de la "descoordinación y desorganización" de la Consejería de Salud y Familias en la estrategia de actuación ante la pandemia por la covid-19.

El SAS sigue sin establecer un sistema de alerta

FACUA Andalucía critica que el SAS se ha limitado a lanzar un comunicado en su web, sin avisar de manera individual a cada usuario citado, lo que se demuestra como una estrategia ineficaz, ya que los usuarios siguen asistiendo. La federación cree que este error debería notificarse de manera personal a través de la aplicación, de llamadas telefónicas o mensajes de texto.

De igual forma, la federación critica que el SAS apele "a la responsabilidad individual para respetar la priorización de las terceras dosis a los colectivos establecidos", ya que los usuarios no han sido irresponsables al pedir la cita, sino que ha sido el propio organismo el que ha dado a entender que les correspondía al estar disponible la solicitud.

Además, en otras comunidades autónomas ya está disponible la tercera dosis para menores de 58 años, por lo que es lógico que muchos usuarios hayan solicitado la cita al comprobar que se estaba poniendo en marcha el plazo para ellos.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

  • 12.1.22
La Federación de Educación de CCOO Andalucía ha denunciado la "escasez" de personal docente y laboral en la vuelta a las aulas tras el período navideño y en plena sexta ola de la pandemia de coronavirus. El sindicato recuerda que la contratación que ya se vio recortada de forma drástica en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de curso, una circunstancia que ha hecho imposible la bajada de la ratio en todos los niveles y etapas educativas.


En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado que esta situación ha provocado una "devaluación de los servicios" que ha obligado a la reincorporación presencial a las aulas "sin garantías de seguridad frente a la sexta ola y la nueva variante omicrom".

"Las aulas no cuentan con medidores de CO2; no se está guardando la distancia de seguridad de 1,5 m necesaria para evitar contagios; y deberían proporcionarse mascarillas FFP2, en especial al profesorado y personal laboral vulnegable al Covid-19. Además de dar permiso para los casos de contactos con positivos o confinamiento por sospecha de haber contraído el virus", ha apuntado Vega.

En cuanto al personal laboral, ha expresado Vega, "este nuevo trimestre empieza peor aún, si cabe". "La escasez de personal es preocupante y los pocos efectivos que están trabajando no dan a basto en un marco donde los contagios crecen de forma exponencial y cuando la vacunación del alumnado de 6 a 12 años está lejos de finalizar", ha asegurado.

Por ello, CCOO señala que la falta de cobertura de vacantes y plazas sin dotación en categorías "esenciales" para hacer frente a la pandemia como son personal de limpieza, monitores escolares, técnicos de integración y de infantil, supone "un riesgo para el control por parte de los centros educativos de la pandemia, además de una sobrecarga de trabajo para el resto de personal".

Por otro lado, en cuanto a la enseñanza concertada, CCOO indica que la Junta sigue con el mantenimiento "injusto de la desequiparación de condiciones laborales y salariales". Asimismo, sobre las escuelas infantiles adheridas al programa de ayuda a las familias, indican que viven con la incertidumbre ante la posible repercusión tras la aceptación de los 37 millones de euros iniciales de los fondos europeos destinados a la creación de unidades públicas de Educación Infantil 0-3 años con la incidencia negativa que pueda tener en la situación laboral de miles de mujeres andaluzas.

"A todo ello, debemos sumar también la lentitud en las sustituciones del personal, que en muchas ocasiones suponen más de un mes sin cubrir, las jornadas parciales de las monitoras y monitores escolares, la falta de creación de empleo público para la atención del alumnado más vulnerable con necesidades educativas especiales, o alumnado de infantil", lamentan. 

Por todo ello, concluye la delegada sindical, "exigimos que se contrate a más personal con ese superhábit de 141 millones que andan pregonando desde el Gobierno Andaluz. no es una cuestión de ahorro sino de trabajo digno y educación de calidad."

Asimismo, CCOO recuerda que Andalucía ha sufrido un incremento de las ratios que nos siguen manteniendo en el "vergonzoso penúltimo lugar de la enseñanza pública española sólo por detrás de Madrid, la peor de todas las Comunidades en la enseñanza concertada y está muy por debajo de la media española en la Universitaria". 

"Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que priorice el Sistema Educativo Público, que garantice una Educación de calidad y cubra todas las vacantes de personal así como la creación de empleo público que es el motor de los Centros Educativos, ahora más que nunca necesario para una vuelta al cole segura y con garantías", ha demandado Vega.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 11.1.22
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha aprobado, como se publicó esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para los años 2022 y 2023, que contempla actuaciones presenciales y no presenciales en todos los sectores de servicios sociales, con especial incidencia en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad.


El servicio de Inspección de Servicios Sociales de la Consejería es el órgano competente para desarrollar la función inspectora en materia de servicios sociales y el Plan General es el instrumento de planificación de la actividad de inspección de carácter ordinario, no solo como un medio de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de la normativa vigente, sino también de orientación y diseño de actuaciones para la mejora en la atención asistencial que deben recibir las personas usuarias del sistema.

Debido a la diversidad de centros, servicios y prestaciones existentes en el Sistema de Servicios Sociales, se hace necesario establecer prioridades para la labor inspectora, por lo que se han establecido cuatro líneas de actuación en el Plan para los años 2022 y 2023.

La primera de ellas hace referencia a las actuaciones para contribuir al buen funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales, entre las que destacan las visitas de inspección a los centros para comprobar la atención asistencial prestada y el grado de cumplimiento de requisitos materiales y funcionales; y los estudios de ratio de personal.

La segunda línea de actuaciones contempla medidas para garantizar los derechos de las personas usuarias de las entidades, servicios y centros de servicios sociales, así como su bienestar físico y emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales y autodeterminación, comprobación de la existencia de indicadores en la prestación asistencial, uso correcto de las medidas de contención o impulso de la implantación de medidas destinadas a la prevención de la dependencia, entre otras.

La tercera línea principal de actuación se ocupará de promover la mejora continua del nivel de calidad en la prestación de los servicios sociales en Andalucía, para lo que resulta clave impulsar la implantación de protocolos y registros, o conocer las opiniones, sugerencias y necesidades tanto de personas usuarias y familiares como del personal de los centros.

Finalmente, la cuarta línea del Plan General de Inspección contempla actualizaciones para la mejora continua de la Inspección de Servicios Sociales basadas en la formación, coordinación, el establecimiento de alianzas y la cooperación.

Al finalizar cada uno de los dos años de vigencia del Plan, se realizará una memoria donde se evalúe y valore cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento de las líneas de actuación, los objetivos previstos y las actuaciones inspectoras realizadas.

El Plan de Inspección de los Servicios Sociales contempla en su ámbito de actuación los centros para personas mayores, personas con discapacidad, de enfermedad mental, centros de servicios sociales comunitarios, centros para personas en situación o riesgo de exclusión social, centros de infancia y adolescencia y para víctimas de violencia de género. 

Asimismo, contempla actuaciones inspectoras en prestaciones económicas y en contratos de servicio, como el contrato de inserción laboral y social para jóvenes inmigrantes que hayan estado bajo medidas del sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía o el contrato de los servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual en Andalucía.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

  • 6.1.22
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha informado al Consejo de Gobierno de la convocatoria de ayudas abierta para conceder dos millones de euros a ayuntamientos con el objetivo de impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio, en sus diferentes modalidades, y la artesanía en sus respectivos municipios.


El pequeño comercio ejerce un importante papel económico y social en el ámbito local, proporcionando servicios y bienes accesibles y cercanos a la ciudadanía, caracterizando los barrios y las ciudades y constituyendo, en muchos casos, una parte de su espacio histórico y de su patrimonio cultural.

De igual modo, la artesanía es un sector estratégico de la economía andaluza que genera empleo, contribuye al desarrollo y dinamismo de los pueblos y ciudades, mejora su imagen, atrae turismo y, además, ayuda a fijar la población en el territorio.

Por ello, dicho programa pretende fomentar estos dos sectores claves en el territorio andaluz, financiando un amplio abanico de actuaciones impulsadas desde las administraciones locales. Entre ellas destacan la puesta en marcha de Planes Estratégicos de Comercio Municipal, la adecuación de espacios municipales permanentes para la exposición y venta de artesanía local o la modernización de los mercados de abastos y del comercio ambulante.

La cuantía máxima a subvencionar será de 60.000 euros y con los recursos concedidos se cubrirá un porcentaje máximo del 75 por ciento del coste de las acciones. El 50 por ciento de los incentivos se abonará mediante pago anticipado, pagándose el importe restante una vez que se acrediten y justifiquen las actuaciones objeto de financiación.

Estas subvenciones sufragarán dos líneas de intervención. La primera está dirigida a fomentar la planificación estratégica y la inversión en mejorar infraestructuras y la transformación digital del comercio local y de la artesanía en el municipio. La segunda se centrará en iniciativas de dinamización y promoción del comercio minorista y de la artesanía local.

Mediante ambos capítulos, se financiarán la elaboración o actualización de Planes Estratégicos de Comercio Municipal, la modernización de mercados de abastos, la mejora de espacios comerciales urbanos o la adecuación de enclaves e infraestructuras y la dotación de instalaciones y servicios del comercio ambulante.

También se incluyen las acciones encaminadas a la transformación digital del comercio y la artesanía local, a través de servicios municipales de asesoramiento, o la implantación de plataformas de comercio 'online' de titularidad municipal.

Pueden acogerse a estas subvenciones, igualmente, la instalación de equipamientos como taquillas inteligentes que permitan gestionar la recepción o custodia de la compra de productos por parte de los consumidores o la implantación de espacios expositivos permanentes para la promoción de la producción artesana.

Otras iniciativas como la instalación de señalética identificativa de los enclaves comerciales urbanos y talleres artesanos del municipio pueden recibir fondos, al igual que la realización de campañas publicitarias de promoción, la organización de ferias comerciales y artesanas o el desarrollo de acciones de dinamización.

Distribución por provincias

El montante global destinado a este programa se ha asignado a las diferentes provincias atendiendo a la implantación y alcance de ambos sectores en cada una de ellas. En Almería, la convocatoria dispone 217.500 euros, en Cádiz la cuantía se eleva a 204.485 euros, en Córdoba a 189.795 euros, en Granada se concreta en 330.435 euros, en Huelva en 163.880 euros, en Jaén en 197.605 euros, en Málaga en 331.330 euros y en Sevilla en 364.970 euros.

Las solicitudes se cumplimentarán a través del acceso establecido al efecto en la página web de la Consejería y se presentarán, junto con la documentación requerida, en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía.

El plazo para solicitar los incentivos, que se han convocado en régimen de concurrencia competitiva, finalizará el próximo 31 de enero. La Consejería de Transformación Económica tendrá un plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento de seis meses.

Más de 100 millones para promover ambos sectores

Estas ayudas se incluyen en el conjunto de incentivos por importe de más de 100 millones que viene inyectando el departamento que dirige Rogelio Velasco desde el inicio de la pandemia con el objetivo de favorecer la reactivación y la competitividad, la modernización y transformación digital del pequeño comercio y la artesanía.

La línea más ambiciosa es el fondo de 79,2 millones de euros que se activó en marzo pasado para dotar de liquidez y evitar el cierre definitivo de establecimientos comerciales y artesanos a través de ayudas de 3.000 euros.

El pago ya se ha hecho efectivo, lo que está posibilitando dotar de liquidez a estos sectores muy castigados por el Covid-19 y la crisis económica derivada. Previamente, en 2020, la Junta inyectó once millones de euros a la recuperación, modernización y transformación digital de ambos segmentos.

A esos recursos se suman, además, los 2,5 millones lanzados en agosto pasado para impulsar el asociacionismo comercial y artesano. De igual modo, el Ejecutivo autonómico acaba de abrir otra convocatoria de ayudas en especie dotada con tres millones de euros con el fin de fomentar el uso de herramientas digitales, que tiene su aplicación en el ámbito comercial.

Asimismo, la Consejería de Transformación Económica tiene previsto convocar más de cinco millones de euros para promover la modernización, digitalización y relevo generacional en las pymes comerciales y artesanas.

Al margen de estas medidas de apoyo financiero, la Consejería de Transformación Económica también ha desarrollado otras actuaciones de apoyo, como la creación de la aplicación para móvil ACÁ. Esta herramienta conecta mediante geolocalización la oferta comercial de una determinada zona con las necesidades de los usuarios y actúa como un gran escaparate virtual, favoreciendo a los negocios más cercanos.

Igualmente, se encuentra en marcha una plataforma de simplificación de trámites del comercio y la artesanía de Andalucía, un instrumento virtual que está facilitando las gestiones administrativas o la información que precisen conocer las empresas relacionadas con su actividad.

También se ha lanzado una nueva marca única (Artesanía hecha en Andalucía), que identifica los productos realizados por el sector de la artesanía con el objetivo de impulsar su promoción y comercialización, así como de proteger y mantener el prestigio de esta actividad económica, los profesionales y sus obras.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
  • 5.1.22
La Junta de Andalucía ha comenzado el año 2022 con una importante bajada de impuestos que también beneficia al sector cinegético andaluz. En concreto, tras su entrada en vigor en Año Nuevo con la nueva Ley de Tasas y Precios Públicos, los cazadores federados pagarán un 50 por ciento menos por su licencia de caza, un permiso que pasa a ser gratuito para los menores de 18 años de edad y para los mayores de 65 años en general.


La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha valorado la medida y ha destacado que “beneficia a los más de 230.000 cazadores federados de nuestra Comunidad Autónoma”. No obstante, ha recordado que los beneficios fiscales también afectan a las personas mayores de 65 años en general, que estarán exentas del pago, y que los menores de 18 años de edad sin federar tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento, excepto para las licencias de rehala y las licencias de caza temporal, las cuales no gozarán de bonificación alguna.

Respecto al coste de la expedición de licencias básicas de caza sin arma en Andalucía, el importe a pagar es de 9,6 euros, 4,8 con la rebaja del 50 por ciento; para caza menor con armas se ha fijado en casi 17 euros, 8,5 con la bonificación; y para menor y mayor con armas se ha establecido en 26,6 euros, 13,3 euros para federados entre 18 y 65 años. La licencia para reclamo de perdiz para caza menor es de 53,5 euros, y para los de mayor y menor de casi 59 euros, la mitad en la misma franja de edad.

Además de las licencias básicas, el Ejecutivo andaluz también ha rebajado la licencia de rehalas, pasando de los 309 euros que costaba hasta finales de año a casi 43 euros durante 2022 y casi 21,5 euros para rehaleros federados. Para la cetrería se ha fijado una cuantía de casi 43 euros (21,5 con la rebaja), mientras que la licencia de caza temporal asciende a 26,6 euros.

Las licencias podrán expedirse por 1, 3 o 5 años, excepto la licencia de rehala que solo podrá expedirse por 1 año. La licencia de caza temporal será válida para aquellas personas que soliciten la autorización excepcional para la práctica de la caza, por un periodo máximo de 15 días consecutivos.

La consejera Carmen Crespo ha recordado que “para poder beneficiarse de las rebajas en el precio de la licencia, los cazadores federados andaluces han de tramitarla a través de la Federación Andaluza de Caza”. Con esta rebaja de tasas, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible da facilidades para el acceso a la caza en Andalucía y propician el relevo generacional en el sector cinegético.

A su vez, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está llevando a cabo la implementación de las herramientas informáticas necesarias para la aplicación de las nuevas tasas, que se activarán "a la mayor brevedad posible".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 4.1.22
Un total de 332 mujeres y menores víctimas de violencia de género que viven en los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tendrán esta Navidad unas vacaciones seguras, normalizadas y libres de violencias machistas gracias al programa Vacacionantes. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha subrayado que "esta iniciativa tiene especial importancia para la población infantil acogida, ya que es un espacio para crear, divertirse, aprender, compartir y conocer su nueva ciudad".

"La intervención socioeducativa con las personas acogidas es vital para promover su transformación en agentes de cambio, convirtiendo su papel de víctimas en el de personas activas, empoderadas, protagonistas de su vida y con capacidad de generar cambios sociales", ha explicado la responsable de Igualdad.

El Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y personas a su cargo, en el marco del Concierto Social con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del IAM, responde a un sistema coordinado de recursos, gestionados por la empresa AGISE, que tiene como fin ofrecer la protección y el apoyo necesario a las mujeres y a sus hijos e hijas para su recuperación personal, a través de un programa integral que incluye atención psicológica, social, socioeducativa y jurídica.

El trabajo del equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados se dirige al empoderamiento de las mujeres atendidas, fomentando la búsqueda de su autonomía y el restablecimiento de sus derechos vulnerados. Asimismo, es fundamental el proceso de recuperación de las y los menores frente a las secuelas derivadas de las experiencias vividas y de su protección frente a posibles situaciones de riesgo. Precisamente, el programa Vacacionantes forma parte de dicho proceso, con el objetivo de favorecer lo más pronto posible su vuelta a la cotidianeidad tanto educativa como social y afectiva.

A este respecto, Ruiz ha incidido en que "es necesario visibilizar que es posible superar estas situaciones de violencia de género, que hay una alternativa. El camino no es fácil y exige una enorme valentía. Dar el paso de tener que abandonar tu casa porque allí tu vida y la de tus hijas e hijos corre peligro es algo que nadie debería vivir. Pero se puede salir. Un paso que han dado miles de personas en Andalucía: casi 28.000 mujeres y más de 31.000 menores han pasado por los recursos de acogida del IAM desde su creación en 1999".

En esta edición Vacacionantes, que se desarrolla en Navidad y verano, se lleva a cabo del 23 de diciembre al 7 de enero y está prevista la participación de 332 personas en Andalucía, 175 mujeres y 157 menores. En total, se beneficiarán ocho mujeres más, lo que supone un aumento de casi el 5 por ciento.

En este programa se realizan actividades creativas, educativas, deportivas y cooperativas, así como lúdicas. Con estas actuaciones, el equipo de profesionales busca profundizar en el conocimiento de la realidad, explorándola, aprendiendo a expresarla y expresarse, así como fomentar el aprendizaje y desarrollar la expresión de sentimientos, siempre desde la perspectiva de la educación en valores. Además, se potencia el desarrollo psicomotriz y se estimula el autoconcepto, el equilibrio y el control psico-afectivo.

Asimismo, ayudan a desarrollar actitudes cooperativas, promoviendo la participación real e igualitaria de todos los miembros del grupo. Y, especialmente, se proporcionan ocasiones de diversión a las familias a la vez que colaboran en el conocimiento del nuevo lugar de residencia.

Entre las actividades previstas destacan la decoración navideña con materiales reciclados, talleres de creación de títeres y marionetas, de lecturas y de juguetes no sexistas y no violentos, además de campeonatos de deportes en igualdad, taller de expresión de las emociones, árbol de los buenos deseos, visitas a belenes o un cinefórum navideño.

La máxima responsable de las políticas de igualdad en Andalucía ha resaltado que "durante esta Legislatura este servicio se ha mejorado y reforzado con un incremento del presupuesto y de personal. En concreto, el gasto para los próximos cuatro años asciende a 27 millones de euros, lo que supone un aumento anual del 7 por ciento con respecto a 2018. Gracias a esta inversión, se ha contratado a 92 profesionales más y se ha ampliado la jornada laboral a otras diez personas tras la entrada en vigor del nuevo concierto social.

Asimismo, señaló que la red de 34 centros de acogida de Andalucía ha pasado de tener una plantilla de 133 profesionales a contar con un equipo técnico formado por un total de 225 personas, lo que supone un incremento superior al 69 por ciento. Las nuevas contrataciones refuerzan las áreas jurídicas, psicológicas y del Trabajo Social, también se han aumentado el número de monitores y monitoras.

Una red en toda Andalucía

La red de acogida y atención integral del IAM cuenta con 34 centros (nueve centros de emergencia, ocho casas de acogida y 17 pisos tutelados) donde se ofrecen aproximadamente 500 plazas, los cuales por su ubicación permiten que ninguna mujer que se encuentre en una situación de riesgo en Andalucía esté a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. En todos ellos se presta servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

El Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y personas dependientes a su cargo se sustenta en tres niveles de atención: centros de emergencias, casas de acogida y pisos tutelados. A los tres niveles de atención se accede desde el Instituto Andaluz de la Mujer a través de los Centros Provinciales de la Mujer y del teléfono de atención a las mujeres 900 200 999.

Los centros de emergencia son espacios que prestan protección a las mujeres víctimas de violencia de género y menores que las acompañen, garantizándoles una acogida inmediata y una atención de emergencia permanente.

Por su parte, las casas de acogida son centros residenciales que ofrecen acogida a las mujeres y menores que las acompañen, garantizando una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la Violencia padecida.

Por último, los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer una vivienda, con carácter temporal, a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores que las acompañen, cuando puedan vivir de forma independiente.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

  • 4.1.22
La Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, ha modificado diversas actuaciones en el seguimiento y rastreo de los casos con covid y sus contactos, integrando el documento de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad sobre la adaptación de la estrategia detección precoz, vigilancia y control de covid-19 en periodo de alta transmisión comunitaria.


En casos de sospecha sin test de autodiagnóstico se deberá guardar aislamiento y avisar a los contactos estrechos, en estos casos se priorizará la realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) para confirmación de casos sospechosos en aquellos con sintomatología más grave, personas con mayor vulnerabilidad.

En los casos de sospecha con test de autodiagnóstico, la persona deberá comunicarlo al Servicio Sanitario Público, preferiblemente a través de la aplicación Salud Responde, además de iniciar medidas de aislamiento y control. Se realizará PDIA en aquellos casos seleccionados en los que se precise.

Sobre las actuaciones en casos confirmado, en los casos asintomáticos o sintomáticos leves y sin factores de riesgo, se indicará aislamiento domiciliario y no se realizará seguimiento clínico activo. Mientras que en casos sintomáticos o de personas vulnerables se indicará aislamiento domiciliario y se realizará un seguimiento clínico activo.

Se establece un periodo mínimo de siete días para el aislamiento de los casos confirmados, si en el momento de finalización de este periodo la persona está asintomática y han transcurrido al menos tres días tras la resolución de los síntomas.

Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión se mantiene el periodo de aislamiento mínimo de 21 días. Para el personal que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios se realizará un test de antígeno el día 7 antes de su reincorporación a su puesto de trabajo.

En cuanto al estudio de los contactos estrechos se priorizará en aquellos ámbitos en los que la exposición se considere de alto riesgo, dando preferencia a la petición de prueba PDIA en aquellos contactos estrechos con mayor riesgo de infección o de presentar cuadros graves y especialmente en personas vulnerables y personas que les atienden, y personal sanitario y sociosanitario.

Del mismo modo, no se realizará seguimiento telefónico de los contactos estrechos que están en cuarentena, pero sí se les dará las indicaciones pertinentes en caso de aparición de síntomas, salvo en aquellos ámbitos en los que se identifique una mayor vulnerabilidad. Tampoco se realizará seguimiento de contactos estrechos ocurridos en ningún medio de transporte colectivo, salvo que se tenga constancia de un brote.

De forma general, en el ámbito educativo (especialmente de Infantil y Primaria) y universitario no será necesario hacer cuarentenas de aulas completas. Ante la aparición de un brote, los profesionales de Epidemiología de Atención Primaria determinarán las actuaciones pertinentes en función de la situación concreta, en coordinación con la enfermera referente escolar o con la persona referente del ámbito universitario, en su caso.

El Comité de Alertas ha aprobado también una serie de recomendaciones para los contactos estrechos según su estado de inmunización. De este modo, a los contactos estrechos con pauta de vacunación completa se indicará que realicen únicamente actividades esenciales y reduzcan todo lo posible sus interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla quirúrgica durante los diez días posteriores a la última exposición.

A su vez, deben vigilar la aparición de síntomas. Los contactos estrechos no vacunados o con pauta de vacunación incompleta se someterán a cuarentena de siete días de duración posteriores al último contacto con un caso confirmado. Extremarán las precauciones hasta los diez días, reduciendo todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla.

A todos los contactos estrechos de un caso confirmado de covid-19, con independencia de su estado de inmunización, se les recomienda la utilización de mascarilla quirúrgica, vigilar su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma avisar al sistema sanitario, realizar lavado de manos frecuente, evitar la toma de antitérmicos durante el periodo de vigilancia y ventilar adecuadamente los espacios cerrados o de uso frecuente.

Además, se insta a los casos confirmados a informar a sus contactos estrechos de que son contactos, por lo que durante los diez días posteriores al último contacto se deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables y seguir siendo cuidadosos en los días posteriores. Además, deberán ponerse en contacto con la administración sanitaria en caso de aparición de síntomas.

Finalmente, el Comité de Alertas ha aprobado también solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que prorrogue hasta el 31 de enero la petición de certificado covid en hospitales, residencias, hostelería y ocio nocturno, así como prorrogar las medidas de los niveles 1 y 2 hasta el próximo 31 de enero.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 3.1.22
El Ministerio de Sanidad ha entregado hoy a Andalucía un total de 346.260 dosis de vacunas contra la covid-19, de las que 208.260 son para adultos y 138.000 son pediátricas, es decir, dirigidas a la población entre 5 y 11 años. Esta nueva remesa ha sido entregada en los almacenes de Bidafarma en Sevilla, que contará con 193.680 nuevas vacunas (121.680 para adultos y 72.000 para niños) y en Santa Fe (Granada), donde hoy han llegado 152.580 dosis (86.580 para adultos y 66.000 para niños).


El reparto de vacunas pediátricas comenzó el pasado 13 de diciembre, momento en el que Andalucía recibió 264.000 dosis para iniciar el plan de vacunación de la población entre 5 y 11 años, a las que se suman las 138.000 que se han recibido hoy y las 132.000 previstas el próximo lunes día 10, lo que supondrá un total de 534.000 dosis desde que se iniciara el proceso de inoculación contra la covid-19 a este colectivo.

También el día 10 está previsto el envío de otras 101.840 dosis de adultos, de las que 60.840 tendrá como destino el almacén de Sevilla y de 40.950 el de Bidafarma en Santa Fe. La presentación pediátrica de la vacuna Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ha mostrado una eficacia frente a covid-19 sintomático del 90,7 por ciento en los ensayos clínicos con niños y niñas entre 5 y 11 años y con una reactogenicidad más baja que en el grupo de 16 a 25 años.

En el caso de la tercera dosis, Sanidad insiste en priorizar la administración de las dosis de refuerzo en aquellos colectivos como los sanitarios, sociosanitarios y mayores de 60 años, además de fomentar la primovacunación en personas que aún no se han vacunado. "La vacunación no exime de las recomendaciones para evitar el contagio, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación y el mantenimiento de la distancia social de, al menos, 1,5 metros", resaltan las autoridades.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 3.1.22
El servicio de emergencias sanitarias 061 de Andalucía y Salud Responde, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, han reforzado sus centros coordinadores con la contratación de un mayor número de operadores para dar respuesta al aumento de llamadas generadas por la sexta ola de la pandemia y por las peticiones de asistencia que no requieren una intervención inmediata de los equipos de urgencias y emergencias sanitarias.


El servicio de emergencias sanitarias 061 ha reforzado además sus salas de coordinación con personal de enfermería de coordinación que están activados hasta el 11 de enero y, adicionalmente, desde el pasado 24 de diciembre y hasta este mismo día se han sumado como refuerzo dos médicos en las salas de coordinación de urgencias y emergencias sanitarias, uno para Andalucía Occidental y otro para Andalucía Oriental.

Por otra parte, el servicio de emergencias sanitarias 061 ha desplazado personal de enfermería de coordinación a las salas del 112 de Sevilla y Málaga desde el pasado miércoles 29 de diciembre y hasta el próximo 11 de enero, para garantizar el acceso de la ciudadanía andaluza a los servicios de emergencias sanitarias, ante el aumento de llamadas que estos centros están recibiendo derivadas por la situación actual de la sexta ola de la COVID.

Un total de 10 profesionales de enfermería distribuidos entre las salas del 061 y del 112 atienden a los pacientes cuya solicitud de atención pueda ser resuelta con consejo sanitario, sin necesidad de movilización de un recurso asistencial, derivando a los pacientes a los servicios sanitarios correspondientes en aquellos casos que sea necesario y evitando así desplazamientos innecesarios.

Además, el servicio de emergencias sanitaria ha creado una línea específica entre el 112 y el 061 para alertar de la necesidad de atención a pacientes con patologías tiempo dependientes, tales como ictus, infartos, entre otras de forma directa. Este perfil de enfermería de coordinación está implantado en el centro coordinador de Sevilla y ha sido testado en todas las provincias andaluzas durante la campaña de gripe y durante el estado de alarma para la atención de consultas telefónicas por Covid 19, con unos excelentes resultados.

Salud Responde

En cuanto a Salud Responde, a consecuencia del incremento de las tasas de contagio en Andalucía por la pandemia del COVID-19 que vienen coincidiendo con las campañas de vacunación infantil, terceras dosis en personas mayores de 60 años y próximamente en menores de 60, así como el aumento en las notificaciones de positivos y triajes, la actividad ha crecido en 2021 un 15 por ciento con respecto al 2020, con una media diaria de llamadas atendidas de 46.921 frente a las 30.638 que se atendían de media el año anterior.

Ante este incremento de actividad, el servicio Salud Responde ha aumentado en 11.321 las horas del servicio de teleoperación en diciembre de 2021 y tiene previsto continuar reforzando el servicio con 25.537 horas adicionales durante el mes de enero.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 2.1.22
La factura eléctrica del usuario medio en 2021 con la tarifa semirregulada PVPC ha sido la más cara de la historia y se ha situado en 2021 en 1.116,04 euros, con una media de 93,00 euros mensuales, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. De esta forma, la organización desmiente que, frente a la promesa realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el año 2021 ha acabado con una factura un 21 por ciento más cara que en 2018.


Así, el análisis de la asociación revela que la factura de 2021 ha sido un 21 por ciento más cara que la de 2018, con una diferencia de 190 euros. Ese año ascendió a 926,16 euros, lo que supuso una media de 77,18 euros mensuales. El modelo FACUA de usuario medio, fruto del análisis de decenas de miles de facturas de viviendas habitadas, es una familia que consume 366 kWh mensuales y tiene 4,4 kW de potencia contratada. 2018 había sido hasta éste, el segundo año más caro de la historia. El que finaliza también ha superado, en un 16,4 por ciento, al que era el primero, 2012, cuando el usuario medio pagó 958,41 euros, con una media de 79,87 euros al mes. En cuanto al recibo de este diciembre, ha sido el más caro a nivel histórico, alcanzando los 140,62 euros, 20 euros por encima del de octubre, que hasta ahora tenía el récord.

Por todo ello, FACUA critica que este Gobierno también "se haya plegado a los intereses del oligopolio energético y siga sin acometer nuevas medidas para reducir las tarifas eléctricas" una vez que se han mostrado "claramente insuficientes" las llevadas a cabo en junio –bajada del IVA– y septiembre –bajada de los cargos regulados y el impuesto especial sobre la electricidad–.

"Los recortes en los beneficios caídos del cielo de las eléctricas han sido finalmente muy inferiores a los miles de millones prometidos por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera", lamentan.

En este sentido, la asociación lleva meses reclamando al Ejecutivo de coalición que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50 por ciento en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la inmensa mayoría de familias, excluyendo sólo a las de rentas más altas.

Descuento que, al igual que el actual modelo de bono social, correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado. La asociación advierte de que la directiva europea del sector permite aplicar este tipo de intervenciones.

El usuario medio

El usuario medio utilizado por FACUA en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW –la misma en horario punta y valle– y un consumo de 366 kWh mensuales. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45 por ciento de la electricidad en el horario valle, el 29 por ciento en el horario punta y el 26 por ciento en el horario llano.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

  • 1.1.22
El año 2022 se estrena con la entrada en vigor de las deducciones, reducciones y demás beneficios fiscales que contempla la Ley de Tributos Cedidos de Andalucía, aprobada el pasado mes de octubre por la Cámara andaluza, y que permitirán a buena parte de los contribuyentes andaluces disponer de más renta en su bolsillo.


Se trata de una rebaja impositiva que afecta fundamentalmente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

La aplicación de estas medidas viene a sumarse a la bajada que ya se viene aplicando desde octubre en el ITPAJD, mediante el pago de tipos reducidos en este impuesto para colectivos como víctimas de terrorismo y de violencia doméstica y los habitantes de municipios con problemas de despoblación, así como la ampliación del universo de jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad, ya que se han elevado los precios máximos de la vivienda a adquirir que exige la norma.

A continuación se detallan las medidas recogidas en la citada Ley por cada figura tributaria y que en el caso del IRPF tendrán efecto en el Impuesto de la Renta que se presentará en el ejercicio 2023. En este gravamen, con carácter general, se contempla una ampliación de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones: se eleva hasta los 25.000 euros si la tributación es individual (antes el límite era de 19.000 euros) y hasta los 30.000 euros si la declaración es conjunta (antes el máximo era 24.000 euros), con la finalidad de aumentar el universo de potenciales beneficiarios.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

• En 2022 se adelanta la reducción de la escala autonómica de IRPF que inicialmente estaba prevista para 2023, de manera que Andalucía se convierte en la tercera comunidad autónoma con los tipos más bajos, que se sitúan entre un mínimo del 9,50 y un máximo de 22,50 por ciento.

• Mejora la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual. La deducción se sitúa en el 5 por ciento para jóvenes y viviendas de protección oficial (antes la deducción era del 3 por ciento para jóvenes y del 2 por ciento para VPO) y se amplía el límite de renta para poder beneficiarse a 25.000 euros en tributación individual y 30.000 euros en tributación conjunta.

• Mejora la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual. Se amplía su aplicación a personas con discapacidad, a mayores de 65 años, a víctimas de violencia doméstica y a víctimas del terrorismo y personas afectadas, siempre que sus bases imponibles general y del ahorro no superen los 25.000 euros en tributación individual y los 30.000 euros en tributación conjunta.

De esta manera, los jóvenes menores de 35 años, los mayores de 65 años y las personas víctimas de violencia doméstica y de terrorismo podrán aplicarse una deducción del 15 por ciento con un máximo de 600 euros, en lugar de 500 euros como hasta ahora. Y para los contribuyentes que tengan la consideración legal de personas con discapacidad se incrementa el límite de la deducción hasta los 900 euros.

• Mejora la deducción por nacimiento y adopción de hijos. Se extiende este beneficio al acogimiento familiar de menores y también se aumenta el importe de la deducción, que pasa a 200 euros (antes 50 euros).

Por otro lado, la deducción se eleva hasta los 400 euros en el caso de que la residencia se localice en municipios con problemas de despoblación. Al igual que en el resto de deducciones, se amplía el límite de renta de los potenciales beneficiarios hasta los 25.000 y 30.000 euros, según la declaración sea individual o conjunta.

• Aumenta el límite de renta para beneficiarse de la deducción por familia numerosa. Se amplía el máximo de base imponible, que pasa a ser de 25.000 euros en tributación individual y de 30.000 euros en tributación conjunta.

• Mejora la deducción por ayuda doméstica. Se incrementa del 15 al 20 por ciento, con un límite que se eleva desde 250 hasta 500 euros anuales. Asimismo, se amplía el ámbito de aplicación a los contribuyentes mayores de 75 años.

• Creación de una deducción por gastos educativos. Se trata de una deducción del 15 por ciento por gastos de enseñanza extraescolar de idiomas y/o informática, cualquiera que sea el centro en el que se encuentren matriculados y la etapa educativa, con un límite de 150 euros anuales por cada descendiente. Si el abono se realiza desde una cuenta bancaria donde sean titulares ambos cónyuges, miembros de la pareja de hecho o progenitores, cada uno de ellos tendrá derecho a la mitad de la deducción.

Tendrán la misma consideración, y por tanto podrán deducirse este 15 por ciento, las cantidades abonadas a personas físicas dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en contraprestación por clases particulares impartidas sobre dichas materias en domicilios particulares.

• Mejora la deducción para contribuyentes con discapacidad. Se amplía la cuantía de 100 a 150 euros, y se elevan también los límites de renta a 25.000 y 30.000 euros, según si es declaración individual o conjunta.

• Mejora la deducción autonómica para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad. Se amplía la aplicación de la medida a las parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en registros análogos de otras Administraciones Públicas. Asimismo, aumentan los límites de renta a 25.000 y 30.000 euros para declaraciones individuales o conjuntas, respectivamente.

• Mejora la deducción por asistencia a personas con discapacidad. Se mantiene la deducción de 100 euros para los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes o ascendientes conforme a la normativa estatal.

No obstante, se mejora cuando se acredite que la persona con discapacidad necesita ayuda de terceras personas y genere derecho a aplicar el mínimo por gastos de asistencia, de tal forma que se amplía la deducción del 15 al 20 por ciento del importe satisfecho a la Seguridad Social, con un máximo de 500 euros.

• Mejora la deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en determinadas sociedades mercantiles. Esta deducción se amplía a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada.

Se mantiene el porcentaje del 20 por ciento con el límite de 4.000 euros, si bien, con el fin de apoyar e incentivar las prácticas relacionadas con la I+D+I, se establece una nueva deducción incrementada del 50 por ciento, con un límite de 12.000 euros, para aquellas sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

• Creación de una deducción por donativos con finalidad ecológica. Se trata de una deducción del 10 por ciento, hasta un máximo de 150 euros, del importe de las donaciones dinerarias a determinadas Administraciones Públicas y entidades sin fines lucrativos y beneficiarias de mecenazgo, siempre que tengan como finalidad la defensa y conservación del medio ambiente. Andalucía pasa a ser así una de las comunidades autónomas que contemplan una medida en este sentido junto a Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León y Aragón.

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

• Se mejora el mínimo exento hasta 1.250.000 euros (antes 700.000 euros) para aquellas personas que acrediten un grado de discapacidad de entre el 33 y el 65 por ciento, y de 1.500.000 euros cuando sea superior al 65 por ciento.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

• A partir del 1 de enero de 2022 también se rebaja la tarifa de ISD (los tipos se sitúan entre el 7 y el 26 por ciento) y se reducen los coeficientes multiplicadores, que ya dependen solamente del grado de parentesco y no del patrimonio preexistente, como hasta ahora. De esta manera, la combinación de tarifa y coeficientes no supera en general el tipo marginal del 45 por ciento, ya que hasta ahora podía elevarse por encima del 70 por ciento. Una medida que beneficiará principalmente a los Grupos III y IV de parentesco.

• Mejora la reducción de la base imponible por la adquisición "mortis causa" de vivienda habitual, con un porcentaje fijo de reducción del 99 por ciento, independientemente del valor del inmueble.

• Mejora la reducción de la base imponible por adquisición "mortis causa" por personas con parentesco de Grupo III, que pasa a 10.000 euros (antes era de 7.993,46 euros), con lo que Andalucía se sitúa entre las comunidades autónomas con una reducción más beneficiosa.

• Mejora la reducción de la base imponible para contribuyentes con discapacidad por adquisiciones "mortis causa". Se establece una reducción de 250.000 euros a las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, y de 500.000 euros para aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Se mantiene el beneficio fiscal, si bien se mejora al ser aplicable a todos los parientes directos y cónyuge, pudiendo llegar la reducción conjunta hasta 1.250.000 euros o 1.500.000 euros, en lugar de 1.000.000 euros. Se aplica a las personas con discapacidad de Grupo III y IV con independencia de su patrimonio preexistente.

• Mejora la reducción propia por la donación de vivienda habitual a descendientes con discapacidad en un 99 por ciento, hasta un máximo de 250.000 euros. Además, se amplía la reducción a descendientes menores de 35 años, a personas víctimas de violencia doméstica y de terrorismo, así como a las personas afectadas, hasta un máximo de 150.000 euros.

• Mejora la reducción por donación de dinero a descendientes para la adquisición de la vivienda habitual. Se incrementan los importes de la base máxima de la reducción de 120.000 a 150.000 euros y de 180.000 a 250.000 en caso de donatarios con discapacidad, se amplía la medida para cualquier vivienda habitual, sin necesidad de que se trate de la primera, y se extiende la medida a personas víctimas de violencia doméstica, personas víctimas del terrorismo, así como a las personas afectadas.

• Mejora de las equiparaciones por parentesco. Se amplía el ámbito subjetivo a parejas de hecho inscritas en registros de cualquier Administración Pública, de tal forma que se consigue la equiparación plena con los cónyuges, con independencia de dónde se haya inscrito la pareja de hecho y el matrimonio, respectivamente. Con esta modificación, Andalucía sería la única comunidad que permitiría la aplicación de la reducción a parejas de hecho de inscritas en registros análogos de cualquier otra Administración Pública.

• Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición "mortis causa" e "inter vivos" de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. Así, se mejora el cómputo del grupo familiar en caso de entidades, pasa del segundo grado colateral hasta el sexto grado colateral; se elimina el requisito de ser la principal fuente de renta, y se amplía la reducción a cesión de capitales a terceros obtenidos mediante beneficios no distribuidos en los 10 últimos años, siempre que provengan de la realización de actividades económicas.

• Se mantiene la reducción propia del 99 por ciento en las cantidades donadas a parientes hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad para la constitución o ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional, hasta un máximo de un millón de euros y se mejora el plazo de mantenimiento de la empresa con independencia del grupo de parentesco.

• Se crea un nuevo plazo de presentación de la autoliquidación para los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Donaciones. Se establece un plazo de presentación de la autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria junto con el documento o la declaración escrita sustitutiva del mismo de dos meses a contar desde la donación, en lugar de 30 días hábiles.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)

• Se mantiene la rebaja del tipo general aplicable en TPO en el 7 por ciento (frente al 8, 9 y 10 por ciento anteriores) y para los documentos notariales (AJD) en el 1,2 por ciento (1,5% anterior), que ya se aplican desde finales de abril de 2021.

• En TPO se mantiene el tipo reducido del 3,5 por ciento para menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad, elevando el valor máximo de la vivienda hasta 150.000 euros (antes 130.000 euros) para jóvenes y 250.000 euros (antes 180.000 euros) para los dos colectivos restantes.

Además, la aplicación de este tipo reducido del 3,5 por ciento, con el límite en el valor de la vivienda de 150.000 euros, se amplía a víctimas de violencia doméstica, víctimas de terrorismo y personas afectadas, y a los inmuebles situados en municipios con problemas de despoblación. Una medida que se viene aplicando desde finales de octubre de 2021.

• En AJD se mantiene el tipo reducido del 0,1 por ciento para personas con discapacidad y familias numerosas pero se aumenta el valor máximo de la vivienda hasta 250.000 euros (antes 180.000 euros) y para menores de 35 años se mantiene el tipo reducido del 0,3 por ciento con el valor máximo de 150.000 euros (antes era 130.000 euros).

Además, la aplicación del tipo reducido del 0,3 por ciento, con un valor máximo de la vivienda de 150.000 euros, se amplía a víctimas de violencia doméstica, a víctimas de terrorismo y personas afectadas, y a inmuebles adquiridos en municipios con problemas de despoblación.

• Entra en vigor el tipo reducido del 6 por ciento en TPO y del 1 por ciento en AJD para las adquisiciones de vivienda habitual cuyo valor no sea superior a 150.000 euros, sin más requisitos.

• Tipo de gravamen reducido del 1 por ciento en TPO para la adquisición de vehículos no contaminantes, ampliando su aplicación a una gran variedad de vehículos impulsados mediante energía sostenible. Aplicable a embarcaciones con motor eléctrico, a vela o solares, bicicletas (eléctricas o no), así como los vehículos turismo catalogados como de "cero emisiones". Ninguna comunidad autónoma tiene regulada una medida similar salvo Galicia, que ha regulado un tipo reducido del 1 por ciento para las transmisiones de embarcaciones de recreo y motores marinos.

• Se crea un nuevo plazo de presentación de la autoliquidación para los hechos imponibles sujetos a ITPAJD. Se establece un plazo de presentación de la autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria, junto con la documentación exigida en la normativa aplicable, de dos meses a contar desde la fecha del devengo.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 29.12.21
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de la ampliación de crédito de la convocatoria 2020 de ayudas para la modernización de explotaciones agrarias, con el fin de elevar su presupuesto inicial hasta los 105 millones de euros. La dotación resultante de este incremento será el importe más alto de Andalucía en los últimos 14 años, ya que en los dos últimos períodos comunitarios (2007/2013 y 2014/2020) nunca se han abonado ayudas por un importe igual dirigidas a este mismo fin.


En concreto, el incremento que se aplicará en 2022 a la línea de ayudas para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas es de 45 millones de euros. Esta cantidad supone el 75% de los 60 millones de euros inicialmente asignados para unos incentivos que se otorgan en concurrencia competitiva y que contemplan, por un lado, fondos dirigidos a apoyar al sector agrario en general (70 millones) y, por otro lado, un respaldo específico para las fincas olivareras (35 millones).

El importe convocado el pasado año se correspondía con la totalidad del presupuesto disponible en el Programa de Desarrollo Rural vigente, pero la reprogramación realizada para incorporar fondos transitorios a las anualidades 2021 y 2022 ha permitido al Gobierno andaluz tramitar esta ampliación de recursos.

El listado provisional de beneficiarios, publicado el pasado mes de noviembre, contempla la concesión de subvenciones para 1.455 productores de todas las provincias de Andalucía que, según las previsiones de la Consejería de Agricultura, podrían elevarse hasta superar los 2.650 agricultores y ganaderos gracias al incremento presupuestario.

La importancia de estas ayudas también se constata en el hecho de que más del 46% de los beneficiarios son jóvenes agricultores y ganaderos andaluces. Para solicitar estas ayudas, es imprescindible ser titular de alguna explotación agraria ubicada en Andalucía, si bien entre los beneficiarios pueden encontrarse tanto personas físicas o jurídicas como agrupaciones de productores, comunidades de bienes u otro tipo de entidad.

Potenciar el rendimiento económico

Los incentivos, que cuentan con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y aportaciones económicas de las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) de Cádiz y Jaén, respaldan inversiones en activos físicos, materiales o inmateriales encaminadas a modernizar y potenciar el rendimiento económico de las explotaciones agrarias.

Asimismo, también apoyan medidas que persiguen avanzar, aún más si cabe, en la sostenibilidad de la actividad agrícola y ganadera a través la incorporación de nuevas tecnologías y la puesta en marcha de procesos de economía circular que mejoran la eficiencia energética de las fincas.

Concretamente, entre las actuaciones subvencionables que contemplan las bases reguladoras de esta línea de ayudas se encuentra la construcción de bienes inmuebles, la puesta en marcha de nuevas plantaciones de cultivos permanentes y las inversiones dirigidas a gestionar residuos y subproductos o a modernizar instalaciones y equipos de regadío.

Además, a través de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, la Junta de Andalucía respalda también la adquisición de maquinaria y equipos, la instalación de nuevos invernaderos, la incorporación de equipos informáticos y la digitalización de la gestión empresarial.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

  • 25.12.21
El Consejo General de Enfermería (CGE) ha pedido al Gobierno central que regule de forma inmediata el precio de los test de antígenos que se venden en las farmacias para evitar la especulación y las diferencias de hasta el 200 por ciento entre unos establecimientos y otros. El órgano que regula la profesión enfermera recuerda que en julio de 2021 se eliminó la prescripción de estas pruebas con el objetivo de "aumentar la capacidad diagnóstica durante la quinta ola de covid-19" y no con la finalidad de que unos pocos se lucren a costa del miedo de la población.


"Desde hace dos años, venimos insistiendo en la importancia de que los test de detección de la Covid-19 los realicen, preferentemente, profesionales sanitarios, como las enfermeras, formados y capacitados para ello. Hace seis meses que el Gobierno decidió liberalizar la venta de los test y ahora, con la sexta ola golpeándonos enormemente y las fechas navideñas a la vuelta de la esquina, observamos perplejos cómo en algunos establecimientos se ha aumentado el precio de las pruebas de antígenos más de la mitad en tan sólo dos días. Esto, una vez más, repercute y perjudica en el comprador final, el ciudadano de a pie", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

En este sentido, desde la organización aseguran que se está repitiendo la misma fórmula que con las mascarillas, que subieron de precio en el momento en que eran más necesarias. De hecho, actualmente, el CGE ha detectado diferencias de hasta un 200 por ciento en el coste de los test entre distintos establecimientos.

"Nos pasamos meses reclamando que se fijase el precio de las mascarillas, puesto que en su día vimos diferencias abismales entre farmacias. Ahora, vuelve a suceder con los test de antígenos. Si lo que realmente se quiere es aumentar el diagnóstico precoz, es fundamental que se fije un precio máximo y asequible a todos los bolsillos", puntualiza Pérez Raya.

Aun así, recalca la importancia de comunicar el positivo al Sistema Nacional de Salud y recuerda a las comunidades la necesidad de repetir la prueba para tratar y rastrear ese resultado. "Estamos viendo también como algunas comunidades están jugando al autodiagnóstico de la población y no podemos permitirlo", critica el presidente de las enfermeras.

Así, recuerda que un resultado positivo en un test de farmacia debe ser validado posteriormente. "Es inadmisible que los servicios de salud autonómicos tarden cuatro o más días en citar al paciente para repetir la prueba. La población tiene que demostrar en sus trabajos que no pueden acudir a su puesto y la ausencia de un diagnóstico oficial está entorpeciendo los temas burocráticos que, una vez más, afectan al ciudadano", señala.

La expansión de la nueva variante, ómicron, y las ganas de volver a la normalidad durante los festejos han hecho que la población acuda en masa a comprar estos test. La escasez en muchas farmacias ha ocasionado, a su vez, una subida de precio exponencial. 

Aun así, y con miles de test vendidos para disfrutar de unas fiestas más tranquilas, las enfermeras recuerdan la necesidad de mantener las medidas de protección porque estas pruebas pueden dar falsos negativos o, incluso, no realizarse como es debido.

"No vamos a cesar en nuestro empeño de hacer entender a la gente que sólo los sanitarios conocen la técnica correcta para introducir el test. Realizarlo en casa, sin conocimientos, puede dar lugar a diagnósticos incorrectos, que pongan en riesgo la salud de las personas con las que nos juntemos en Navidad", subraya Pérez Raya.

Además, se insiste en la necesidad de mantener las medidas anticovid como la mascarilla, distancia de seguridad, ventilación y limpieza de manos. "Un test negativo no es garantía de nada en estos momentos. Si queremos evitar rebrotes en las celebraciones, debemos seguir cumpliendo con las medidas. Es fundamental ventilar las habitaciones donde se va a concentrar un mayor número de personas, utilizar mascarilla en todos los momentos en los que no se esté comiendo ni bebiendo, y evitar grandes aglomeraciones. Sólo con responsabilidad lograremos frenar la expansión", comenta.

Vacunación

Por último, y lo más importante, las enfermeras hacen un llamamiento masivo a todos aquellos que no se han vacunado, así como a los que tienen que recibir las dosis de refuerzo. "La vacunación es la única forma de acabar con la pandemia contra la que llevamos ya dos años luchando. No sirve de nada comprar test de antígenos diarios si no logramos vacunar a toda la población", indican.

En este sentido, apuntan que los gobiernos de los países desarrollados deben hacer una apuesta clara para que se inmunice a aquellos países con menos recursos. "La pandemia sólo acabará si todos estamos unidos y esta sexta ola así lo demuestra", concluye Pérez Raya.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

  • 24.12.21
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado el dispositivo especial de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominado Operación de Tráfico Navidad 2021-2022, que se desarrollará hasta el domingo 9 de enero en tres fases coincidiendo con las festividades propias de este período, en el que se prevén más de cuatro millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.


Desde la DGT recuerdan que el período de Navidad origina un aumento en el número de desplazamientos por carretera al coincidir en este intervalo de tiempo con períodos festivos, celebraciones familiares y vacaciones escolares y universitarias. Por ello, se esperan una serie de movimientos de vehículos de corto y largo recorrido, especialmente en los fines de semana y días festivos, teniendo como destinos principales a lugares de segunda residencia, zonas de grandes centros comerciales, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno y de atracción turística invernal.

Por dicho motivo, la Dirección General de Tráfico ha divido la operación en tres fases coincidiendo con el día de Navidad, del viernes 24 al domingo 26 de diciembre de 2021; fin de año; del viernes 31 de diciembre de 2021 al domingo 2 de enero de 2022Y y Reyes, del miércoles 5 al domingo 9 de enero de 2022.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido a todos aquellos que durante este período vayan a circular por las carreteras que “sean prudentes, que consulten previamente las previsiones meteorológicas y que recuerden que lo importante es llegar al destino y reencontrarse con quienes nos esperan”.

“Prestar atención, respectar las normas de tráfico, evitar las horas de mayor afluencia y velar por la seguridad de todos los ocupantes del vehículo deben ser las prioridades a la hora de emprender ese viaje tan ansiado”, ha añadido el delegado.

Personal especializado y medios

Este dispositivo contará, como es habitual, con la máxima disponibilidad de los medios humanos de la DGT, es decir, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, quienes facilitarán la movilidad y fluidez en las carreteras y velarán por la seguridad vial.

Desde los centros de gestión de tráfico, con sede en Málaga y Sevilla y en servicio durante las 24 horas del día, más de 60 funcionarios y personal técnico especializado darán un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial mediante labores de supervisión, regulación e información.

Se dispone de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los centros de gestión de tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras en la comunidad autónoma, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

Previsiones en Andalucía

Las carreteras de Andalucía que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44,A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

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FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

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