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Mostrando entradas con la etiqueta La Victoria. Mostrar todas las entradas
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  • 5.5.21
La Junta de Andalucía ha destinado 32.538,76 euros para mejora y rehabilitación de viviendas en La Victoria, según ha informado la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, quien ha visitado estas obras que se incluyen en el programa de rehabilitación de vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.


En total han sido 5 las familias beneficiarias de la convocatoria de 2019 para obras de arreglo de cubiertas, cocina y adaptaciones de baños. Como ha destacado la delegada, la Junta de Andalucía puso en marcha en 2019, tras 10 años de parálisis por el anterior gobierno socialista, el programa de rehabilitación de vivienda.

Casanueva ha manifestado que “las ayudas suponen en muchos casos que las familias puedan realizar arreglos en su vivienda tales como adaptaciones de baños, cambios de carpinterías, o mejoras en los tejados entre otras obras de mantenimiento”. La delegada afirma que “en plena pandemia como la que estamos viviendo, estas ayudas son fundamentales para las familias ya que vienen a mejorar la calidad de vida en una situación en la que hemos pasado y seguimos pasando muchas horas en casa”.

Actualmente, las familias cuentan ya con el primer pago, el 50 por ciento, de la subvención ingresada y se están ejecutando las obras, una vez que obtuvieron licencia del ayuntamiento, “lo que supone un desahogo y tranquilidad a la hora de afrontar las obras”, señala Casanueva, quien añade que “algunos de los vecinos han cobrado ya la totalidad de las ayudas”.

Para la delegada, “estas obras suponen un impulso al empleo en el sector de la construcción, con el que la Consejería de Fomento está comprometida en su reactivación economía, para luchar igualmente contra la despoblación y fijar la población a municipios como La Victoria”.

Total de las ayudas

La convocatoria de subvenciones de rehabilitación de vivienda de 2019 ha tenido un total de 144 beneficiarios en la provincia con un importe de 1.144.156,24 euros. Las ayudas presentan dos líneas diferenciadas. Además, Casanueva ha explicado que hace sólo unas semanas se ha cerrado el plazo de solicitudes de la convocatoria de ayudas de rehabilitación de vivienda de 2020, de la que ya se están analizando las solicitudes.

La línea 1, corresponde a aquellas actuaciones que tienen por objeto la ejecución de obras de conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad en viviendas unifamiliares, aisladas, agrupadas en fila, o ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. 132 familias se han beneficiado de esta línea por importe de 1.014.425,43 euros.

Por su parte, la línea 2 tiene por objeto la ejecución de obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, con 12 beneficiarios y un importe total de 129.730,81 euros.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 4.5.21
La Diputación de Córdoba, a través de su Departamento de Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil, ha concedido una subvención de 2.400 euros al Ayuntamiento de La Victoria para la adquisición de equipos inventariables para la Agrupación Local de Protección Civil que permitan mejorar las labores que desarrollan sus voluntarios en los diferentes ámbitos en los que participan.


A través de estas ayudas, la Diputación de Córdoba pretende apoyar a los ayuntamientos menores de 50.000 habitantes a facilitar y mejorar la realización de las tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación en los municipios de la provincia, que realizan las agrupaciones de voluntarios.

Del mismo modo, se busca la mejora de las dependencias en las que se ubican estas asociaciones, siempre que el equipo adquirido sea de uso exclusivo de estos colectivos, con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas que juegan "un papel importante dentro del voluntariado”.

La convocatoria permitirá la subvención de material que no sea fungible, que tenga una duración previsible superior a un año, que sea susceptible de inclusión en el inventario y que tenga un valor superior a 200 euros. Entre los equipos que pueden ser subvencionados se incluyen los remolques ligeros de carga, las tiendas de campaña de primeros auxilios, desfibriladores semiautomáticos externos homologados o equipos electrógenos portátiles.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)




  • 2.5.21
El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, ha destacado con motivo del Día del Niño y la Niña, que se celebró esta semana, “la importancia de implicar a la infancia en la construcción de las políticas públicas que ponen los cimientos de la sociedad que van a heredar”.


Para ello, ha añadido el diputado, “en alianza con los ayuntamientos de los municipios y con la Junta de Andalucía, seguimos trabajando en la constitución de los Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia, foros de participación que ya están presentes en 22 municipios y que permiten a los niños y niñas reafirmarse como actores sociales que tienen mucho que decir sobre el desarrollo de sus pueblos”.

En este sentido, Sánchez ha celebrado la reciente constitución de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de los municipios de Espejo y Valenzuela, que se suman al Consejo Provincial de Infancia y a la red de órganos de participación infantil de la provincia.

Junto a los nuevos municipios, la provincia cuenta con órganos de participación infantil en Pozoblanco, Dos Torres, La Carlota, Fuente Palmera, Montoro, Villafranca de Córdoba, Fernán Núñez, Santaella, La Victoria, Hornachuelos, Montemayor, Castro del Río, Nueva Carteya, Doña Mencía, Luque, Iznájar, Palma del Rio, Montilla, Cabra y Priego de Córdoba.

El presidente del IPBS ha agradecido que “la implicación de los gobiernos locales y de los propios niños y niñas haya permitido el crecimiento de esta red en la provincia, que ya cuenta con 22 municipios adheridos”. Además Sánchez ha reiterado “el compromiso con la infancia de nuestros pueblos, que se materializa en la promoción de políticas locales de infancia desde una perspectiva de derechos que garanticen el desarrollo de los mismos en el espacio donde se desarrollan, su familia, los centros educativos, sus barrios, sus pueblos y sus ciudades”.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 21.4.21
La Junta de Andalucía está tramitando el anteproyecto de Ley de Policías Locales, que recogerá, entre otras novedades, que todos los cuerpos de policía local cuenten con un mínimo de cinco efectivos, además de que todos los municipios de más de 5.000 habitantes dispongan de cuerpo policial propio. Una mejora que, además, recoge algunas demandas planteadas por los municipios, como el desarrollo de servicios de carácter comarcal.


“Tras 20 años en vigor, la anterior ley se había quedado obsoleta. Es el momento de dar respuesta a las necesidades actuales, como la de los municipios pequeños de nuestra provincia”, ha afirmado el delegado del Gobierno en la provincia, Antonio Repullo.

En este sentido, durante un encuentro mantenido en Montemayor junto a su alcalde y los primeros ediles de Santaella, La Rambla, Fernán Núñez, Montalbán de Córdoba, La Guijarrosa, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria, Repullo ha destacado que “con el nuevo texto normativo se habilita la opción de asociaciones entre estos municipios con el fin de garantizar la seguridad pública”.

En la provincia de Córdoba, los 25 municipios cordobeses de más de 5.000 habitantes ya cuentan con un Cuerpo de Policía Local como contempla la nueva normativa, y el número de efectivos por cada localidad superan los cinco miembros recogidos.

Sin embargo, de los 52 municipios cordobeses con menos de 5.000 habitantes, 18 no cuentan con ningún agente de Policía Local en plantilla y el resto no alcanza la cifra de cinco agentes, salvo casos puntuales. “Serán estos municipios los grandes beneficiarios del anteproyecto del Ley de Policías Locales”.

Esta asociación serviría para conformar un cuerpo con cinco miembros, así como para evitar, en la medida de lo posible, las patrullas unipersonales, circunstancia que también se podría cumplir en colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Objetivos recogidos en las propuesta de estos ayuntamientos para crear un servicio de Policía Local con carácter comarcal.

Colaboración con los ayuntamientos

La nueva norma incorporará procedimientos y medios técnicos homologados que se adaptan al progreso tecnológico y que permitirán una mejor respuesta en las funciones de los cuerpos. Además, se introduce como competencia de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior el establecimiento de programas de colaboración con los ayuntamientos y la habilitación de medidas de fomento para la dotación de recursos destinados a los cuerpos de la policía local.

Respecto a la organización de las pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo, la nueva ley promoverá la convocatoria unificada por parte de la Junta de Andalucía, con el fin de facilitar a los ayuntamientos este tipo de procesos y establecer mayores garantías en la colocación de efectivos.

El texto también establecerá una correlación de categorías proporcional y adecuada para una mejor prestación del servicio público y simplifica la escala ejecutiva de una manera eficiente.

Por otro lado, introduce que los ayuntamientos dispongan de lugares adecuados para custodiar el armamento asignado, criterios mínimos de proporcionalidad entre las diferentes categorías y la regulación de un nuevo procedimiento para la cobertura del puesto de jefe del cuerpo.

Además, se incluyen medidas para el fomento de la igualdad de género en los cuerpos de la policía local y se contempla que, durante el periodo de lactancia natural, se facilite la segunda actividad por riesgo con el 100 por cien de sus retribuciones.

Requisitos de movilidad

La nueva Ley modificará los requisitos para la movilidad entre cuerpos de policía local, con el propósito de evitar ciertas prácticas abusivas y las permutas y comisiones de servicio. Por otro lado, se regulará la figura del vigilante municipal, con el objetivo de diferenciar sus funciones, ámbito de actuación y régimen estatuario respecto a la del policía local.

El Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) jugará un papel fundamental en la formación de los cuerpos de policía local. En este sentido, en los contenidos de los cursos de ingreso y capacitación impartidos por el IESPA se incluyen como novedades materias sobre absentismo escolar, educación vial, diversidad, igualdad de género, violencia de género y conocimiento de técnicas de mediación.

El nuevo texto perseguirá el objetivo de reconocer entre los policías locales de cada cuerpo la capacidad para asumir la jefatura de su municipio o el de otro dentro de la comunidad autónoma. Para ello, se apuesta por la alta cualificación alcanzada por las últimas promociones formadas en el IESPA.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 13.4.21
La provincia se dirige hacia un modelo de territorio más verde y sostenible y para lograrlo la Diputación de Córdoba apuesta por llevar a cabo una transformación más eficiente en la que se tengan en cuenta los recursos disponibles para satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las del mañana.


Por ello, la institución provincial lleva trabajando, desde el 2017, en el programa Economía Baja en Carbono para entidades locales, cuyas solicitudes fueron presentadas por la institución provincial al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), en el marco del programa operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.

Se trata de un proyecto muy importante en el que han tomado un papel fundamental los ayuntamientos de la provincia, mostrando desde un primer momento, "su disposición y agradecimiento ya que, sin el apoyo de Europa y de la propia Diputación, no hubieran podido hacer frente a estas actuaciones”.

Así lo ha destacado la delegada de Asistencia Económica a los Municipios y Mancomunidades de la Institución Provincial, Dolores Amo, quien además ha asegurado que “las intervenciones están consistiendo en la renovación del alumbrado exterior, la mejora de la eficiencia energética, el fomento de la movilidad urbana sostenible y el uso de energías renovables de usos térmicos con lo que se conseguirá la reducción de la huella de carbono en nuestra provincia, como la biomasa o la fotovoltaica”.

En este sentido, y con la intención dar respuestas integradoras y sostenibles a las demandas futuras en el marco de la recuperación económica de la provincia, la institución provincial ha sido la encargada de llevar a cabo y tramitar las ayudas con el IDAE. En total, se han presentado 135 proyectos por un importe total de inversión de 41 millones de euros, habiendo recibido resolución favorable de 89 proyectos por valor de 28,4 millones, lo que supone un 66 por ciento del total de proyectos.

Los fondos europeos aportan el 80 por ciento del presupuesto de las actuaciones; y la Diputación se encarga, además de cofinanciar, de tramitar los proyectos, actuando como representante de los ayuntamientos, que aportan una cantidad menor del presupuesto de obra.

Del total de los 135 proyectos presentados y cuya inversión asciende a más de 40,9 millones de euros; 55 atienden a la renovación del alumbrado exterior por unos de tecnología led, con una inversión inicial de 18.615.538 euros, de los que se obtendrá una ayuda europea de 13,5 millones de euros.

Esta renovación permitirá un ahorro estimado de 17 millones de kw/h, dejando así de emitir a la atmósfera un total de 68.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale al dióxido de carbono que absorben 18.000 árboles anualmente y lo que supondría la reducción de emisiones de 12.000 coches con un recorrido de 10.000 kilómetros al año. 

Igualmente, en cuanto a las actuaciones presentadas referentes a la rehabilitación energética tanto de edificaciones municipales, como de centros educativos, bibliotecas y ayuntamientos cambiarán sus cerramientos y sistemas de climatización por unos de energía renovable, se han presentado un total de 41 proyectos. 

La suma de estos proyectos permitirán que en la provincia de Córdoba cuente con una reducción de CO2 equivalente al que absorben casi 5.972 árboles anualmente aproximadamente, lo que supondría, además, la reducción de emisiones de 30.000 coches con un recorrido de 10.000 kilómetros al año. 

Del mismo modo, y en cuanto a la gestión de energías renovables, la Diputación de Córdoba permitirá la sustitución de calderas de gasoil por unas de biomasa en edificios de ocho localidades –Almedinilla, Añora, Espiel, Fuente Tójar, Hinojosa Del Duque, Montalbán, La Victoria y Villaralto–, lo que supondrá un presupuesto inicial de 936.132 euros, de los que la Unión Europea aportará 469.512, la Diputación 108.061 euros y los ayuntamientos, más de 81.000 euros. Estas calderas permitirán una reducción del gasto de energía de casi del 59 por ciento. 

Además, el proyecto europeo de Economía Baja en Carbono permitirá la instalación de placas fotovoltaicas, gracias a la presentación de 23 proyectos, lo que permitirá la generación eléctrica para el autoconsumo en edificios municipales, cuyo presupuesto inicial asciende a 4.946.332 euros; y en cuanto a las actuaciones presentadas para el aprovechamiento de la energía aerotérmica, se llevarán a cabo tres actuaciones en los municipios de Encinarejo, La Carlota y Santa Eufemia, con una inversión inicial de 537.324 euros. 

Otro de los objetivos de la Diputación de Córdoba se centra en fomentar la peatonalización de diversos entornos urbanos ya que se llevarán a cabo cinco actuaciones en Bujalance, Castro del Río, Moriles, Rute y Villafranca de Córdoba, por un importe inicial de 3.034.186 euros para la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

La redacción de cada uno de estos proyectos lleva aparejado un Estudio para la evaluación de la reducción de emisiones que pone de manifiesto una disminución de emisiones de dióxido de carbono > estimadas entre un 6,8 por ciento y un 15,41. 

La Estrategia Europa 2020, en la que se enmarca el proyecto Economía Baja en Carbono, debe permitir a la UE alcanzar un crecimiento inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación; sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva; e integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. 

El CO2 cobra especial relevancia por su efecto sobre las condiciones climáticas del planeta debido a que es un gas de larga permanencia, es decir, es un gas que permanece activo en la atmósfera durante mucho tiempo, de ahí su importancia para erradicar o disminuir estas emisiones. 

La Unión Europea tiene como meta primordial su evolución hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono y por ello tiene marcadas como metas la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (gei) en un 20 por ciento (30% si se alcanza un acuerdo internacional); el ahorro del 20 por ciento del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, además, en cada país el 10 por ciento de las necesidades del transporte deberán cubrirse mediante biocombustibles; y promover las energías renovables hasta el 20 por ciento.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 14.3.21
El Sindicato de Enfermería, SATSE, coincidiendo con la celebración del Día Europeo contra la Violencia a Médicos y Sanitarios, ha elaborado un proyecto de ley estatal que contempla más de 50 medidas y actuaciones concretas para luchar de manera conjunta, coordinada y eficaz contra la violencia física y verbal que siguen sufriendo en tiempos de pandemia todos los profesionales sanitarios, y que en el año 2020 se saldó con 16 de agresiones en el Distrito Sanitario Guadalquivir.


SATSE subraya que el grave problema de la violencia en el ámbito sanitario, que afecta a ocho de cada diez enfermeras y enfermeros, sigue muy presente en los difíciles momentos actuales por la pandemia de la covid-19, registrándose de manera frecuente nuevos episodios de agresiones verbales, como insultos o amenazas, y también de carácter físico, como empujones, puñetazos o golpes.

En concreto, según los datos del registro del Servicio Andaluz de Salud recopilados por el sindicato de Enfermería, durante el pasado año 2020 se produjeron en centros sanitarios de Córdoba 24 agresiones físicas y 90 verbales, tales como amenazas o insultos. Unas agresiones que, según SATSE, se producen ante la demanda de atención o la disconformidad con el trato en la mayoría de los casos.

Por centros la mayor parte de estas agresiones se registraron en la capital con 60 contra profesionales del Hospital Reina Sofía (16 físicas y 44 verbales) y en los centros de Salud del Distrito Córdoba con 20, dos de ellas de carácter físico. Por su parte, el resto de agresiones registradas en la provincia se produjeron en los centros de Salud de los Distritos Guadalquivir (16 agresiones), Córdoba Norte (3) y Córdoba Sur (10) y en los Hospitales del Valle de los Pedroches (2 físicas) e Infanta Margarita (3 agresiones físicas).

Ante esta lamentable realidad, y después de constatar que las diferentes administraciones sanitarias competentes siguen actuando frente a este problema de manera descoordinada e ineficaz, SATSE reitera la necesidad de contar con una norma a nivel estatal que obligue a todas ellas a priorizar la lucha contra esta lacra que afecta a la integridad física y emocional de las personas que se dedican con todo su esfuerzo y compromiso a atender y cuidar a otras.

Más seguridad

Al objeto de que no se llegue a producir ninguna agresión a un profesional sanitario, SATSE propone, entre otras medidas de carácter estructural, el generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión de los centros sanitarios, así como los dispositivos sonoros de alarma en las consultas, y que la iluminación sea optima en cualquier estancia del centro.

Entre las medidas de carácter activo, la organización sindical apunta la inclusión en la historia clínica del paciente de sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria, si es el caso, y, entre las de carácter organizativo, reducir los tiempos de espera, garantizar una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera/o e implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería defiende que las enfermeras y enfermeros atiendan, con las medidas de seguridad pertinentes, a aquellos pacientes con antecedentes por un acto de violencia y que sean acompañados por las fuerzas de seguridad si tienen que prestar asistencia en los domicilios de pacientes condenados por cometer este tipo de actos.

De otro lado, la organización sindical apuesta por la creación de la figura del delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que formaría parte del Comité de Seguridad y Salud del centro y que se encargaría de vigilar el cumplimiento de las medidas puestas en marcha, así como de demandarlas si no se estuviesen desarrollando de manera adecuada.

Una vez registrado un caso de agresión, desde el Sindicato de Enfermería se propone, entre otras medidas, la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima, así como poner a disposición del enfermero o enfermera un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal la denuncia que pudiera presentar.

Por último, en el ámbito de la administración pública, SATSE aboga por que el servicio autonómico de salud correspondiente se persone como acusación particular en las causas penales abiertas, y que la víctima de un caso probado de violencia sanitaria pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro, servicio o unidad.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

  • 13.3.21
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la cesión de la actividad en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla, que a su vez asume las competencias en materia de violencia de género, como consecuencia de la falta de personal que permita el desarrollo normal de sus funciones. Por ello, el Tribunal ha solicitado a la Junta de Andalucía que agilice la incorporación del personal necesario para cubrir las actuales vacantes "para seguir garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva".


Según recoge el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del TSJA, "se estima correcta la medida coyuntural acordada" por el secretario coordinador de Córdoba de mantener exclusivamente la actividad de este juzgado al servicio de guardia y las actuaciones urgentes desde el pasado 5 de marzo. "Se apoya en su integridad la solicitud que se realiza desde ese órgano judicial toda vez que el servicio público que debe prestarse está sensiblemente mermado y se dificulta gravemente la atención a los ciudadanos", señala el documento.

En concreto, como ya informó Montilla Digital, el magistrado encargado de este juzgado, Antonio José Puntas Matas, comunicó el cese de la actividad toda vez que desde el pasado 2 de marzo la plantilla de este servicio se limita a una tramitadora, un letrado de la administración de justicia y el magistrado, como consecuencia de los traslados de parte del personal en fechas recientes tras el concurso para los distintos cuerpos de justicia, sin que dichas plazas hayan sido cubiertas.

En este sentido, el TSJA reconoce que las numerosas vacantes en el servicio ha generado que la "escasa –y muy deficitaria– plantilla provoque suspensiones de juicios y retrasos reiterados en la tramitación de todo tipo de asuntos". 

Una falta de personal de la que, según apuntó el magistrado, se advirtió a la Delegación de la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba e instó a reforzar la plantilla del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, sin obtener respuesta a dicha demanda.

Por ello, la Sala de Gobierno del TSJA insta a la Consejería de Justicia solventar los obstáculos existentes para la designación de los funcionarios necesarios para este juzgado, "tanto titulares como de refuerzo ya que esta dejación de funciones y el dilatado periodo de tiempo sin cubrir bajas y vacantes genera disfunciones evidentes en el derecho a la tutela judicial efectiva, aparte de quejas justificadas en todos los operadores jurídicos implicados y en la ciudadanía en general".

Como sede del Partido Judicial número 11 de la provincia de Córdoba, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montilla es competente para conocer los asuntos que tienen lugar en los municipios de Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor, Montilla, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella y La Victoria, así como cualesquiera otros en los que pueda haber implicados o interesados vecinos residentes o con intereses particulares en cualquiera de estas localidades de referencia.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

  • 13.3.21
El viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mario Muñoz-Atanet, ha presentado el inicio de la elaboración del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba (PTMACO), a través de unas jornadas por videconferencia celebradas en la Delegación del Gobierno.


Dichas jornadas han contado con la presencia del director de Movilidad, Felipe Arias, la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva y el jefe de Planificación, Manuel Márquez. De forma telemática, han participado más de 40 representantes de entidades convocadas para participar en la redacción del plan, entre los que se encuentran representantes de ayuntamientos, de Diputación de Córdoba, del Consorcio de Transporte, sindicatos y asociaciones de vecinos, de consumidores, y del taxi, entre otros agentes sociales.

El Plan, impulsado por la Dirección General de Movilidad, en coordinación con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba nace de la necesidad de promover un modelo de movilidad sostenible. Se crea como instrumento de referencia para el conjunto de actuaciones vinculadas a la movilidad de personas y mercancías en el área metropolitana de Córdoba, con el objetivo de alcanzar una movilidad sostenible.

El ámbito territorial inicial del Plan comprende el Área de Córdoba, que está formada por 16 municipios: Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Córdoba, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba.

A estos municipios, se han sumado, Montoro, Castro del Río y La Guijarrosa, por estar incorporados al sistema tarifario del Consorcio y detectarse un aumento de la movilidad obligada con Córdoba. Por tanto, en total, el plan engloba a 19 municipios y afecta a una población de 413.378 habitantes, que supone aproximadamente el 50 por ciento de la provincia.

Los trabajos hoy iniciados para alcanzar la versión final del PTMACO, que culminará su aprobación en Consejo de Gobierno, incluyen la toma de datos mediante el trabajo de campo, la modelización del Área de Córdoba, la realización de un análisis de coste-beneficio de las actuaciones previstas, y los correspondientes procedimientos para la obtención de la Declaración Ambiental Estratégica y del Informe de Evaluación del Impacto en la Salud.

La importancia de la elaboración de un Plan de movilidad sostenible radica además de los beneficios sociales, económicos y ambientales en que es una condición favorable para obtener financiación europea en estas materias. El cumplimiento de los objetivos de movilidad sostenibles son imprescindibles para alcanzar los compromisos internacionales para la lucha contra el cambio climático, la reducción de las emisiones de gases contaminantes establecido por el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y especialmente en aquellos objetivos de desarrollo sostenible (OODS) directamente relacionados.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 2.3.21
La Junta de Andalucía invertirá 12,38 millones para modernizar 41 caminos rurales en 29 municipios. Así lo ha explicado la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Araceli Cabello, quien ha detallado la reciente resolución del Plan Itínere de mejora de caminos rurales, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, del que “Córdoba ha sido una de las grandes beneficiadas”, según la delegada.


En cuanto al reparto por comarcas, los Pedroches será la más beneficiada con 4,3 millones de euros, seguida de Campiña Sur con 2,2 millones, Subbética con 1,99 millones, Guadajoz y Campiña Este con 1,58 millones, Vega del Guadalquivir con 1,15 millones, Alto Guadalquivir con casi 700.000 euros y Valle del Guadiato con más de 427.000 euros.

Cabello ha destacado que este plan “apoya especialmente a los pequeños y medianos municipios, dinamiza el tejido productivo de las zonas rurales, a la vez que contribuye a fijar la población rural”. Los objetivos de esta iniciativa son, “por un lado, ofrecer soluciones técnicas que minimicen la vulnerabilidad de estos caminos frente a los efectos meteorológicos adversos, así como sus costes de conservación y mantenimiento”.

El Plan persigue “mejorar y desarrollar las infraestructuras necesarias para el acceso a las superficies agrarias de mayor utilidad para el sector y la sociedad en general, ya que permite la llegada de los vehículos y la maquinaria necesarios para la realización de las labores propias de las explotaciones”, señala Cabello.

La delegada ha resaltado que hay que sumar también “la reducción del tiempo y los costes de acceso de los productos e insumos agrarios al mercado, aumentando así la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y potenciando el desarrollo rural en los municipios andaluces a través de una mejor conexión entre los núcleos de población y los centros de producción”.

Como explica Cabello, con el Plan Itínere “se incrementa el apoyo a las entidades locales y se facilita la gestión, en línea con nuestra estrategia de simplificación. La Consejería financia el 100% de las obras en una apuesta sin precedentes por el mundo rural, al mejorar sus vías de conexión, con un apoyo decidido a los ayuntamientos como administración competente en estos caminos”.

La delegada ha explicado que con carácter general son subvencionables solo las actuaciones que prevean la construcción de firmes con capa de rodadura asfáltica. Esta capa asfáltica debe consistir en un tratamiento superficial bicapa u otra con calidad superior según las características del tráfico previsto, y que incide en la mayor durabilidad de las obras que se lleven a cabo en los caminos.

Plan Itínere en Andalucía
En Andalucía, la Consejería de Agricultura invierte 75 millones de euros en la mejora de casi 1.000 kilómetros, 957 en concreto, de 259 caminos rurales de 200 municipios andaluces para impulsar la competitividad del sector agrario facilitando el acceso a las explotaciones.

“Pasamos de los 40 millones de euros de la última convocatoria de caminos realizada por el anterior gobierno en 2017, cofinanciada al 60 por cien y que nunca llegó a ejecutar, a 75 millones de euros y financiada al 100 por cien por la actual Junta”, matiza la delegada.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

  • 26.2.21
Los 29 municipios que conforman el distrito sanitario Córdoba Sur estrenan desde esta medianoche el nivel de alarma 3, en su grado uno. El Comité Territorial de alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de Córdoba decretó en su reunión de ayer una ampliación en el aforo permitido en establecimientos y servicios públicos tras analizar los datos epidemiológicos en la zona, donde la tasa de incidencia del covid-19 se sitúa en 185 casos por cada 100.000 habitantes.


De esta forma, si bien este nuevo nivel de alarma establecido para los próximos siete días no supone un cambio respecto a limitar la movilidad al territorio provincial, el horario de apertura de los establecimientos públicos –que se mantiene a las 18.00 de la tarde para aquellas actividades no consideradas esenciales–, o en el toque de queda establecido entre las 22.00 de la noche y las 6.00 de la mañana, si supondrá cambio respecto a los aforos permitidos.

En concreto, en las zonas de nivel de alarma 3 grado uno, como es el caso de la provincia de Córdoba (a excepción de la localidad de Valsequillo que mantiene su cierre perimetral), los bares y restaurantes deben limitar su aforo al 50 por ciento en el interior, si bien podrán ocupar al 100 por cien las terrazas. Además, en el caso de banquetes nupciales, se establece un límite de 50 personas en interior y 75 en exterior.

En los establecimientos comerciales, cines, teatros, auditorios, congresos y feria, la limitación es del 60 por ciento del aforo. Por su parte, en las instalaciones deportivas, el aforo se reduce al 50 por ciento, lo mismo que en ceremonias civiles y religiosas.

Respecto al transporte público, el nuevo nivel de alarma permite la ocupación al 100 por ciento de los asientos y del 75 por ciento de las plazas de pie; mientras que en el caso de actividades ambientales, los limites reducen a 10 las personas en recintos de interior y una quincena al aire libre. Finalmente, respecto al uso de parques y jardines, estos espacios se mantendrán abiertos como norma general, limitando a 10 personas las posibles reuniones.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
  • 14.2.21
El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Córdoba ha denunciado que durante el año 2020 se registraron un total de 114 agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) –diez de ellas en el Distrito Sanitario Córdoba Sur– a pesar de la bajada de la asistencia presencial en los centros sanitarios por la covid-19. Unas agresiones que, según SATSE, se producen ante la demanda de atención o la disconformidad con el trato en la mayoría de los casos.


En concreto, según los datos del registro del Servicio Andaluz de Salud recopilados por el sindicato de Enfermería, durante el pasado año 2020 se produjeron en centros sanitarios de Córdoba 24 agresiones físicas y 90 verbales, tales como amenazas o insultos.

Por centros la mayor parte de estas agresiones se registraron en la capital con 60 contra profesionales del Hospital Reina Sofía (16 físicas y 44 verbales) y en los centros de Salud del Distrito Córdoba con 20, dos de ellas de carácter físico. Por su parte, el resto de agresiones registradas en la provincia se produjeron en los centros de Salud de los Distritos Guadalquivir (16 agresiones), Córdoba Norte (3) y Córdoba Sur (10) y en los Hospitales del Valle de los Pedroches (2 físicas) e Infanta Margarita (3 agresiones físicas).

En lo que respecta en general en Andalucía, se produjeron 1.042 agresiones en centros sanitarios de Andalucía, de ellas 176 físicas y 866 verbales, tales como amenazas o insultos. Aunque las cifras son inferiores a las de los años 2018 o 2019, en los que se registraron 1234 y 1507 agresiones respectivamente, son de extrema gravedad si se tiene en cuenta que se producen en un año en los que descendió sensiblemente la atención presencial en los centros sanitarios.

De hecho, a pesar de las especiales circunstancias del año 2020, SATSE expone que los datos de agresiones contra los profesionales de la Sanidad andaluza son incluso superiores a los de los años 2015 (935 agresiones, 731 verbales y 204 físicas) o 2016 (1000 agresiones, 794 verbales y 206 físicas), por citar un ejemplo.

Por provincias, el Sindicato de Enfermería detalla que Sevilla es la que contabiliza mayor número de ataques al personal del SAS en 2020 con un total de 279 (43 físicas), seguida de Málaga con 186 (54 físicas, la mayor cifra de Andalucía de este tipo), Cádiz con 140 (13 físicas), Córdoba con 114 (24 físicas), Jaén con 90 (13 físicas), Huelva con 84 (11 físicas), Granada con 79 (9 físicas) y por último Almería con 70 víctimas de agresiones (9 físicas).

Demanda de atención

Entre las pretensiones que derivan en estas agresiones, para SATSE es llamativo que las principales tienen que ver con la demanda de atención, un 34 por ciento de los casos, bien por demandar atención fuera de la cita programada, sin cita previa, demandar prestación o medicación para un familiar o exigir un tratamiento distinto al prescrito. También en un 30 por ciento la causa expuesta es el desacuerdo con el trato o conducta en el acto del profesional y un 23 por ciento carecen de causa aparente o no se ha logrado determinar. 

En este sentido, el Sindicato de Enfermería alerta que se ha detectado un incremento de la conflictividad en los centros sanitarios debido a que los usuarios descontentos con la asistencia responsabilizan a los profesionales de las carencias que sufren en la atención. 

Para SATSE, el aumento de la presión asistencial tanto en Primaria como en los centros hospitalarios, las largas colas para ser atendidos en los centros de salud o la imposibilidad de contactar por teléfono con los mismos, están provocando un incremento de las situaciones de tensión, siendo las enfermeras y enfermeros los principales perjudicados al ser el primer profesional con que el usuario se encuentra.

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería ha apelado una vez más para que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares. De igual forma, SATSE recuerda que los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir pacientes y familiares no son responsabilidad del profesional, que en muchas ocasiones es la primera víctima de las deficiencias y que hace todo lo posible para que no se vea afectada la calidad de la atención sanitaria a pesar de los duros meses que llevan sufriendo por la pandemia en unas condiciones de trabajo muy adversas.

SATSE valora en cualquier caso el desarrollo del Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz, negociado en Mesa Sectorial de Sanidad y publicado en BOJA el pasado mes de julio, si bien aboga por seguir incorporando medidas más contundentes y de prevención frente a las agresiones a los profesionales sanitarios en el desempeño de su actividad.

Urge indagar más en las causas de las agresiones para poder atajarlas pues, a juicio del Sindicato de Enfermería, el descenso de las mismas durante el año 2020 está motivado casi exclusivamente por el descenso de la asistencia presencial. De igual forma, SATSE concluye insistiendo en la necesidad de dotar los centros de recursos humanos suficientes a fin de evitar situaciones de conflicto generadas por largas demoras en la atención o el endurecimiento de las penas para los agresores regulando por ley el reconocimiento de delito a la autoridad pública la agresión al personal sanitario.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 12.2.21
Córdoba comenzó en la jornada de ayer la administración de la vacuna contra el coronavirus a las personas mayores de 80 años que no han sido vacunadas previamente y que puedan desplazarse a los centros de vacunación que se han establecido en la provincia, un proceso que hoy dará comienzo en el Área Sanitaria Córdoba Sur. Este nuevo grupo de vacunación recibirán las dosis de Pfizer o Moderna.


Así, la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, señaló que “seguimos avanzando en el Plan de Vacunación contra el covid-19, vacunando a las personas mayores de 80 años que no han sido vacunadas previamente y que puedan desplazarse a los centros de vacunación que las áreas o distritos han establecido en la provincia de Córdoba”.

En este sentido, María Jesús Botella aclaró que “este nuevo grupo de vacunación recibirán las dosis de Pfizer o Moderna” y insistido en que “la Junta cuenta con una organización totalmente engrasada para afrontar el ritmo de vacunación que nos vaya marcando la disponibilidad de las vacunas, gracias al esfuerzo de las áreas y distritos en la organización del plan de vacunación y a la gran labor de todos los profesionales, especialmente los de Enfermería”.

Este colectivo, que están en el grupo 5 dentro del programa, va a ser citado por orden de edad (de mayor a menor) por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para programarle la primera dosis en el punto de vacunación que le corresponda. Siempre se garantizará la permanencia de estas personas en el recinto seleccionado al menos durante 15 minutos para observar posibles efectos de la vacuna.

Los puntos de vacunación para este grupo han sido elegidos teniendo en cuenta la accesibilidad y adaptación de los espacios para que sean cómodos para los mayores y teniendo en cuenta las condiciones de estabilidad y logística que necesitan estas vacunas.

El otro grupo de vacunación que comienza a recibir esta semana la primera dosis es el formado por los trabajadores de ayuda a domicilio, incluidos dentro del grupo 4 junto a los grandes dependientes. Se les pondrá vacuna AstraZeneca si tienen menos de 55 años. Si son mayores de 55 años o sufren graves patologías se les administrará la de Pfizer.

En el Área Sanitaria Sur de Córdoba se tiene previsto vacunar a partir de hoy en el Centro de Salud de Aguilar de la Frontera; en el pabellón de deportes de Baena; en el autocovid del Centro de Salud de Benamejí; en el pabellón de deportes de Cabra; en la casa de la Juventud de Castro del Río, en la carpa autocovid de Fernán Núñez; en el patio de las naves de cerámica en La Rambla; en la caseta municipal de Lucena; en la caseta Autocovid en Montilla; en el recinto Ferial de Priego de Córdoba, en el centro de salud Puente Genil 1 y en el edificio de Usos Múltiples de Rute.

En el Área Sanitaria Norte de Córdoba se tiene previsto vacunar en el Recinto ferial de Pozoblanco; en la sala de usos múltiples de Hinojosa del Duque; en el centro polivalente de Peñarroya Pueblonuevo y en el polideportivo municipal de Villanueva de Córdoba. La vacunación continuará el próximo lunes 15 de febrero.

Asimismo, en el Distrito Córdoba se tiene previsto vacunar en el autocovid de Córdoba; mientras, en el Distrito Guadalquivir se tiene previsto vacunar en el autocovid de Montoro, en el autocovid de Almodóvar del Río; en el centro de salud La Sierra, en el centro de salud de Fuente Palmera, de la Carlota y de Palma del Río, en el auditorio municipal de Bujalance.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 10.2.21
Los alcaldes de Montemayor, La Rambla y Santaella, Antonio García, Jorge Jiménez y José Álvarez, respectivamente, en representación de los municipios participantes de la iniciativa para la prestación del servicio de Policía Local mediante una asociación en la Campiña Sur, mantuvieron ayer una reunión con el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, al objeto de intercambiar impresiones sobre los principales aspectos que regirán el funcionamiento de la asociación.


Repullo mostró su compromiso con el proyecto y trasladó a los representantes municipales una propuesta para la integración de esta futura unidad en el Servicio de Emergencias 112, lo que posibilitaría una mejor atención a la ciudadanía y una más rápida reacción ante situaciones de emergencia, propuesta que los alcaldes compartieron e hicieron suya.

Así mismo, el delegado del Gobierno explicó cómo a raíz de esta iniciativa, el borrador de la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía ha incluido entre su articulado, la referencia a la posibilidad de conformar asociaciones, lo que sin duda facilitará la tramitación de los nuevos expedientes de asociación que se creen en nuestra comunidad autónoma una vez esta ley esté aprobada.

Los alcaldes presentes en este encuentro dieron también traslado de la iniciativa adoptada por la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela Jiménez, de conformar una Mesa Provincial donde estén representadas todas las instituciones, a lo que el Delegado mostró su total disposición a ser parte de la misma.

Hay que resaltar que todas las partes implicadas en este proyecto se sienten optimistas respecto a que este servicio sea pronto una realidad, lo que repercutirá de forma decisiva en la seguridad y calidad de vida de estos municipios. Los ocho municipios implicados en la creación de una Policía Comarcal son Fernán Núñez, La Guijarrosa, Montalbán de Córdoba, Montemayor, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella y La Victoria.

Un servicio comarcal

El proyecto, que comenzó a gestionarse hace algo más de un año a iniciativa del Consistorio de Santaella a través de su entonces concejal Manuel Pedrosa, persigue dar una respuesta "conjunta y satisfactoria" a las necesidades que el servicio de policía local presenta en los diferentes municipios implicados, donde el personal es inexistente o insuficiente para ofrecer atención en tres turnos –lo que supone dar servicio a los ciudadanos todos los días del año y a cualquier hora– o más allá de patrullas unipersonales.

Para ello, el proyecto plantea la unión de los 32 agentes que actualmente prestan sus servicios en estos municipios con el objetivo de poder dar cobertura, de forma conjunta, a una población de casi 31.000 habitantes, ofreciendo un servicio con patrullas de dos agentes, tres turnos al día, y con una capacidad de respuesta ante cualquier incidencia de un máximo de diez minutos.

Precisamente, la localización de los municipios es uno de los puntos fuertes del proyecto pues todos ellos se encuentran bien comunicados y unidos entre sí por la carretera autonómica A-386 y la carretera nacional N-331 principalmente, además de una serie de vías complementarias como son las carreteras provinciales CV-207, CV-212, CO-3300, CO-3301; la carretera autonómica A-3133 y la autovía nacional A-45.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
  • 2.2.21
El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba cerró el año 2020 con 913.127 viajeros a pesar de la pandemia, que ha provocado una drástica reducción de la demanda por las limitaciones de movilidad decretadas por el Estado de Alarma. Aunque el descenso ha sido del 41,7 por ciento, ha sido inferior a la de los ocho consorcios de transporte restantes existentes en Andalucía.


La crisis sanitaria del covid-19 ha frenado la tendencia del Consorcio del Área de Córdoba, que había cerrado 2019 con un volumen de viajeros de más de 1,5 millones de desplazamientos (15 por ciento más con respecto al anterior ejercicio) y que había empezado el año con subidas: del 8,1 por ciento en enero y del 2,9 por ciento en febrero.

Sin embargo, esos buenos números se truncaron a partir del 14 de marzo con la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno central. De hecho, las cifras más bajas de viajeros se registraron en las semanas de confinamiento domiciliario, donde sólo podían desplazarse los personas que trabajaban en servicios esenciales. Fruto de estas medidas, la demanda cayó un 98,2 por ciento en abril y un 78,9 por ciento en el mes de mayo.

Pese a las restricciones, los concesionarios de transporte han ofrecido en todo momento una oferta por encima de la demanda, adaptándose a las limitaciones de movilidad decretadas en cada momento. Como ejemplo está la última decisión adoptada por los consorcios metropolitanos de reforzar servicios en hora punta con motivo de las restricciones determinadas por el nivel 4 de alerta, que limitan el aforo de los vehículos al 50 por ciento respecto al máximo permitido.

Además de la oferta de servicio, se han mantenido desde antes de la declaración del Estado de Alarma del pasado marzo protocolos de prevención frente al virus, entre los que se encuentra la desinfección diaria de autobuses, el uso de la mascarilla o la recomendación del pago con tarjeta. Precisamente esta última decisión ha traído como consecuencia un nuevo incremento de los usuarios poseedores de la tarjeta. Al cierre del pasado 2020 se alcanzaron las 55.155 tarjetas operativas, es decir, 8.005 más que hace un año.

Los autobuses interurbanos experimentaron un descenso del 51,2 por ciento, con sólo 306.205 viajes. Esta caída se amortiguó por el peso de las cancelaciones en urbano en Córdoba, que experimentó una bajada de sólo el 35,4 por ciento (606.922) pese a las dificultades provocadas por la crisis del covid-19.

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba se constituye en septiembre de 2008 y actualmente opera en 16 municipios consorciados: Córdoba, Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba, y mediante convenio en otros cinco municipios: Montoro, Baena, Castro del Río, Villa del Río y La Guijarrosa.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 31.1.21
En un año marcado por las restricciones de movilidad y aforo, donde la era digital ha tomado aún más protagonismo en el día a día de la ciudadanía para la realización de numerosas gestiones, un total de 10.6422 cordobeses participaron en las 60.550 actividades programadas por la red pública de centros de acceso a internet Guadalinfo, a la que pertenece Castro del Río. 


Desde marzo, el acceso a los servicios es telemático o en grupos muy reducidos e incluso individual y bajo cita previa. Pese a estos condicionantes, 18.393 ciudadanos de la provincia entraron por primera vez a un centro Guadalinfo en 2020, sumándose a un total que asciende ya a 203.298 usuarios.

Según los datos recogidos durante 2020, en los municipios andaluces crece el interés por la e-administración, especialmente por los certificados digitales y firma electrónica. Actualmente, 50 centros Guadalinfo de la provincia de Córdoba son ya centros de certificación digital y en toda la red los ciudadanos pueden formarse e informarse sobre su obtención y usos.

Durante el pasado año, se incrementó además el interés de docentes, estudiantes y familias por el manejo de herramientas de educación on line y el de la población en general por las competencias y soluciones digitales para el teletrabajo. Los mayores de 65 también buscaron en Guadalinfo seguridad, conexión y guía para el uso de tecnología útil en su día a día.

Otros focos de atención fueron banca digital, e-salud, comercio electrónico y digitalización de PYMES. Los más jóvenes siguieron participando en actividades de programación, robótica e impresión 3D pese a la ausencia de eventos presenciales.

Uso crítico y seguro de la tecnología

Más del 38 por ciento de los usuarios de Guadalinfo en los municipios rurales tiene menos de 35 años y el 57 por ciento no llega a los 45, dato relevante en el actual contexto de envejecimiento demográfico y despoblación. Por edades, destacan los usuarios entre 25 y 34 años (19,7%); seguidos por los de 45 a 54 (19%) y los de 35 a 44 (17%). 

Por su parte, las personas de 15 a 24 años suponen un 15 por ciento de quienes acceden a los centros. Los mayores de 65 años representan el 9 por ciento y un 3,7 por ciento es menor de 14. Por sexo, hombres y mujeres acceden a Guadalinfo en similar porcentaje.

Durante este crítico 2020, la población de los municipios y barrios se ha apoyado en Guadalinfo en un escenario de acceso casi exclusivamente digital a la administración, la educación o la banca. El objetivo en 2021 es dar respuesta inmediata y segura a las nuevas necesidades de digitalización de la ciudadanía en la Andalucía rural y los barrios.

Guadalinfo es la red pública andaluza de centros de acceso público a Internet. Está financiada por la Consejería de Presidencia Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones provinciales, y gestionada por el Consorcio Fernando de los Ríos, entidad pública con sede en Granada. Los centros Guadalinfo (en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y en las barriadas menos favorecidas de poblaciones mayores) ofrecen servicios TIC y capacitación en competencias digitales adaptada a distintas edades y perfiles de usuario. A

demás asesoran a los usuarios en sus proyectos e impulsan iniciativas colectivas de dinamización social, sensibilización comunitaria y promoción del entorno. Sus áreas de actuación van desde empleabilidad a alfabetización digital, promoción de la cultura innovadora, participación ciudadana, mejora de la calidad de vida, emprendimiento, digitalización empresarial y administración electrónica.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 17.1.21
La Victoriala, al igual que la mayoría de los municipios de la provincia, ha activado la pasada medianoche el nivel 4 de alerta sanitaria. Una medida anunciada el pasado viernes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, en un intento de frena el alarmante número de contagios por coronavirus que se registran en numerosas localidades andaluzas tras las fiestas navideñas en lo que ya se considera la tercera ola de esta pandemia.



De esta forma, todos los municipios de Córdoba –a excepción de aquellos cuya incidencia acumulada está por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes obliga a medidas más restrictivas– limitarán desde hoy los horarios de apertura de la hostelería y de aquellos comercios cuya actividad no sea esencial hasta las 18.00 de la tarde, a la vez que se limita la movilidad a desplazamientos dentro de la propia provincia.

Respecto a la hostelería, las nuevas medidas decretadas por el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos) permite que se recojan pedidos hasta las 21.30 de la noche, encargarlos por teléfono hasta las 22.30 y recibirlos a domicilio hasta las 23.30 de la noche. Unos horarios que se revisarán si, como ha solicitado la Junta, el Gobierno de España autoriza modificar el toque de queda hasta las 20.00 de la tarde.

Hasta tanto, toda Andalucía mantiene el toque de queda vigente, prohibiéndose la libre circulación entre las 22.00 de la noche y las 6.00 de la mañana salvo causa justificada, si bien, como señaló el presidente andaluz, la propuesta del Comité de Expertos es adelantar dicho toque de queda a las 20.00 de la tarde en toda la comunidad.

Asimismo, el nivel de alerta sanitaria 4 limita las reuniones a un máximo de cuatro personas, incluidas mesas en bares y restaurantes. Además, la nueva alerta decretada por el Gobierno andaluz limita la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público o privado, tanto cerrados como al aire libre, a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

Por su parte, las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que no se supere el treinta por ciento de su aforo. Con respecto a la celebración de banquetes, el aforo se limita a 30 personas en el interior, y un máximo de 50 en el exterior, siempre que no se supere el 30 por ciento del aforo máximo de dichas instalaciones.

En el caso de la hostelería y restauración, las limitaciones se sitúan en un 30 por ciento del aforo en el interior, y un 75 por ciento en terrazas. Limitaciones que se sitúan en un 40 por ciento para gimnasios, mientras que las competiciones, eventos deportivos y entrenamientos, se desarrollarán sin espectadores.

Para los establecimientos comerciales, el aforo máximo establecido es del 50 por ciento de la capacidad de las instalaciones, cumpliendo con la distancia de seguridad, mientras que para cines, teatros y auditorios se limita al 4o por ciento del aforo, con 200 personas en interior y 300 en exterior.

En el caso del transporte público no se podrá superar el 50 por ciento de la capacidad de viajeros de pie, y se mantendrá un asiento de separación entre viajeros. Por su parte, en el caso de transporte privado se establece un límite de dos personas por fila de asientos, sin ocupar el del copiloto.

En el caso de actividades de bajo riesgo, como actividades ambientales, el decreto de la Junta establece un máximo de seis personas en interior, y diez al aire libre. Por su parte, las áreas de juego infantiles y zonas biosaludables quedarán cerradas, si bien los parques estarán abiertos al público, limitando a seis las reuniones de personas.

Sí se permitirán los desplazamientos, sin acompañamiento, de deportistas federados, de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades deportivas de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en cada momento por las autoridades sanitarias y que se acreditarán mediante licencia deportiva o certificado federativo siempre que no procedan de municipio con cierre perimetral.

Las medidas, según ha dicho el presidente, serán revisadas de manera permanente y si algún municipio superase las tasas de 500 o 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, se limitará la movilidad y la apertura del comercio y la hostelería. En caso contrario, si los municipios bajan de esos límites, se permitirían la movilidad o las actividades. Esta decisión será tomada por los comités provinciales de alerta y, seguidamente, serán informados debidamente a los alcaldes y autoridades competentes.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
  • 11.1.21
El municipio de La Victoria ha ganado en la última década un total de once vecinos empadronados, lo que ha supuesto una subida de un 0,48 por ciento en los últimos diez años. De esta forma, según la actualización del padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se contabilizó al cierre de 2020 un total de 2.289 vecinos, una cifra que, además, supone un incremento de 18 vecinos con respecto a 2019.


El balance positivo que ha supuesto pasar de una población de 2.278 habitantes en el año 2010 a 2.289 en el último ejercicio, no ha sido la tendencia de los últimos seis años, pues en 2014 se registró un máximo de 2.385 vecinos, una cifra que suponía un importante incremento con respecto a los 1.786 de principios del siglo XXI.

En cuanto a la distribución por sexos, la población de mujeres ha descendido en la última década un 0,17 por ciento, pasando de 1.149 en 2010, a 1.147 empadronadas, lo que supone el 50,1 por ciento de los ciudadanos registrados en el municipio en 2020.

Por su parte, La Victoria contabilizó en 2020 un total de 1.142 hombres, el 49,9 por ciento de su población, lo que supone una subida de 1,15 puntos con respecto a las cifras de principios de década, cuando la población masculina estaba formada por un total de 1.129 personas.

La pérdida de población ha sido, asimismo, una tendencia generalizada en la provincia de Córdoba pues, a nivel provincial, 2020 ha sido el noveno año consecutivo en el que ha descendido la población (más de 24.000 habitantes desde 2011). Así, se contabilizan 781.451 habitantes, lo que supone 1.528 menos que en el 2019.

Asimismo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el último año solo en 14 municipios han registrado un crecimiento (18%), mientras que en el 80,5% restante se produjo una reducción del número de personas respecto al 2019.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
  • 28.12.20
La Victoria acumula 28 personas infectadas desde que comenzó la pandemia el pasado mes de marzo. Así se desprende del último informe que acaba de emitir el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y que se puede consultar a través de este enlace.


Por otro lado, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado hoy 48 nuevos casos positivos por coronavirus en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 25.373, de los que 2.412 han estado ingresados en algún centro hospitalario –253 de ellos en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)–. La provincia contabiliza 534 fallecidos –seis más que ayer– y cuenta ya con 22.523 personas que habrían superado la infección.

Actualmente, 95 pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales cordobeses, veintitrés de ellos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Comunidad Autónoma, por su parte, contabiliza oficialmente a 257.278 personas afectadas por coronavirus (567 más que ayer) y 5.070 fallecidos (34 más en las últimas 24 horas). Según la Junta, el número de personas curadas se sitúa hoy en el conjunto de Andalucía en 228.887 (1.183 más que ayer).

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN 
FOTOGRAFÍA: ARCHIVO
  • 28.12.20
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de la Delegación del Gobierno en Córdoba, ha concedido este año 2020 un total de 95.446,93 euros en dos líneas de ayudas a las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil en la provincia de Córdoba. Esta cifra supone un incremento del 85,55 por ciento con respecto al importe del año pasado cuando se concedieron partidas por valor de 51.439,4 euros. Esta cifra supone el mayor incremento registrado en todas las provincias de la comunidad.


El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, subrayó la apuesta de la Junta de Andalucía por el voluntariado de Protección Civil. “Durante los días más difíciles de la crisis del coronavirus, los hombres y mujeres que integran las agrupaciones de Protección Civil de Córdoba han estado al servicio de los vecinos que más lo necesitaba. Su trabajo ha sido encomiable anteponiendo en todo momento el bien común y la ayuda desinteresada", indicó.

Por todo ello, apuntó Repullo, el Gobierno andaluz ha hecho un "notable esfuerzo" por responder a las demandas de este colectivo y mejorar las ayudas económicas para el sector, que redundará en el movimiento del voluntariado, en los municipios cordobeses y, en suma, en la propia ciudadanía.

"Para corresponder a la extraordinaria labor desarrollada por el voluntariado de Protección Civil, el Gobierno andaluz ha mantenido y mejorado su aportación apoyando su labor con dos líneas de ayudas tal y como había comprometido”, apostilló el delegado.

Dos líneas de ayudas

Este año, como novedad y por primera vez, los municipios se han podido beneficiar de dos líneas diferentes de ayudas. Una primera, ya existente, destinada a sufragar gastos comunes como la suscripción y pago de las pólizas del seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil de las personas voluntarias, formación, la adquisición de uniformidad o la compra de material menor para la protección personal de los voluntarios.

En las solicitudes presentadas la mayor parte de las agrupaciones han destinado esta primera línea a la renovación del vestuario y a la suscripción de pólizas de seguro de accidentes. El importe total concedido en esta línea ha ascendido a 54.540,31 euros y son 33 las agrupaciones que se han beneficiado de esta inyección económica.

Entre éstas, se encuentran las agrupaciones de los municipios de La Carlota, Benamejí, La Guijarrosa, Palma del Río, Pozoblanco, Nueva Carteya, Posadas, Almodóvar del Río, Priego de Córdoba, Montoro, Cabra, Villaharta, Villanueva del Rey, Zuheros, Puente Genil, La Victoria, Fuente Palmera, El Carpio, Cañete de las Torres, Moriles, Santaella, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Luque, Hornachuelos, Encinas Reales, Iznájar, Rute, Palenciana, Bélmez, El Viso, Villa del Río, Monturque y Aguilar de la Frontera.

La segunda línea, prevista este año como respuesta del ejecutivo a una petición de las propias agrupaciones y municipios, ha otorgado un total de 40.906,62 euros hasta a 21 agrupaciones. Esta segunda ayuda se ha referido a sufragar gastos inventariables para mejorar las labores de prevención y apoyo logístico que prestan las agrupaciones según prevén los Planes de Emergencia Municipal.

Los informes presentados por los municipios para esta línea apuntan a que las subvenciones se han invertido en modernizar el parque móvil y los equipos de comunicación con emisoras digitales, telefonía, repetidores, walkies y equipos informáticos, además de en desfibriladores y carpas.

Entre los municipios beneficiarios se encuentran Benamejí, Palma del Río, Pozoblanco, Nueva Carteya, Posadas, Priego de Córdoba, Fuente Obejuna, Cabra, Villaharta, Villanueva del Rey, Zuheros, El Carpio, Moriles, Peñarroya-PuebloNuevo, Hornachuelos, Iznájar, Baena, Palenciana, Pedro Abad, Bélmez, El Viso y Aguilar de la Frontera.

El voluntariado en la pandemia

Córdoba cuenta con un total de 887 voluntarios de Protección Civil, hombres y mujeres que hacen de la ayuda a los demás una forma de vida que contribuye a mejorar la vida de sus vecinos y la seguridad de sus pueblos y ciudades. Estos se organizan en 49 Agrupaciones de Voluntariado (en toda Andalucía, son más de 7.300 voluntarios repartidos entre 327 agrupaciones).

“El compromiso de los voluntarios ha sido un auténtico orgullo estos meses tan difíciles con una media de 2.500 personas voluntarias de agrupaciones de Protección Civil colaborando en tareas de apoyo y ayuda para facilitar la vida de sus vecinos y multiplicar la capacidad operativa de la región”, indicó por su parte el viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública en Interior de la Junta, Antonio Sanz.

El voluntariado de Protección Civil ha colaborado en la recogida y entrega de comida y menús en el marco del plan SYGA (Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil) de la Junta de Andalucía, así como con otras entidades como Cáritas o el Banco de Alimentos.

Asimismo, ha llevado a cabo tareas de asistencia social a personas mayores y enfermos, labores de asistencia social a ancianos, enfermos a los que han ayudado con sus mandados, recados a la farmacia o simplemente llamándoles a diario para escucharles, apoyarles en sus necesidades y haciéndoles sentir acompañados en momentos de incertidumbre.

El voluntariado ha estado allí donde se le ha necesitado: haciendo mascarillas, colaborando en las tareas de limpieza, fumigación y desinfección de calles y mobiliario urbano, así como informando a sus vecinos de las medidas de protección a adoptar, recordando la importancia de la distancia social y el uso de mascarillas en espacios públicos como parques o mercadillos, etc.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
  • 8.12.20
La Junta de Andalucía ha acordado ampliar el plazo para solicitar las ayudas al desarrollo local hasta el próximo 19 de enero de 2021. Esta prórroga de un mes para presentar los proyectos susceptibles de ser apoyados a través de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL) responden a los problemas generados por las limitaciones de movilidad provocadas por la pandemia de la Covid-19, "que dificultan la preparación de la documentación necesaria para solicitar a estas ayudas".


De este modo, hasta el 19 de enero de 2021 podrán presentarse las solicitudes de ayudas al desarrollo local según las bases previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017 por las que se regula la concesión de ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local (EDL) Leader dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. La publicación de la convocatoria se realizó el pasado mes de octubre y tenía previsto finalizar el mes de diciembre. 

El programa de ayudas, está financiado por el Fondo Europeo FEADER (90%) y por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (10%) y está dirigido a promover el desarrollo sostenible, de los municipios de la comarca.

Como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), entre los potenciales beneficiarios se encuentran tanto las personas físicas como empresas públicas o privadas que van a ejecutar los diversos proyectos u operaciones, en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local presentadas por los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y aprobadas por la Consejería. En cuanto al plazo para presentar las solicitudes, permanecerá abierto hasta el próximo 21 de diciembre.

En la página web de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ofrece información más detallada sobre la convocatoria relacionada, por ejemplo, con los proyectos elegibles y las condiciones establecidas para cada una de las Estrategias de Desarrollo Local de los GDR, las cuantías máximas de las subvenciones o los criterios de selección de cada caso. Asimismo, en este apartado de Internet se encuentra también a disposición de los interesados el modelo normalizado de solicitud de las ayudas. 

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN




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