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Mostrando entradas con la etiqueta Lienzo de Babel [Daniel Guerrero]. Mostrar todas las entradas
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  • 1.7.19
Ha sido noticia, y no ha habido barra de bar donde no haya sido comentada, el hecho de que un juez argentino haya sentenciado que una orangutana, llamada Sandra, tenga derechos como “persona no humana” y que, como tales, sean reconocidos, respetados y protegidos por ley. Ello ha provocado que más de un cliente de esas tabernas se llevara las manos a la cabeza para acompañar con gestos un comentario de burla con el que se mofaba no solo del mono, sino también del magistrado.



Y es que, en esos ambientes de cultura desinhibida, que los animales posean derechos como las personas, era lo último que cabía escuchar y menos aún entender, sin perder, eso sí, la sed. De ahí que la conclusión fuera aplaudida por la concurrencia: "Llene aquí, maestro, antes que vengan los monos a quitarnos la cerveza".

Podría parecer trivial la reacción del parroquiano de tasca, pero no es así. Ante un asunto que concierne a media población –en un cálculo a voleo– que es dueña de animales de compañía y que, de alguna manera, adquiere obligaciones de respetar normas y derechos reconocidos a sus mascotas, la reacción pone de relieve, a través de los comentarios que genera, un grado de ignorancia e irresponsabilidad alarmante.

Es verdad, por supuesto, que ningún ciudadano acoge en su casa a un homínido o gran simio, que son los animales que se reconocen como “persona no humana”, en cuanto sujetos de derecho, a nivel jurídico, por sus especiales especificidades cognitivas y una sensibilidad que evidencia rasgos de cierta conciencia e inteligencia. Pero que no tengamos monos en nuestras casas, sino en los zoológicos, no significa que gatos, perros, pájaros o peces, por ejemplo, no sean merecedores de consideración y respeto en tanto seres vivos y sensibles. Y es este aspecto el que me gustaría matizar.

Porque, si nos reímos de las normas que amparan a los animales más cercanos a nosotros en la escala evolutiva, cómo nos comportaremos con los que consideramos criaturas inferiores que sólo nos sirven de esparcimiento y diversión.

Aunque España suscribió, en 2015, el Convenio Europeo que establece que nadie debe infligir innecesariamente dolor, sufrimiento o angustia a ningún animal de compañía, todavía queda mucha labor de concienciación para erradicar el comportamiento de dueños que maltratan, no cuidan o abandonan a sus animales de compañía cuando les estorban o pierden interés por ellos. Y es que el deseo por adquirir una mascota parece ligado a modas pasajeras, incluso para satisfacer caprichos de los hijos, antes que a un convencimiento meditado de dar protección a un animal, responsabilizándonos de su salud y bienestar.

Está estudiado que, en nuestras ciudades de soledades multitudinarias, el cuidado de animales de compañía viene a compensar el progresivo alejamiento del medio rural y satisfacer una nostalgia romántica de la naturaleza, como constata la socióloga Belén Barreiro en su libro La sociedad que seremos (Planeta, 2017), citado por Luis García Montero en Las palabras rotas (Alfaguara, 2019).

Sin querer nos delatan nuestros comentarios, porque detrás de las chanzas en bares se oculta una actitud o unas tendencias de menosprecio hacia animales que consideramos inferiores y carentes de derechos, a pesar de ser seres tan vivos como nosotros y con capacidad de sentir dolor, angustia o sufrimiento, pero también afectos y empatía hacia sus cuidadores, a quienes han dado, en innumerables ocasiones, muestras de una fidelidad y entrega inconcebibles.

Sin embargo, todavía es bastante común, cada verano, los relatos sobre perros abandonados por sus amos en carreteras y gasolineras mientras partían de vacaciones, caballos reventados por agotamiento o de hambre durante romerías o excursiones ecuestres, galgos colgados de cualquier rama cuando ya resultan inútiles para las carreras y hasta de peces asfixiados en su propia pecera por falta de alimentación o aporte de agua limpia cuando sus propietarios tuvieron que ausentarse un tiempo.

Tales comportamientos denotan que algunos propietarios consideran a sus animales de compañía simples artículos de consumo de usar y tirar, sin valorar que sus vidas no son desechables como un objeto y que moralmente están comprometidos en no infligirles ningún sufrimiento innecesario. Máxime cuando la posesión de un animal doméstico obedece a un acto al que no estamos obligados.

Pero invertir la relación es igualmente preocupante, puesto que dispensar a las mascotas un trato como si fuesen humanos y miembros de la familia suele ser síntoma, más bien, de un trastorno afectivo, de alguna carencia emocional, que lleva a confundir al animal con un ser humano, incluso con un hijo.

Humanizar las mascotas y los animales de compañía es una forma de violencia que afecta a sus instintos como abandonarlos en un descampado cuando nos molestan. Establecer un vínculo emocional tan intenso es desaconsejable tanto para el animal como para su propietario.

Por un lado, arranca al animal de su hábitat natural y condiciona su comportamiento a nuestras atenciones y caricias. Y lo que es peor, lo expone a sufrir ansiedad, temor y frustraciones cuando no recibe el trato al que estaba acostumbrado. Y por otro, el dueño focaliza un amor tan exagerado que lo induce a considerar al animal como si fuera un ser humano, una atención tan “personalizada” que a veces es fruto de la pérdida de afectos en el ámbito familiar u otras patologías de orden psicológico.

Hay que respetar y querer a los animales como son por su condición y, a ser posible, en su entorno natural, sin forzarlos a adaptar sus instintos y sus comportamientos en función de nuestras apetencias o nuestras necesidades de diversión y compañía.

Perros, gatos, peces o monos tienen derecho a la vida y a vivirla en el ambiente en el que se han desarrollado y de acuerdo a su condición animal. Ello implica que, gracias a nuestra comprensión del proceso evolutivo por el que la hominización nos transformó de primates en humanos, reconozcamos a los homínidos antropomorfos, por su intelecto y cercanía biológica, como “persona no humana”.

Se trata de una manifestación de nuestra inteligencia, un avance moral y una consecuencia de la comprensión de nuestro lugar como especie animal, cuya cúspide ocupamos. En definitiva, un hecho para alegrarse, no para hacer chanzas dando muestras de ignorancia.

DANIEL GUERRERO
  • 23.6.19
El Gobierno de derechas de Andalucía –de dos cabezas y una cola de intenso pelaje azul–, que hace menos de seis meses desalojó a los socialistas del poder tras detentarlo durante 36 años ininterrumpidamente, no hace más que presumir de medidas de fuerte contenido social, mucho más sociales que las de los socialistas, con las que intentan ocultar su ideología política y sus intenciones neoliberales de adelgazamiento de la Administración Autonómica respecto de lo que consideran “gasto” o “despilfarro”, destinado a corregir desigualdades o brindar oportunidades a los más desfavorecidos.



Llama la atención ese afán por destacar en lo que siempre ha despreciado y menos le importa a la derecha: invertir recursos públicos en medidas supuestamente sociales o “progresistas”. Incluso, hace uso de esa etiqueta (“los más sociales de la historia”) para calificar al proyecto de Ley de los primeros Presupuestos que el Gobierno, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha remitido al Parlamento andaluz para su trámite y aprobación, encontrándose no sólo con el rechazo de la oposición, sino con una enmienda a la totalidad de Vox, la formación de ultraderecha, su socio parlamentario y, por tanto, la cola inseparable del Ejecutivo.

Como cabía esperar tras el teatral desencuentro, al final los ultras retiraron su veto a los Presupuestos andaluces una vez ejecutado el trueque de cromos que realizaron en Madrid los líderes de estas tres derechas para acordar exhibir una complicidad menos hipócrita entre ellas en aquellos municipios y gobiernos regionales donde puedan repetir el “modelo andaluz” de explícita tricefalia, pero ya sin cola: repartiéndose cargos y prebendas.

Y es que esa cola indisciplinada constituye en realidad la cabeza del león, en tanto en cuanto domina el quehacer gubernamental, imponiéndole las metas e iniciativas a seguir (violencia intrafamiliar, quitar recursos a la inmigración, reducción de “chiringuitos” de la Administración, etc.), como acaba de demostrar en Andalucía a la hora de condicionar los Presupuestos de los próximos años.

De ahí que, ante la imposición por parte de Voz de “derechizar” cuanto antes la realidad social y política de Andalucía, que sus socios asumen pero que preferirían dosificar, el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos intenta exhibir una máscara social que disimule sus reales intenciones conservadoras y neoliberales.

Pretende ocultar lo que hace cuando gobierna, como, por ejemplo, en Madrid, Murcia, Galicia y Castilla y León, comunidad esta última donde, por cierto, el PP acapara el poder desde hace 30 años sin merecer el insulto (a los votantes) de “régimen” con el que calificó en Andalucía a los gobiernos del PSOE. Allí, permanecer en el poder durante décadas, es democracia; aquí, tal longevidad conseguida en las urnas, es sinónimo de “régimen” clientelar de votantes sobornados. Así de descarada y faltona es la derecha.

Por eso, desde el primer minuto, el gobierno tricéfalo de la Junta de Andalucía ha emprendido una campaña por aparentar ser el más “social” de la historia. No hay duda de que sabe vender sus primeras iniciativas, las más estratégicas y mediáticas, para ganarse la confianza de los ciudadanos. Así, ha bonificado al 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que grava herencias a partir del millón de euros. Se supone que era lo que demandaba la ciudadanía, sobre todo los trabajadores y clases medias.

Por el mismo motivo, también ha descubierto, en un tiempo récord, que los anteriores gobiernos “maquillaban” el volumen real de las listas de espera de la sanidad pública, razón por la que ha puesto en marcha, con su correspondiente campaña mediática, un “plan de choque” para reducir tales listas en los hospitales del SAS (Servicio Andaluz de Salud) y, si fuera necesario, “externalizarlas” a clínicas privadas que mantengan conciertos con la sanidad pública.

Y como, al parecer, ya existe financiación sin recortes (que impuso el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2012), la derecha gobernante en Andalucía anuncia, a bombo y platillo, que los nuevos contratos de eventuales en la sanidad serán, como mínimo, de seis meses de duración; que ampliarán unas plantillas depauperadas precisamente a causa de aquellos recortes; que pagarán horas extras sin límites; que adquirirán decenas de TAC y Resonancias Magnéticas y, por supuesto, que suspenderá de inmediato la “ideológica” subasta de medicamentos que aplicaba el antiguo Ejecutivo andaluz y se sumará a la central de compras nacional, centralizada en Madrid.

Lástima que este último anuncio choque con lo recomendado por la AIReF, puesto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aconseja aplicar a escala nacional el sistema andaluz de subastas de medicamentos, que supondría un ahorro de hasta 1.000 millones de euros hasta 2022. En fin…

Que la derecha pretenda parecer más “social” que la izquierda, puede ser una estrategia a corto plazo y dirigida a los más ingenuos, pero que, a la larga, no engaña a nadie ni sirve para nada. Porque, tarde o temprano, acaba comportándose tal cual es: favorecedora de las élites y el capital, con intenciones de adelgazar al Estado para que el mercado satisfaga las necesidades de los ciudadanos, deseosa de imponer su modelo social (elitista y tradicional), económico (capitalista) y moral (católica que tutela a la sociedad) a toda la población, incluida la que no le vota ni comulga con sus ideas.

Es intolerante y sectaria, y contraria acérrima del gasto “social”, aunque ahora pretenda emular una preocupación por la inversión pública en materias de esta naturaleza. Pura estratagema coyuntural con fines, no sociales, sino electoralistas.

Tras los planes de choques contra las listas de espera vendrán “externalizaciones” de más servicios y prestaciones sanitarias; tras los derechos de los padres a una educación “a la carta”, aparecerán más conciertos con colegios privados segregacionistas y católicos; tras la central de compras de medicamentos, retornarán los copagos en función de la renta o los intereses farmacéuticos; tras la bajada de impuestos (directos, naturalmente), florecerán los impuestos indirectos que no discriminan según los ingresos ni suponen ninguna progresividad fiscal; tras todas las supuestas bondades “sociales” ahora expresadas por la derecha, acabarán imponiéndose condicionantes de “sostenibilidad” o rentabilidad que las cercenarán de las partidas presupuestarias y de los programas políticos. En definitiva, se caerá la máscara social de la derecha. Y si no, al tiempo.

DANIEL GUERRERO
  • 16.6.19
¿A qué fue Donald Trump al Reino Unido? El momento de la visita no podía ser más inoportuno: con la primera ministra británica dimitida, aunque en funciones, y con el problema del Brexit más enconado que nunca, sin acuerdo para una salida “ordenada” de Inglaterra de la Unión Europea. Como si escogiera la fecha adrede, el presidente de EE UU parece que fue a Gran Bretaña a echar gasolina al fuego y a pavonearse ante la reina como un vaquero que aprecia más sus reses que a sus vecinos y que desprecia lo que ignora, aunque lo lleven a un concierto de música clásica, rodeado de lores y demás aristócratas ingleses.



El presidente-empresario, cuyo mérito ha consistido en amasar una fortuna que le ha permitido codearse con lo más rancio del Partido Republicano para, con “ayuda” soviética y de la mano de Steve Bannon, auparse a la Casa Blanca y vestir la chaqueta de comandante en jefe del mayor y más poderoso ejército del mundo. No es triunfo despreciable, pero para el que no está capacitado. Y lo demuestra cada vez que abre la boca, escribe un tuit o hace una visita al extranjero, como ésta a la pérfida Albión.

Fiel a su estilo faltón y provocativo, el más extraño a los usos diplomáticos, Trump “caldeó” su visita publicando tuits ofensivos contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, al que calificó de “perdedor irrecuperable”, por haber criticado su visita, y de ser un alcalde terrible para la ciudad, tal vez porque en ella no se producen las periódicas matanzas que protagonizan los norteamericanos que poseen armas de fuego.

En otro mensaje aconsejaba al Gobierno británico abandonar la UE, sin pagar ninguna factura, y cuestionaba a la premier Theresa May por su fracaso en las negociaciones del Brexit, motivo de su dimisión, al tiempo que mostraba sin recato su apoyo al euroescéptico Boris Johnson como sucesor de ella en Downing Street.

También se permitía recomendar al eurófobo Nigel Farage –líder del partido ultranacionalista que provocó el referendo de la discordia– responder con “taza y media” a los negociadores burócratas de Bruselas. Esta fue su manera de tratar a los anfitriones de su visita oficial al Reino Unido, con una cortesía propia en establos, además de mostrar su particular visión sobre las relaciones internacionales y la consideración que le merecen los países aliados de EE UU.

Aquella regla no escrita de la diplomacia, relativa a obviar en las visitas de Estado cualquier alusión que pueda considerarse una intromisión en los asuntos internos del anfitrión, fue olímpicamente pisoteada por el impulsivo presidente Trump. A él no le van las sutilezas.

Claro que su comportamiento tampoco ha cogido por sorpresa a nadie. A estas alturas de su mandato, el mundo entero conoce al procaz presidente norteamericano y su forma de proceder, en la que no escatima insultos, amenazas y descalificaciones groseras para conseguir sus propósitos.

Con esa estrategia fue al Reino Unido, obsesionado por conseguir que el país consuma su separación de la Unión Europea, ofreciéndole para ello el mejor y más goloso acuerdo bilateral de ayuda comercial jamás firmado entre ambos países, como si el resto de Europa sea el enemigo.

Es la misma estrategia que está llevando a cabo con su plan-haraquiri de Palestina, a la que también promete ayuda futura, si firma la rendición que su yerno le ofrece para acabar con su conflicto con Israel, al que todo le consiente sin rechistar. En suma, es su forma de hacer negocios: presionar, amenazar y chantajear. Y cree que gobernar se hace de igual modo.

Los ingleses deberían tener en cuenta, antes de firmar nada, la validez que Trump concede a los acuerdos y tratados que asume, como el de Libre Comercio con México y Canadá, el cual ignora a la hora de elevar arbitrariamente los aranceles de lo que importa del país centroamericano para chantajearlo por el problema migratorio.

Ni la palabra ni la firma del actual presidente norteamericano sirven para garantizar ningún compromiso, sea económico o político, que permita unas relaciones entre países en condiciones de respeto y equidad. Ya lo demostró con el abandono del Acuerdo sobre el Cambio Climático, su desvinculación con el suscrito con Irán para el control de su plan nuclear y hasta con su denuncia del Tratado de limitación de misiles balísticos con Rusia.

Su “America first” se traduce como “el negocio, lo primero”: ganar en todos los campos en los que EE UU está implicado, aunque ello comprometa el equilibrio y la convivencia pacífica entre las naciones.

Y por eso fue al Reino Unido: a apoyar, prometiendo en tal caso un acuerdo “fenomenal”, un Brexit duro cuestionado por una mayoría de ingleses –de ahí las resistencias a celebrar un segundo referendo–, y que debilita el proyecto de una Europa unida, a la que combate por todos los medios posibles y a la que amenaza con represalias si continúa con los planes para dotarse de una fuerza militar conjunta y autónoma que de alguna manera escape de la dependencia, no militar pero sí comercial, con la poderosa industria armamentística yankee.

Más que la seguridad, persigue el beneficio y la preponderancia comercial. Si la moneda europea y Airbus ya hacen competencia al dólar y a la industria de aviación y aeroespacial de EE UU, Donald Trump no está dispuesto que la UE se fortalezca en otros ámbitos, como el militar y hasta el automovilístico.

Busca dividir a los países miembros de la UE con sus proclamas ultranacionalistas y aislacionistas, alentando por un lado el Brexit británico e incubando, por el otro, la eurofobia a través de partidos ultraderechistas que, con ayuda de Bannon, esparce por todo el Continente. Su exigencia de que los países europeos destinaran mayores recursos a Defensa no significaba que se fortalecieran, sino que aumentaran sus compras militares a empresas norteamericanas.

Su mentalidad empresarial, que no de hombre de Estado, es la que lo impulsa, también, a abrir una guerra comercial con China, no por los peligros de seguridad a los que alude como pretexto –el país que más espía a través de Internet, telefonía y redes sociales es EE UU–, sino por su aventajado dominio en tecnología 5G, la que impulsará un salto cualitativo en la comunicación, las redes sociales y en el ecosistema del Internet de las Cosas.

Huawei no representa mayor peligro para los usuarios que Google, Facebook o Microsoft, cuyos abusos de posición empresarial dominante y por utilización de la información supuestamente confidencial que disponen de sus clientes han sido repetidamente demostrados. El peligro real es la política expansiva de China como potencia emergente a escala internacional, capaz de competir con la supremacía estratégica de USA en el mundo. Pero Trump sólo advierte de la competencia económica y comercial que representa China para los intereses de EE UU.

Su capacidad intelectual y sus modos rústicos no dan para más, para disgusto de sus compatriotas más ilustrados y preocupación para las personas sensibles del mundo, las cuales temen acabar sufriendo las consecuencias de sus bravuconadas.

No es de extrañar que su visita oficial al Reino Unido desatara las manifestaciones ciudadanas en su contra, aunque él las considere fake news, los recelos de buena parte de la clase política, incluidos los conservadores –Boris Johnson evitó fotografiarse junto a él– y la incomodidad de la monarquía y el Gobierno británicos, a pesar de su flema, con la presencia de un presidente tan imprevisible como osado (como la ignorancia), al que la propia May tuvo que explicarle cómo es el Sistema Nacional de Salud inglés ante su pretensión de incluirlo en las negociaciones sobre el futuro acuerdo “fenomenal”.

Aparte de entrometerse en la decisión de un probable abandono de Gran Bretaña de la UE y su interés por causar la división entre los países europeos, muchos se preguntan: ¿A qué fue Donald Trump al Reino Unido? Parece evidente que no fue a conmemorar el 75 aniversario del desembarco en Normandía, del 6 de junio de 1944, con el que dio comienzo la fase final de la II Guerra Mundial hasta la rendición del Ejército de Hitler.

No ofreció ni un discurso en el Parlamento –donde no fue invitado– ni una ofrenda de flores por aquellos luchadores aliados, liderados por unos EE UU diametralmente opuestos a la mentalidad que encarna Trump (insolidario, aislacionista, unilateral, xenófobo y reacio a liderar la lucha por la democracia, la libertad y la paz en el planeta), que entregaron sus vidas por liberar a Europa de las garras del nazismo.

Es lo que hubiera hecho un político de talla de gran estadista, pero lo que no se le ocurre a un mercanchifle de luces cortas metido en política. Como si lo empujaran para figurar, sólo acudió, junto a otros 15 líderes mundiales, al acto celebrado en la ciudad de Portsmouth, desde donde partieron las tropas aliadas rumbo a Normandía. La mayor hazaña de EE UU en defensa de los valores occidentales por un mundo libre, sin importar el precio, quedó relegada a los intereses mezquinos y sectarios del populista Donald Trump. Para eso, mejor que no hubiera ido al Reino Unido.

DANIEL GUERRERO
  • 9.6.19
Noa era una adolescente holandesa que ha preferido morir a seguir soportando las secuelas psíquicas que le dejó el maltrato de una vida corta pero desafortunada y una sociedad enferma. Tenía 17 años, había sufrido abusos sexuales a los 11 y 12 años de edad, y fue violada a los 14 años, hechos que le provocaron un trauma tan intenso que derivó en un sufrimiento psíquico que hacía su vida insoportable.



No soportaba la vida ni su cuerpo, al que castigó con una anorexia por la que acabó internada a la fuerza durante seis meses, lo que agravó su ansiedad y tendencias suicidas, y más tarde hospitalizada para ser alimentada a través de una sonda nasogástrica. Los médicos se afanaban por salvar su cuerpo, pero su alma estaba destrozada.

Tenía padres y dos hermanos: uno, varón y, el otro, chica, como ella. Ni su familia, que se había volcado en ayudarla, ni los médicos, que hicieron lo propio, ni la sociedad, que apenas reacciona, pudieron salvarla. Hundida en el pozo negro de su dolor y desesperación, decidió dejar de sufrir y entregarse a la muerte.

Causa espanto que un adolescente, en plena flor de la vida, no encuentre sentido a su corta existencia por culpa de los golpes que ha recibido. Pero más espanto produce que, en una sociedad avanzada y supuestamente civilizada, un niño o una niña esté expuesta a abusos sexuales en su etapa escolar y sea víctima de violación nada más alcanzar la adolescencia.

Y que ni leyes, ni la educación, ni los pocos o muchos recursos dedicados a ello logren erradicar esa enfermedad que convierte a nuestras sociedades en una selva para los depredadores sexuales, camuflados en esa atmósfera machista y patriarcal tan insana que la impregna.

Duele decir adiós a Noa, tan injustamente tratada a pesar de su juventud, y da asco pertenecer al mundo podrido que ella ha abandonado voluntariamente, asqueada de su maldad. Quiso aliviar su sufrimiento con el libro Winnen of leren (Ganar o aprender), que escribió a los 16 años para explicar y compartir su sufrimiento, confiando en que contribuyera a mejorar la atención que reciben los jóvenes en trances como el suyo.

Y aunque ganó dos premios literarios, no sirvió a sus propósitos: ni la rescató de los problemas psicológicos que le causaron las agresiones sexuales ni motivó que la sociedad prestara más interés a combatir la lacra que padece.

Solo podemos pedirle perdón por contribuir, con nuestra insensibilidad y pasividad, al infortunio con que la vida la ha maltratado. Perdón por formar parte de una sociedad que es incapaz de proteger a los débiles y vulnerables, como ella. Y perdón por no poder desterrar esa mentalidad machista que convierte a algunos hombres en animales y asesinos, ofuscados en satisfacer sus impulsos sexuales. Adiós, Noa. Y perdón.

DANIEL GUERRERO
  • 2.6.19
Para muchos, ha llegado la hora de la normalidad, entendida como la vuelta a los afanes cotidianos, a los problemas nada livianos del día a día de la gente pero que los hacen sentir protagonistas de sus vidas y responsables de su futuro. El trabajo, la familia y el bienestar propio serán, a partir de ahora, el motivo que centrará su atención y no la política de confrontación y crispación que ha caracterizado en estos últimos años la obsesiva realidad española.



Después de un período, desde 2015, de incertidumbres y sobresaltos, en el que han acontecido tres elecciones generales, con una exitosa moción de censura de por medio, dos consultas autonómicas en Cataluña, con –también de por medio– un referéndum ilegal y una proclamación de la república que se dejó en suspenso y ocasionó la huida del presidente de la Generalitat y el encarcelamiento de otros miembros de aquel gobierno secesionista, más otros comicios en Andalucía que desalojaron a los socialistas del poder tras 36 años y abrieron las puertas a la ultra derecha, convirtiéndola en socio parlamentario del nuevo gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, parece, pues, que, al fin, llega la hora de la estabilidad política y la normalidad en la gestión de la cosa pública en España. No se esperan nuevas elecciones hasta dentro de cuatro años. Hacía falta esa tranquilidad, cuando menos, electoral.

El nuevo ciclo político que se presta comenzar zanja la excepcionalidad de estos últimos cuatro años tan revueltos, en los que un presidente del gobierno en funciones ha estado seis meses sin ser investido por el Congreso; otro ha ocupado el cargo sin ser diputado y sin mediar elecciones; un partido político ha sido condenado por corrupción por primera vez en democracia; una autonomía ha sido suspendida de sus competencias y ha estado dirigida desde el poder central; políticos presos han resultado elegidos en las últimas elecciones para de nuevo ser inhabilitados de sus cargos como diputados y senadores mientras sean juzgados en el Tribunal Supremo; un novísimo partido constitucionalista veta al más antiguo partido político democrático de la actualidad; y la misma fuerza de ultra derecha que emergió en Andalucía se configura como clave para gobiernos de la derecha en algunas autonomías y alcaldías del resto de España.

Con todo, los temores al avance de formaciones radicales ultranacionalistas, xenófobas y antieuropeas no ha sido tan determinante ni en nuestro país ni en Europa, aunque ha fragmentado la representación en todos los ámbitos de la política (municipal, autonómica, nacional y europea). Tampoco los “viernes sociales” despilfarradores de los que se acusaba al anterior gobierno surgido de la moción de censura han lastrado el rumbo de recuperación de la economía española, el más vigoroso entre los países de la UE.

De hecho, han convertido al partido socialista en el más importante de su familia en la Eurocámara y la primera fuerza política de España, a pesar del veto que le impuso la derecha emergente anaranjada, obligada ahora a pactar con él si no quiere ser tachada de apéndice de la ultraderecha.

De los inmigrantes ni nos acordamos ya –y eso que nos iban a invadir– hasta la próxima oleada de pateras, el Brexit se encamina hacia una salida brusca que fagocita a cuantos en el Reino Unido lo gestionan, Trump sigue envalentonado en su guerra contra el resto del mundo, no sólo con México, Venezuela, China e Irán, y el calor se va apoderando del aire que respiramos para recordarnos que el verano está al caer.

La cotidianeidad, con sus oscilaciones, se instala progresivamente en la rutina del país y en la de sus gentes, quienes han votado por enésima vez demostrando más sensatez y sentido común que esos políticos que intentaron trasladar a ellos su sectarismo e intolerancia.

Ahora, los ciudadanos confían en que la normalidad cunda entre diputados y concejales para que se ocupen de resolver los problemas que afectan a la población y trabajen por el bien común y la convivencia pacífica entre los españoles, con lealtad a las instituciones y respeto a la Constitución y las leyes.

Esperan que desempeñen sus cargos públicos para conseguir unos pueblos y ciudades cuyo urbanismo responda a las necesidades de sus habitantes y no a las de la especulación inmobiliaria, que faciliten las condiciones para la creación de empleo estable y de calidad, que defiendan el medioambiente y la sostenibilidad de nuestro hábitat y que impulsen medidas para erradicar los vicios que arraigan la desigualdad y la injusticia social.

Tras las broncas políticas tácticas del pasado reciente, quieren que todos, desde la posición alcanzada por cada cual, se empeñen codo con codo en hacer avanzar a España, potenciar su economía y su dinamismo industrial, comercial, cultural y artístico para que la riqueza nacional revierta en el progreso y la prosperidad del conjunto de los españoles, sin distinción.

Y en reforzar nuestro Estado de bienestar para asegurar nuestros derechos y libertades. Piensan que es hora ya de dejar de mirarse el ombligo y otear el futuro con generosidad y honestidad, atendiendo a lo común antes que lo individual o partidista.

Los que votan reconocen que ahora viene lo difícil, que accedemos, con un poco de suerte, a una rutina, en un escenario fragmentado, que obliga a pactos y acuerdos alcanzados con altura de miras y voluntad de entrega a la causa del bien común.

Que ahora vienen cuatro años por delante en los que demostrar que el verdadero interés que mueve a nuestros políticos es el interés general y no el particular ni el rédito electoral. Y de asumir la política, en el día a día, como un medio para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y no un fin para la ambición personal.

Hartos de vivir en permanente tensión y de votar cada seis meses sin necesidad, los españoles aspiran a que la normalidad sea el signo del nuevo período que ahora se abre tras las últimas y definitivas elecciones generales del domingo pasado.

Con la última papeleta, y a pesar de todos los problemas, sólo aguardan que no se frustren los deseos que han expresado en las urnas: pluralidad, convivencia, democracia y concordia en un país en el que cabemos todos y juntos somos grandes y poderosos. Los españoles, con su conducta democrática y participación colectiva, persiguen vivir con normalidad un proyecto conjunto de paz y libertad. Es lo que esperan y anhelan, merecidamente. Normalidad.

DANIEL GUERRERO
  • 24.5.19
Europa, el proyecto más ambicioso de unidad política entre las naciones del Viejo Continente, se juega su futuro en las elecciones al Parlamento europeo del próximo domingo, en las que participan cerca de 380 millones de personas, mayores de 18 años, repartidas entre los 28 países miembros. España elegirá a 54 de los 751 diputados que componen el Europarlamento, la institución que representa a los ciudadanos y la encargada de elaborar las leyes, junto al Consejo, aprobar el presupuesto de la Unión Europea (UE) y controlar al Gobierno europeo.



Su importancia, por tanto, es capital para los ciudadanos porque, por decisión democrática de todos ellos, es cómo se fija el rumbo y se establecen los mecanismos de la maquinaria comunitaria. Pero, en esta ocasión, estas elecciones vienen impregnadas de un serio peligro, por cuanto el proyecto de unidad y los valores que lo animan están amenazados por la presencia en las instituciones de la UE de una serie de partidos radicales antieuropeos que persiguen destruir, desde dentro, el mayor logro jamás conseguido por la paz, la democracia y la prosperidad en esta parte del mundo llamada Europa, solar de dos guerras mundiales a las que nos condujo nuestra desunión y enemistad.

Y es que un proyecto complejo y singular de unión de países soberanos, sin constituir una federación –como los Estados Unidos de América– ni diluirse en un ente interestatal de nuevo cuño –como la ONU–, sino compartiendo soberanía para ser más fuertes y tener mayor capacidad de influencia en el mundo, representa un reto que desata la ojeriza de las potencias establecidas y de las fuerzas nacionalistas que temen perder privilegios.

Son muchos, pues, los enemigos externos, pero sobre todo desde el interior del propio Continente, que desean la desaparición de un proyecto comunitario capaz de convertirse –como ya lo es–, por la suma de las fuerzas de los países que lo integran, en un interlocutor poderoso e imprescindible a escala planetaria por su potencialidad económica, política, cultural y social.

No cuesta trabajo imaginar que tanto Donald Trump como Vladimir Putin encarnan esas amenazas externas, pero no se subraya lo suficiente el enorme peligro que representan para la UE las formaciones ultranacionalistas y eurófobas que pretenden constituir el tercer grupo del Parlamento europeo, por número de escaños, si logran alcanzar tal representatividad en las próximas elecciones. En nuestro voto está la posibilidad de materializar o despejar tal peligro que mantiene a Europa en la encrucijada más seria de su existencia.

Realmente, los ciudadanos europeos, en general, y los españoles, en particular, desde que accedimos al club en 1986, se juegan mucho en estas elecciones que deciden el futuro de la UE. La pertenencia de España a la Unión Europea ha consolidado nuestra democracia y ha fortalecido sus instituciones, obligadas a regirse por los parámetros democráticos de rigor y transparencia que se exigen desde Bruselas. Sin democracia no es posible el acceso al proyecto comunitario de Europa. Ni fuera de ella se disfrutaría de la libre circulación y residencia de los ciudadanos europeos en todos los Estados miembros.

Con Europa hemos comenzado a viajar al extranjero y sentirnos como en casa en cualquier habitación de este hogar común, sin necesidad de pasaporte ni cambiar de moneda. Incluso para trabajar, puesto que formamos parte de un mercado único en el que también los trabajadores, las mercancías y los capitales circulan libremente.

No obstante, nada de lo anterior puede darse por sentado, ya que los partidos de ultraderecha pretenden recuperar las fronteras y proteger sus negocios nacionales con aranceles intracomunitarios y controles aduaneros para las personas. Un peligro que se evidencia con el Brexit del Reino Unido y las proclamas antieuropeas de Matteo Salvini en Italia, Jean-Marie Le Pen en Francia, Viktor Orbán en Hungría o Santiago Abascal en España, entre otros.

Nada es seguro y todo está en juego en estas elecciones al Parlamento europeo. Unas elecciones tan decisivas para el futuro de la Unión Europea como aquella primera piedra del proyecto que se puso, en 1952, con el acuerdo de constituir una Comunidad Europea del Carbón y del Acero con la que empezamos a compartir recursos.

Desde entonces, la UE ha conseguido muchos logros de los que España se ha beneficiado. Más de 40.000 estudiantes españoles han tenido oportunidad de realizar estancias en otros Estados para cursar estudios bajo el programa Erasmus. Gracias a los planes de convergencia y las políticas de cohesión, nuestro país fue receptor de recursos económicos que modernizaron infraestructuras y adaptaron su economía para el desarrollo en igualdad de condiciones con la Europa más avanzada. Y participamos de un mercado único de bienes y servicios que abarca a veintiocho países, con más de 500 millones de ciudadanos y potenciales clientes.

También asumimos los valores de la UE en el ámbito internacional, como son promover la Democracia, el Estado de derecho, los Derechos Humanos y la Libertad, el respeto a la dignidad humana y los principios de igualdad y solidaridad con otros países y organizaciones del mundo. Y afrontamos retos conjuntamente, como el cambio climático, la desigualdad y la pobreza, y el fenómeno de la inmigración y los refugiados que huyen de países de nuestro entorno continental.

Incluso podemos enfrentarnos con más fortaleza a desafíos, convirtiéndolos en oportunidades, que un país en solitario no podría afrontar, como la guerra comercial que ha desatado Trump entre EE UU y China y sus amenazas de imponer aranceles a las exportaciones comunitarias hacia su país, ignorando cómo funcionan las cadenas de valores en una economía global e integrada.

También, hay que reconocerlo, la UE ha sido prolija en decepciones y quebraderos de cabeza, con esas políticas de austeridad intransigente que impuso para combatir la última crisis económica y que tanto han empobrecido a la población de sus socios más vulnerables y débiles, como Grecia, Portugal y España.

Y con su actitud vacilante y poco unitaria –y humanitaria– frente al problema de la migración y los refugiados, despertando el recelo y los resentimientos de una parte importante de la población en Europa, cuyos temores han servido para alimentar el despertar de los partidos xenófobos, racistas y ultranacionalistas de extrema derecha en el Continente.

Y, ahora, estas formaciones filofascistas, que niegan la esencia de Europa –sus valores y principios– y aprovechan los miedos exacerbados para convertirlos en un problema nacional de identidad, quieren tener capacidad de influencia dentro de la propia UE para desnaturalizarla y destruirla desde dentro.

Su objetivo manifiesto, tras los resultados que consigan en estas elecciones al Parlamento europeo, es coordinarse para constituir un bloque, similar al de conservadores y progresistas, de euroescépticos y antieuropeos. De hecho, muchos de ellos, como Le Pen, Wilders y Orbán, se congregaron en Milán, invitados por Salvini, para cargar contra la UE, los inmigrantes, el islam y la “oligarquía” de esa élite de “extremistas” que han gobernado Europa en los últimos 20 años. Nada de lo avanzado les parece positivo.

Si permitimos, con nuestro voto, que estos grupos infecten con su odio y radicalidad las entrañas de Europa y su proyecto de unidad, que no sólo nos ha proporcionado mayor fortaleza que por separados, sino que además es el mayor proveedor de programas de ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria del mundo, estaremos retrocediendo en la Historia y retornando a las viejas naciones enfrentadas y egoístas, empeñadas en combatirse mutuamente hasta la aniquilación.

Tal es la encrucijada a la que se enfrenta Europa en estas próximas elecciones. Y tal es el problema que a todos nos afecta, porque Europa no es algo lejano y extraño, sino nuestra realidad cotidiana e inmediata. Afortunadamente, somos Europa aunque nos pese y somos ciudadanos europeos, amparados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que disfrutan de un lugar privilegiado de libertades y derechos como pocos en el mundo. No es cuestión de echarlo todo por la borda.

DANIEL GUERRERO
  • 19.5.19
Una vez más (¿cuántas?), los “sentimientos religiosos” (eufemismo para referirse a creencias) han de acudir a un Código Penal obsoleto para que nadie ose, en uso de su libertad de expresión, ni siquiera de forma artística, opinar, valorar, cuestionar o recrear (pintura, teatro, música, etcétera) lo que no dejan de ser simples creencias o supersticiones que se consideran intocables, como si fueran verdades absolutas irrefutables e indiscutibles, cual la Ley de la Gravedad.



Otra vez, una fe (insisto: una creencia, legítima pero particular), sumamente suspicaz y aparentemente débil o vulnerable, ha de ser protegida por un Código Penal que distingue como delito cualquier manifestación que pueda interpretarse como “ofensiva”, es decir, que rebaje el absolutismo de una verdad religiosa que ni es absoluta ni es verdad, sino simple elucubración mental con ambición de trascendencia, semejante a la de quienes consideran “sagradas” a las vacas y, por ende, intocables y divinas. El sentimiento religioso de los que veneran a las vacas también podría sentirse “ofendido” si cuestionas que son simples animales que a la parrilla están sabrosísimos. ¡Blasfemia!

Los quisquillosos de una fe tan frágil han vuelto a acudir a la Justicia para que retire (censure) una exposición en Córdoba (la ciudad sede de una Mezquita que el Obispado provincial se empeña en rebautizar como Catedral) que muestra obras pictóricas de 14 artistas con las que reivindican, bajo el título Maculadas sin remedio, una feminidad más profunda que “critica” el mito religioso de la Inmaculada Concepción y otros estereotipos patriarcales que ocultan la sexualidad de la mujer.

Tras el dedo acusador de la denuncia, presentada –¡cómo no!– por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox (partidos “constitucionalistas” que velan por la religiosidad de un país que la Constitución declara “aconfesional” –parece que a esta parte de la Constitución le prestan menos atención–), surge el fanatismo inquisidor, transformado enseguida en el luterano malleus Dei (martillo de Dios), que la emprende a navajazos contra los “herejes”: en este caso, la obra Con flores a María, que apareció al día siguiente rajada de arriba abajo, como haría todo buen talibán que se precie.

Y todo porque la fe es intocable y, a pesar de que el sentido común, la biología y la ciencia demuestren lo contrario, cree que una mujer inmaculada y virgen fue madre de Dios y, por creerlo así, no tolera que sea representada con la mácula irremediable de su feminidad, sus pulsiones sexuales y sus síntomas menstruales, como todas las mujeres “maculadas sin remedio” por imperativos fisiológicos de su organismo.

Los vigilantes de la fe –exclusivamente católica, por supuesto– elevan el grito al cielo por el presunto “escarnio” que supone la exhibición de un cuadro que presenta a una mujer con apariencia de la Virgen María levantándose el manto y tocándose su zona genital, lo que de inmediato es considerado un insulto a los sentimientos religiosos y los dogmas de la fe católica de la mayoría de los cordobeses.

Pero, en vez de no ir a la exposición, como haría cualquier tolerante con lo que no le gusta o disgusta, estos émulos del Santo Oficio prefieren prohibir la exposición para que nadie pueda contemplar unos lienzos, provocadores pero artísticos, que cuestionan dogmas establecidos, aunque sean religiosos.

Pierden, así, la oportunidad de respetar, ellos también, esa libertad de expresión y opinión que la Constitución reconoce a todo ciudadano, cordobés o de cualquier lugar de España, sea creyente o no. Exigen respeto quienes no respetan las opiniones de los otros, demostrando una intolerancia impropia en una democracia. Y apelan a unos intangibles y subjetivos “sentimientos religiosos” como motivo suficiente para silenciar y hasta penalizar cualquier crítica o cuestionamiento de la doctrina o ritos religiosos.

Algo inconcebible –sentirse ofendido– con otras ideas o convicciones, tanto políticas y económicas como culturales, sociales y hasta éticas o morales (menos las religiosas), en las que la crítica y la confrontación de opiniones enriquecen el debate y aclaran “sombras” que predisponen a la manipulación. Por ello, resulta obsoleto un Código Penal que contemple la ofensa al sentimiento religioso como ilícito punible.

Tampoco se entiende una fe que precisa ser defendida por los tribunales de justicia cuando se siente cuestionada por los incrédulos que no la profesan. Una fe que exige la aceptación indiscutida de su credibilidad, so pena de condenas administrativas –penales– o espirituales –el infierno– en vez de reclamar respeto, que no la sumisión, como cualquier opinión personal que, por legítima que sea, es susceptible de ser discutida, rebatida y, por supuesto, rechazada por quien no le convence ni quiere verse obligado a asumirla.

Los creyentes pueden organizar sus vidas en función de su fe, pero no imponer sus ideas a la totalidad de la población ni blindar sus creencias con una protección penal para acallar o impedir toda crítica o disenso. La fe no es ninguna ley, sino una creencia que se limita al ámbito particular del ciudadano. Como ser vegano y, no por ello, sentirse “ofendido” –y reclamar castigo penal– por quienes cuestionan y representan lo opción vegetariana críticamente en obras literarias y artísticas e, incluso, en manifestaciones públicas.

Si se puede discutir del rey, de la política económica, del aborto o de la configuración territorial de España, por ejemplo, ¿por qué no se puede disentir del mito de la inmaculada concepción o de la religión –cualquier religión– como constructos surgidos de nuestra imaginación que nos aportan consuelo y esperanza ante el misterio de la muerte y la trascendencia?

¿Por qué no reírnos de nuestros miedos? Pues eso es lo que hacen las artistas de Maculadas sin remedio: desvelar nuestras tendencias mitológicas, enfrentándolas con la realidad de nuestra naturaleza biológica. Si ello hiere su fe, ¿qué fe es esa que se ofende tan fácilmente?

DANIEL GUERRERO
  • 12.5.19
Ya lo avisa el refrán: “El que nace lechón, muere cochino”. Una frase marrana para sentenciar que los que tienen la mente enfangada desde niños, es prácticamente imposible que no dejen de tenerla sucia cuando sean adultos. Una suciedad tan incrustada en sus cerebros que, incluso llegando a ser profesores de universidad y habiendo tenido a su disposición todas las fregonas de la formación, no consiguen asear su manera de pensar y continúan chapoteando como cochinos en el fangal de los estereotipos y la carencia de valores.



Es lo que sucede con Luciano Méndez Naya, profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela, un ejemplar soberbio que ya había evidenciado su mentalidad porcina cuando se permitió opinar, desde su alta y embarrada magistratura, que la víctima de violación en el caso de La Manada “disfrutó” con aquel ataque y que debería ser ella quien habría de estar condenada por denunciar “tonterías” de “feminismo radical”. Lo pensó, lo dijo y lo difundió en vídeo a través de las redes sociales, y se quedó tan pancho retozando en su pocilga.

Pero como su condición es innata, ahora vuelve a evidenciarla al ser arrestado por agredir a su pareja cuando, tras una discusión, ella pretendía poner punto final a la relación y alejarse de semejante energúmeno. Su machismo de “pata negra” no toleraba que una hembra lo abandonara y, encima, lo denunciara, y reaccionó como cabía esperar de un ser dominado por sus pulsiones instintivas, como cualquier animal, sea de granja o salvaje, antes que por su raciocinio e inteligencia.

La mujer con la que mantenía una relación sentimental lo había denunciado por violencia machista, desencadenando la detención del profesor por parte de la Policía. Un profesor que había sido noticia, en 2016, por sus comentarios sobre el escote de sus alumnas y por lo que acabó sancionado con suspensión de empleo y sueldo por un período de dos meses.

Incapaz de escapar de su destino chiquero, la conducta de este ejemplar de machismo ibérico se desenvuelve confirmando, no solo de lo que el refranero nos previene, sino que ni la educación ni la posición económica evitan que los cerdos refinan su mentalidad animalesca y gruñan en la gorrinera como en las aulas.

A buen seguro, hasta será simpatizante de Vox, partido que no dudará en acogerlo para que se sienta acompañado de otros especímenes misóginos similares. Lo peor es que hay mujeres a las que les atrae este tipo de sujetos. Y hay gente que los vota.

DANIEL GUERRERO
  • 5.5.19
Si algo ha quedado bastante claro tras las últimas elecciones en España es que los partidos de izquierda mantuvieron ideológicamente su identidad reconocible de socialdemócratas, es decir, que no pretenden eliminar el sistema capitalista sino suavizarlo y corregir sus inequidades, apoyándose en la democracia liberal, en beneficio de los más desfavorecidos de la sociedad, mediante un reparto solidario de la riqueza y una política fiscal progresiva que obligue a que los que más tienen contribuyan en mayor cuantía al sostenimiento de unos servicios públicos básicos.



La izquierda tuvo claro, y se reconoció en ello, que su objetivo es la justicia social y la igualdad, lo que se logra de manera más eficaz con un robusto Estado de bienestar que atienda las necesidades de los que no pueden costeárselas a través de servicios públicos universales y gratuitos. cosa compatible con el sistema capitalista y la economía de mercado.

La única diferencia notable entre los partidos de izquierda, en esa coincidencia de objetivos, es el método o vía para alcanzarlos, que se limita a una cuestión de velocidad: ir más deprisa o despacio o, lo que es lo mismo, actuar de manera gradual (pragmática) o drástica (dogmática) en los cambios que se han de acometer para, sin eliminarlo, corregir el capitalismo, regular el mercado, supeditándolo al interés general, e implementar políticas sociales que garanticen la igualdad de oportunidades en el origen. En tal sentido, la izquierda lo tuvo claro y no presentó, hasta la fecha, problemas de identidad: se reconoce tal cual es.

La derecha, en cambio, tras participar en esas mismas elecciones, salió de ellas traumáticamente desorientada y dividida, sin saber qué rostro, entre los que se oculta, corresponde a su verdadera identidad: la liberal, la conservadora o la de extrema derecha. Incluso en lo económico manifiestan preferencias o prioridades distintas, puesto que una derecha aspira al Estado mínimo de los neoliberales: otra, aislacionista, sueña con volver a una economía centralizada y autárquica; y una tercera, tradicionalista, siempre está dispuesta a proteger la libertad del mercado (mercado eficiente) en detrimento del interés general.

Unas y otras, aunque con genes comunes, fracturan su ideario en función de objetivos inmediatos o sectarios. Así, acabaron acusándose mutuamente de provocar la debilidad que les afecta a todas y que las incapacita para gobernar por mor de una fragmentación ideológica o, mejor, táctica, electoralista. Tal es, en resumen, la excusa que esgrime, ahora, el gran partido conservador español, el Partido Popular, que agrupaba en su seno al conjunto de la derecha nacional –desde la de centro hasta la ultra derecha–, con ocasión de la derrota estrepitosa que ha cosechado en las pasadas elecciones, en las que ha quedado reducido casi a la marginalidad.

La derecha ha salido de esas elecciones desorientada y mortalmente dividida en tres facciones. Y –divide y vencerás– no sumaron, sino que se restaron votos entre ellas. ¿Qué imagen prevalece en el electorado: la ultramontana y retrógrada, la tradicional y conservadora o la ubicada en el centro y liberal? Cuesta trabajo saberlo, pues sus modelos sociales y económicos difieren en gran medida, aunque compartan lo sustancial: menos igualdad, menos Estado y más libertad, sobre todo de mercado.

Es por ello que, en aquellas elecciones, que desde ambos extremos ideológicos tildaban de históricas, se decidía algo más que un nuevo gobierno para el país. Se elegía un modelo de sociedad que se ocupe en combatir los problemas que han hecho de España uno de los países de Europa en que más ha crecido la desigualdad y la pobreza, como consecuencia de las políticas de austeridad –recortes– que se cebaron sobre el gasto público.

La izquierda supo escuchar este mensaje mientras la derecha se debatía en cuál de ellas estaba en condiciones de confrontarlo con más autoridad, “sin complejos”, como quiso presumir. La izquierda pragmática (PSOE) y la dogmática (Podemos) se respetaron mutuamente y enfocaron su ataque contra la derecha tricéfala que cometió el error de alardear de fortaleza con aquella concentración de la plaza de Colón, en la que participaron juntas. Se exhibieron como la hidra de tres cabezas a la que convenía abatir, máxime cuando dos de ellas pugnaban por parecerse a la más radical e intransigente de las tres.

No hay que olvidar que con cada modelo económico emerge un tipo de sociedad. Y las derechas pretendieron, como se empeña la nueva derecha ultranacionalista en Europa y América, estigmatizar y liquidar el modelo “socialista” de sociedad que propugna la izquierda que se reconoce socialdemócrata. De ahí que su objetivo fuera “echar a Sánchez” del Gobierno, acusándolo de “traidor” a España por dialogar con los independentistas y de “despilfarrador” por revertir las medidas de austeridad que impusieron los gobiernos anteriores de derechas.

Cree la derecha que sus axiomas económicos son dogmas irrefutables: bajada de impuestos, mercados libres desrregulados y nada de gasto social puesto que el hombre es libre de labrar su destino sin ayuda del Estado. Un modelo económico del que deriva un orden moral y social: el derecho “divino” a la propiedad privada, la familia tradicional como núcleo de la sociedad y una idea de España en la que no cabe ni la diversidad y el pluralismo, ni la igualdad de la mujer y la liberación de costumbres, ni la solidaridad con propios (Estado del bienestar) y extraños (política de inmigración respetuosa con los Derechos Humanos). Todo ello se dilucidaba en esas elecciones.

La izquierda comprendió enseguida la envergadura del envite y lo afrontó desde la moderación y el mutuo respeto, dispuesta a movilizar a sus votantes y defender su proyecto de sociedad: política fiscal progresiva para financiar el Estado de Bienestar, instrumentos para combatir la desigualdad de origen (educación gratuita y derecho a la salud como ascensor social), igualdad y protección de la mujer (no ideología de género), laicidad del Estado (no tutela religiosa), ayudas a los desfavorecidos (ley de Dependencia, subsidios a parados, becas, etc.) y corregir los “fallos” del mercado (regulación y sometimiento al interés público).

Partía con cierta ventaja: sin repudiar el capitalismo, la izquierda socialdemócrata ha sido protagonista del mayor empuje de modernización del país (Europa, OTAN, reconversión industrial, etc.) y de la profundización y extensión de los derechos civiles y sociales (Divorcio, matrimonio homosexual, ley de Dependencia, etc.). Sólo tenía que recordarlo y hacer ver lo que estaba en peligro.

La derecha, en cambio, erró el tiro. Disparó contra ella misma y personalizó el enemigo en el presidente del Gobierno. Corta de miras, centró sus ataques en el conflicto independentista (controlado política y judicialmente), la inmigración (también controlada, a pesar de sus repuntes) y en el supuesto “despilfarro” de la izquierda en gasto social (el mayor gasto ha sido el rescate del sistema financiero y la “nacionalización” de pérdidas en sectores económicos privatizados).

Incluso, en combatir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de carácter estatal y que en ocho años de gobiernos de Mariano Rajoy no tuvo tiempo de suprimir, para exigir que quede exento hasta el 99 por ciento en herencias inferiores al millón de euros, algo que al parecer creían de general preocupación. A ello añadió, como diana para sus ataques, el aborto, la educación concertada y la Memoria Histórica en un batiburrillo de “ofensas” que todo buen patriota, como sólo ella sabe representar, ha de confrontar para erradicar del mapa.

Al final, tanta desorientación ideológica y de objetivos tuvo el resultado conocido. La izquierda consolidó su confianza en ella misma y entre su electorado, mientras la derecha “despilfarró” la oportunidad de recuperar el poder por entregarse a batallitas sobre cuál de ellas era la verdadera y útil.

La mejor parada fue Ciudadanos, la supuestamente liberal que optó por situarse a la derecha del Partido Popular, imponiendo incluso cinturones sanitarios al PSOE, un partido constitucionalista, y no a Vox, la formación ultra de extrema derecha que aboga por derogar la Constitución y eliminar las Autonomías, además de otras barbaridades y lindezas. Sacó rédito a su bisoñez institucional (nunca ha gobernado, salvo desde hace 100 días en Andalucía), al descrédito del Partido Popular (carcomido por la corrupción y radicalizado por la nueva dirección teledirigida desde FAES, la fundación de Aznar) y la petulancia fanática de Vox, la derecha añorante del fascismo.

Nunca, pues, un resultado fue tan justo, pero también problemático: nos plantea ante un escenario político mulipartidista, pero bipolar, tal vez semejante al sentir ciudadano y las peculiaridades de nuestra convivencia. Nada nuevo en Europa, aunque novedoso en España, donde no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición, adversarios dialogantes y políticas de Estado que antepongan el bien del país a los intereses particulares. ¿Sabremos estar a la altura?

DANIEL GUERRERO
  • 28.4.19
Además de las leyes nacionales que cada Estado elabora, existe una serie de leyes internacionales, sujetas a acuerdos, tratados, protocolos, notas diplomáticas y convenios, como la Convención de Ginebra, o emanadas por organismos por todos reconocidos, como la ONU, que conforman el entramado jurídico del Derecho Internacional que garantiza la legalidad de las relaciones de los Estados en el ámbito mundial.



El reconocimiento a la soberanía del territorio, sus aguas territoriales y el espacio aéreo, las leyes que vinculan a las empresas transnacionales, los intercambios comerciales, las transacciones económicas, los pactos defensivos y hasta el aire que respiramos (se puede demandar a un estado vecino por contaminarnos la atmósfera o un río transfronterizo) están sujetos a ese Derecho Internacional que regula y facilita una relación pacífica entre países a la hora de tener que abordar la resolución de conflictos de jurisdicción supraestatal o internacional.

No acatar tales leyes y desobedecer a los organismos competentes de los que emana la legalidad internacional ocasiona un quebrando peligroso del siempre delicado equilibrio que posibilita el mutuo respeto y, por extensión, la paz y el orden mundial. Pero hay quienes incumplen la ley. Tanto Vladimir Putin como Donald Trump no dudan en saltarse a la torera el Derecho Internacional cuando les viene en gana o favorece a sus aliados.

Es lo que hizo recientemente Estados Unidos (EE UU), bajo el mandato del presidente Trump, al reconocer oficialmente los Altos del Golán como parte del territorio israelí. Esa meseta que pertenece a Siria había sido ocupada por Israel durante la guerra de los Seis Días, en 1967.

Desde entonces ha renunciado a devolverla –al contrario de la península del Sinaí, que también invadió en aquella guerra, pero la devolvió a Egipto–, porque todavía mantiene beligerancia con una Siria con la que oficialmente está en guerra desde 1948, lo que obliga a la ONU a mantener una misión de cascos azules de interposición, desde 1974, que vigile el alto el fuego en la zona.

Y es que, para Israel, esa superficie elevada, situada al noreste del país, es un enclave estratégico que permite, no sólo la defensa del estado hebreo, sino también la vigilancia de Siria, Líbano y Jordania, además de garantizarle el suministro de agua al controlar las fuentes del río Jordán y el mar de Galilea.

Algunas informaciones calculan que un tercio del agua que consume Israel proviene de allí. En todo caso, a efectos de la legalidad internacional el Golán es “terreno ocupado”, según Resolución de la ONU, que Israel se anexionó en 1981, llenándolo progresivamente de colonos, como hace en la Cisjordania palestina, con explícita intención de “hebreizar” a su población.

Lo grave de este asunto es que EE UU quebranta la ley internacional para favorecer y respaldar la política de hechos consumados e ilegales que impulsa el Gobierno de Benjamín Netanhayu en Israel. La Casa Blanca, desde que la ocupa Donald Trump, se ha posicionado incondicionalmente al lado de Israel, cosa que nunca antes había sucedido si provocaba la desobediencia del Derecho Internacional del que EE UU era garante.

La política proisraelí de Trump se salta la legalidad al reconocer los Altos del Golán como territorio hebreo, al trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, al no contribuir con fondos para la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos e, incluso, al negarse a ratificar el acuerdo antinuclear establecido con Irán.

Y hace todo ello por conveniencia de Israel, que no acepta más poder en la región que el suyo y rechaza cualquier iniciativa que de alguna manera beneficie al régimen iraní y al movimiento de Hizbolá de milicias proiraníes.

Pero, al mismo tiempo, da oportunidad a Rusia para reemplazar el papel de EE UU en el mapa geoestratégico de Oriente Próximo y Oriente Medio, cuando le permite alinearse en el rechazo que ha despertado tal reconocimiento, no sólo con toda Europa, sino también con las potencias regionales como Irán, Turquía y Arabia Saudí, algunas rivales entre sí, así como con Siria, de la que es aliada, y Egipto.

También concede a Putin argumentos con los que justificar la apropiación de la península de Crimea, arrebatada “militarmente” a Ucrania en 2014, y anexionada de manera unilateral a la Federación de Rusia, contraviniendo la legalidad internacional y el respeto a la integridad de los estados.

Otros conflictos por disputas semejantes podrían, de este modo, verse inclinados a ser abordados de forma expeditiva, de forma similar a los de Golán y Crimea, al contar con antecedentes de la impunidad con que puede violentarse un Derecho Internacional que, no obstante, se exige respetar a otros. Se trata de los casos de China con Taiwán. India con Cachemira, Japón con las islas Kuriles o el mismo Israel con el resto de Cisjordania y la Franja de Gaza.

O como el que protagonizó Marruecos en el Sahara español. Ninguna ley internacional parece útil para parar los pies a quienes quieran desobedecerla, si no halla el respaldo de las superpotencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque estas sean las primeras en violarla cada vez que les convenga o antoje.

Lo más grave de la irreflexiva decisión de Trump es que retrotrae al mundo a los tiempos en que los estados poderosos podían invadir y conquistar “manu militari” territorio ajeno cuando les apetecía. Nos devuelve a un mundo sin orden y regido por la ley del más fuerte.

Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a que Donald Trump incumpla todo tipo de normas, leyes o tratados que estime perjudiciales para esa América que él imagina por encima de cualquier legalidad que regula las relaciones estatales en condiciones de igualdad y equidad.

Ya no nos causa estupor su abandono del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, su ruptura con el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, su salida de la UNESCO, su suspensión del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, su huida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Pacto Mundial sobre Migración y Refugiados del mismo organismo, y sus intentos por desnaturalizar cualquier foro que contemple el multilateralismo y los consensos mundiales.

Incluso nos hemos habituado a sus dislates en materia de política interna, como esas medidas selectivas contra la inmigración desde determinados países musulmanes y el famoso muro que pretende levantar en la frontera con México, la finalización del Programa de Acción Diferida para los llegados durante la infancia, la obsesión por derogar el Obamacare, el sistema que permitía un seguro médico a los más desfavorecidos, y otras iniciativas por el estilo.

Pero su falta de respeto a la legalidad internacional, incumpliéndola cuando conviene a sus intereses, transmite un peligroso mensaje al resto de naciones: haz lo que quieras con el Derecho Internacional. Porque tal comportamiento es, exactamente, el que ha validado con su reconocimiento de los Altos del Golán como parte del territorio hebreo.

Ha evidenciado el apoyo con que cuenta Israel para ignorar las leyes y el Derecho Internacional. Y, lo que es peor, ha venido a subrayar la claudicación del papel de EE UU como potencia mundial garante de la democracia y del mundo libre. Si este es el ejemplo que brinda el sheriff, ¿cuál será el del villano? Pues el de cualquier matón: haz lo que quieras, que no hay ley que lo impida.

DANIEL GUERRERO
  • 21.4.19
La crisis económica de hace una década y las medidas que se adoptaron para combatirla, centradas en una fuerte restricción del gasto social, han trastocado, tal vez de manera definitiva, las expectativas no sólo de prosperar sino de mantener el estatus que disfrutaban determinadas clases sociales en España y otros países occidentales.



No nos estamos refiriendo a las clases trabajadoras y humildes de la población que ni causaron ni desencadenaron el colapso de los bancos –deuda privada–, pero fueron castigadas y empobrecidas de manera alevosa e injusta so pretexto de una austeridad a rajatabla para contener el gasto social –deuda pública–, que acabaría cebándose con ellas. Tampoco fueron las únicas víctimas.

También la clase media sufrió el efecto “castrante” de las tijeras, la precariedad y las reformas “estructurales” que han instalado la inseguridad en un estamento de población que confiaba en la estabilidad de sus condiciones económicas y sociales.

En rigor, todos los estratos sociales padecieron las consecuencias desastrosas, con más o menos intensidad, de la pasada crisis financiera, con la sola excepción del más acaudalado, el de los ricos. Únicamente la élite de los pudientes salió beneficiada de la crisis, puesto que se aprovechó de ella para mejorar sus condiciones, tanto en lo que respeta a las rentas como al tamaño del segmento.

A estas alturas, nadie discute que la crisis hizo más ricos a los ricos, permitiéndoles crecer en número y fortuna. Como también que desde la crisis no sólo hay más pobres, sino que, para colmo, se han empobrecido aún más. Todas estas repercusiones causadas a un extremo y otro de la escala social han sido objeto de análisis y reflexiones de manera exhaustiva por los expertos.

Sin embargo, no lo ha sido tanto en lo que concierne a la inmensa clase media, exprimida también sin miramientos, no sólo a causa de la propia crisis económica y la consiguiente pérdida de su capacidad adquisitiva, sino también por la inseguridad laboral y la pérdida de cualificación para el desempeño de unas profesiones y un trabajo que hasta entonces eran considerados completamente seguros y estables.

Eso es, precisamente, lo que ha evidenciado un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el título de Bajo presión: clase media exprimida y publicado el pasado 10 de abril, que destaca el estancamiento en que se halla la clase media, la más amplia si no mayoritaria de la población, después de un período de progresivo declive y debilitamiento a lo largo de las últimas décadas.

La crisis económica de 2008 sólo fue la puntilla que ha deteriorado, de forma casi irremediable, sus condiciones de vida y su papel preponderante en la economía de cualquier país desarrollado. No debe olvidarse la importancia de la clase media para la estabilidad económica y el sostenimiento del consumo, pues actúa de tractor de la oferta y el mantenimiento del tejido productivo.

Pero el estancamiento de los salarios, que ha provocado un descenso de las rentas por hogar que imposibilita atender el aumento del coste de la vida por la inflación (vivienda, educación, sanidad, equipamientos, ocio, etc.), junto a la incertidumbre laboral de unos empleos cualificados que corren el riesgo de desaparecer debido a la automatización y las nuevas tecnologías, han hecho que la clase media pierda capacidad y peso económico, además de menguar como estamento social, ya que las nuevas generaciones encuentran dificultades para conseguir, a pesar de su preparación, empleos estables y salarios dignos que les posibilite engrosar el estatus social de sus padres.

Según el citado estudio, un hogar de cada dos de clase media, en 24 países de la OCDE, tiene actualmente dificultades económicas y no puede hacer frente a imprevistos. Ello explica que se produzca el descenso hacia una clase más baja en uno de cada siete hogares de clase media. Y que aparezca el temor en muchas familias de que los hijos vayan a vivir peor que sus padres.

Pero es que, aparte de las crecientes dificultades que encuentran los padres para costear los estudios superiores de sus hijos (másteres, desplazamientos, alquileres, becas reducidas o restringidas, etc.), éstos, además, aún completando su formación, tropiezan con enormes obstáculos para acceder al mercado laboral y hallar un empleo acorde con su cualificación académica y profesional.

Y lo que hallan, en la mayoría de los casos, son trabajos de bajos ingresos, de fuerte temporalidad y ajenos a su formación. Es decir, empleos con la misma precariedad que caracteriza al mercado laboral español. De ahí la elevada tasa de paro juvenil (más de un 40 por ciento del total) y la falta o caída de ingresos que les impide, no sólo mantener su condición de miembros de clase media, sino incluso emanciparse.

Tales factores económicos, junto a condiciones sociológicas, obstaculizan el futuro de los jóvenes y hacen inútil la educación como ascensor social (como no sea sólo para bajar) y como antídoto contra la desigualdad de oportunidades. Frenan, en suma, la movilidad social a causa de unas perspectivas de salida laboral tanto o más inciertas que las que amenazan al empleo de sus padres, antaño tan estables, seguros y racionalmente remunerados.

Por todo ello, los hijos de clase media se enfrentan a un futuro lleno de nubarrones. Tan negro como el del conjunto de los trabajadores que han sido víctimas de un mercado de trabajo que, con la excusa de la crisis, se ha acostumbrado a exigir condiciones laborales y salariales inadecuadas para hacer frente a los costes de la vida, y por los obstáculos que hallarán para seguir perteneciendo a la clase social de sus padres.

Con semejante panorama, no resulta extraño que la clase media venga menguando con cada generación, debido a las dificultades que tienen los hijos para permanecer en ella y por la progresiva pérdida de poder económico de sus padres para conservar el estatus social.

Ello explica, como una fotografía sociológica, el descontento, la falta de integración y la desafección que hacen posible los populismos y otros fenómenos de contestación social como el de los indignados, los “chalecos amarillos” y hasta el rebrote de la ultraderecha.

La única conclusión posible, que parezca razonable, es no cejar en el empeño de la formación, como la mejor herramienta que ofrece mayores posibilidades para escapar de los condicionamientos de origen, y luchar como colectivo, con las armas de la democracia, por el futuro que se merecen. No se me ocurre otra.

DANIEL GUERRERO
  • 14.4.19
Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera el 15 de febrero pasado convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 28 de abril, los partidos políticos en España se han entregado a una frenética campaña que, sin esperar al comienzo oficial de la misma, los ha llevado a exagerar los problemas, magnificar sus propuestas y denostar hasta la infamia al adversario con el único propósito de diferenciar su marca como la única capaz de solucionar los problemas y ganarse la atención del ciudadano.



Las alternativas que ofrecen estas formaciones al electorado descansan en un “relato, descripción o noticia que presenta las cosas como más graves, importantes o grandes de como en realidad son”, según la acepción de hipérbole que puede consultarse en el diccionario María Moliner.

La intención de todos ellos no es debatir los asuntos que interesan o preocupan a la gente para que se conozcan sus propuestas, sino la de convencer al ciudadano para que les vote, recurriendo, incluso, a ignorar la verdad o negar hechos irrefutables. Lo que de verdad les importa, y por ello compiten a cara de perro, es ganar las elecciones, superar a los rivales y acceder al poder o, lo que es lo mismo, hacerse con el gobierno.

Con tal finalidad, se han lanzado frenéticamente a exagerar los defectos de los rivales y las bondades propias, pintando un panorama apocalíptico de la realidad y advirtiendo de las catástrofes que penden sobre nuestras cabezas si los contrincantes logran vencer, por sí solos o en coalición, estos comicios. Un dramatismo tan desaforado que impregna, incluso, al período previo de la campaña de una tensión innecesaria por el radicalismo con que se desarrolla la confrontación.

Como si, para algunos, la democracia padeciera en la actualidad mayores peligros que cuando un teniente coronel de la Guardia Civil asaltó el Congreso de los Diputados, en febrero de 1981, para intentar un golpe de Estado, armas en ristre, que, afortunadamente, resultó fallido.

O como si las dificultades económicas, tras la última crisis financiera, mantuvieran al país sin capacidad de generar riqueza, crear -aunque lentamente y en precario- empleo y no pudiera competir con oportunidades en el mercado global. O nos halláramos al borde de una ruptura del país por culpa de quienes aspiran a la independencia en Cataluña y los que intentan dialogar con ellos para encauzar el problema por derroteros democráticos y pacíficos. Para tales agoreros, en estas elecciones España se juega su ser y su futuro como nunca antes en la historia.

De hecho, antes de ser convocadas, la oposición al Gobierno en el Parlamento ya actuaba en modo electoral, insistiendo en la urgente necesidad de interrumpir la legislatura y adelantar las elecciones generales, como inevitablemente ha sucedido. La falta de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado obligó esa convocatoria electoral. Al día siguiente, todos los partidos de la oposición comenzaron a estructurar una narrativa catastrofista en sus mensajes electorales, tratando de establecer diferencias entre las formaciones que se autodenominaban “constitucionalistas” y las que, a juicio de éstas, no lo eran.

De esta forma podían acusar a las “no constitucionalistas” de representar un riesgo enorme para el país y hasta de no ser leales a la Constitución. Tal “frente” de fuerzas “constitucionalistas” se formó con el sólo fin de “sacar” a Sánchez del Gobierno y relevar a los socialistas del poder, más por cómo se auparon a él, a través de una moción de censura, que por las políticas implementadas durante los escasos meses en que lo detentaron.

Resulta llamativo que, entre los partidos autoetiquetados como “constitucionalistas” -Partido Popular y Ciudadanos, formaciones conservadoras-, el referente ideológico y expresidente del primero, José María Aznar, no votase precisamente la Constitución, aunque ahora se comporte como su máximo y exclusivo defensor e intérprete, y que el otro partido ni siquiera existiese ni se le esperase cuando la carta Magna fue elaborada y sancionada por las Cortes Generales y el pueblo español.

Y que con esa auto-otorgada “autoridad” tachen de “no constitucionalista” a un PSOE que luchó, desde la clandestinidad y luego desde la legalidad, por traer -junto a otros partidos- la democracia a este país, participó activamente en la redacción del proyecto constitucional y promovió las principales reformas que han hecho progresar y modernizar España hasta asemejarla a las naciones más avanzadas de nuestro entorno. Todo un rifirrafe que resulta demasiado exagerado y forzado, propio de una política hiperbólica.

Como también lo es utilizar el conflicto catalán como el gran asunto que divide a los partidos entre patriotas y traidores. Porque, por muy preocupante que, a muchos, parezca el pulso independentista en aquella comunidad, no es ni por asomo un golpe de estado ni el mayor problema político de España, aunque así convenga tratarlo a las formaciones de la derecha por incitar la radicalización de los sentimientos nacionalistas más primarios, sin importarle el deterioro de la convivencia.

Obvian que los mecanismos previstos del Estado de Derecho han abortado aquel intento de desbordar el marco constitucional para forzar el reconocimiento de un inexistente “derecho a decidir” -que la ONU limita a los casos de dominio colonial y notoria violación de los derechos humanos de sectores minoritarios de la población-, para, mediante un referendo ilegal, proclamar una república en Cataluña.

Y que el poder judicial está resolviendo, con todas las garantías, las posibles responsabilidades penales cometidas por aquellos autores que desafiaron la legalidad. Esa verdad que con ello no se resuelve el problema, que más pronto que tarde la política tendrá que abordar, pero se canaliza por derroteros de respeto a legalidad, lealtad institucional y cauces democráticos.

A pesar de tanto alarmismo, en comparación con el golpe del 23-F, en el que los tanques salieron a las calles de Valencia mientras elementos de la Guardia Civil tenían secuestrado al Gobierno y a los parlamentarios en el Congreso de los Diputados para sustituir un gobierno democrático por otro impuesto mediante el uso de la fuerza armada, no deja de ser una perniciosa tergiversación calificar, incluso como licencia semántica, el conflicto catalán como golpe de estado. Exagerar el calificativo no agranda la gravedad del problema, aunque ayude a instrumentalizarlo con fines partidistas y electorales, que es lo que persigue la política de la hipérbole.

Al menos, afortunadamente, ya no se habla de aquellas temidas “invasiones” de inmigrantes que amenazaban nuestras costas y ciudades. El fenómeno migratorio ha vuelto a la cotidianeidad de un asunto que se amolda a los parámetros manejables de una frontera que separa un primer mundo de oportunidades de un tercer mundo de conflctos y necesidades.

Solo Vox, el partido de ultraderecha recién incorporado a la lid política, sigue empeñado en considerar a los inmigrantes como una amenaza a nuestra identidad y cultura, despertando miedos infundados en la población y contagiando de xenofobia y racismo a los otros partidos de la derecha que compiten por el mismo electorado y precisan de su apoyo para una hipotética alianza gubernamental.

Tan es así que, aquellas fuerzas que conceden arbitrariamente diplomas de “constitucionalidad”, no reparan en que Vox mantiene en su ideario la derogación de las autonomías y el retorno al Estado centralista, la supresión de las políticas que posibilitan la igualdad de la mujer, otorgar la “libertad” de portar armas de fuego y hasta forzar la salida de España de una Europa como proyecto de unión económica, monetaria, comercial, política y social.

Por todo ello, el mensaje hiperbólico respecto a una inmigración considerada como foco de delincuencia, violencia y terrorismo, que arrebata puestos de trabajo a los nacionales y detrae recursos de nuestras prestaciones públicas, además de desnaturalizar nuestra identidad y costumbres, queda reducido a las soflamas de unos pocos demagogos, como Abascal, Trump, Salvini y, cuando se le calienta la boca, Casado, el líder del PP que no sabemos si se va radicalizando o abandona el disimulo para mostrarse cual es.

Queda, no obstante, el recurso a la economía como ámbito para valerse de la hipérbole con intención de desprestigiar al contrario, deslegitimar sus iniciativas y despreciar lo que de positivo se haya conseguido. Un ámbito en que, todo lo que no sea “bajar” impuestos, es tomado como nefasto y perjudicial para el país y los bolsillos de los ciudadanos. Y en el que, cuando se está tan ofuscado en exagerar la ineptitud ajena y la capacidad propia, la incontinencia verbal puede deparar, a veces, malas jugadas.

Como cuando se afirma que se retomaría lo acordado por el Gobierno de Rajoy de subir el salario mínimo interprofesional (SMI), en 2020, a 850 euros, sin caer en la cuenta de que en la actualidad ya está vigente un SMI de 900 euros, por decisión del Gobierno socialista. Por mucho que se quiera rectificar, el mensaje que queda es el de pretender reducir el salario mínimo.

De igual modo, parece ridículo cuestionar los “viernes sociales” del Ejecutivo por continuar gobernando e implementando iniciativas que benefician a la mayoría de la población en fechas próximas al período electoral, sin serlo todavía oficialmente, al aumentar el permiso de paternidad, ampliar la cobertura por desempleo a los parados mayores de 52 años o suprimir el “impuesto al sol” que gravaba el autoconsumo de energía sostenible generada en una instalación propia.

Medidas todas ellas que paliaban los efectos de unas políticas de recortes y austeridad tomadas durante la crisis y que se suman al aumento del salario de los funcionarios, la revalorización de las pensiones o la restitución de derechos laborales ya aprobadas anteriormente por el Gobierno.

Y es ridículo, además de exagerado, por cuanto, a pesar del gasto que suponen estas medidas, se enmarcan en una economía cuyo crecimiento se mantiene por encima de la media de la Eurozona, aunque presente una leve desaceleración respecto a ejercicios anteriores, y que mantiene una inflación contenida, reduce poco a poco el déficit público, sin cumplir exactamente los objetivos previstos, y logra un descenso progresivo de la tasa de paro.

Criticar la marcha de la economía y las iniciativas sociales con impacto económico como perjudiciales para el país es una manipulación de la realdad por parte de quienes se valen de la hipérbole para hacer política. Una actitud que caracteriza a una campaña electoral que, oficialmente, todavía no ha comenzado.

Lo indignante de este proceder es que, los asuntos que de verdad interesan y afectan a los ciudadanos, como son el trabajo, el precio de la vivienda, el acceso a la educación en todos sus niveles, incluyendo las guarderías, la salud y la calidad asistencial, las pensiones y su sostenibilidad, las ayudas familiares y a la dependencia, la seguridad ciudadana y la garantía de libertades y derechos, la protección contra la contaminación y el medio ambiente y demás minucias de la gestión pública, quedan arrinconadas por la cháchara ensordecedora sobre banderías sentimentales y conceptos tan susceptibles de tergiversar como el patriotismo, el honor, las convicciones de cada cual y hasta lo que “quieren” y “sienten” los españoles. Una política hiperbólica sólo eficaz para confundir al votante, no para solucionar sus problemas.

DANIEL GUERRERO
  • 7.4.19
Cada día, nuevos grupos o partidos de extrema derecha emergen en el panorama político, tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina, los cuales, gracias a un discurso populista y ultranacionalista, logran ganarse la confianza del electorado para acceder a las instituciones y, desde ellas, condicionar o formar gobiernos. El último en aparecer, hasta la fecha, ha sido VOX en España, que desde la insignificancia ha conseguido tener representación parlamentaria y convertirse en la llave que ha posibilitado la formación de un Gobierno conservador en Andalucía, desalojando a los socialistas después de 37 años ininterrumpidos apoltronados en el poder.



De forma sorprendente e inesperada, a pesar de su ideología radical, misógina, racista y antiautonómica, VOX supo aprovechar las pasadas elecciones autonómicas en la región para, con un ideario extremista contrario a la “ideología feminista”, la Memoria Histórica a la que tacha de “revanchista”, los flujos migratorios que percibe como invasiones y la “ruptura” de España por parte de los independentistas catalanes, ganarse el voto que tradicionalmente buscaba cobijo en el Partido Popular.

Tal presencia social de la ultraderecha, como fenómeno con capacidad de competir electoralmente, ha alterado y complicado el escenario político en España, último país europeo que se adhiere a la estela de un movimiento que desde hace años avanza y se afianza en Occidente.

Gracias al partido de extrema derecha español, ya formamos parte de esa especie de “Internacional Ultra” que gana posiciones en el tablero político, extiende su ideología filofascista por medio mundo y aspira ser una fuerza mayoritaria en las instituciones europeas, tras las próximas elecciones, para destruir la Unión Europea desde dentro.

El impulso definitivo al resurgir de formaciones ultranacionalistas, que están en contra de la multilateralidad, la diversidad cultural y la globalización económica, se lo propinó la elección del magnate Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, convenientemente asesorado por su rasputín personal, Steve Bannon, ideólogo de las doctrinas más reaccionarias y supremacistas que caracterizan al extremismo de derechas en cualquiera de sus variantes: desde el Tea Party norteamericano hasta la Liga del Norte italiana o el Partido Social Liberal de Brasil.

Pero antes de Trump, ya venían consolidándose en diversos países de Europa fuerzas conservadoras radicales que presumen de defender las “esencias” nacionales y la “integridad” de cada país frente a una Europa que disminuye soberanía a los Estados, una inmigración que altera las costumbres y diluye la identidad de las naciones que la acogen, y una economía y un comercio mundiales que perjudican, con su balanza comercial desequilibrada y la deslocalización de empresas, a la economía, la riqueza y el progreso de cada país, preso de reglas, tratados y entes supranacionales que dan forma a la globalización y la multilateralidad de las relaciones internacionales.

Fuerza Nacional (FN) francesa de Marine Le Pen ya era euroescéptica antes que Donald Trump promoviera el aislacionismo en EE UU y se dedicara a desunir a los países miembros de la UE, apoyando sin disimulo el Brexit del Reino Unido. Incluso Amanecer Dorado ya propugnaba el abandono de Grecia de la Unión Europea antes que VOX “cabalgara” por tierras españolas repitiendo lemas y soflamas reaccionarios que revitalizan a los nostálgicos de un franquismo camuflado entre los votantes de la derecha.

Partidos minoritarios, como el UKIP del Reino Unido, que, aun siendo residual, forzó la realización del referéndum para que Inglaterra abandonara la Unión Europea. O no tan minoritarios, como el Fidesz de Viktor Orban en Hungría, la Liga del Norte de Matteo Salvini en Italia o el Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro en Brasil, capaces de alcanzar el poder y gobernar con políticas de exclusión, aislacionismo e intolerancia que, al parecer, responden a las esperanzas de quienes se sienten ignorados o vapuleados por la complejidad del mundo contemporáneo y los problemas económico o los desafíos migratorios que periódicamente lo sacuden.

Más de una decena de gobiernos en Occidente están liderados por formaciones de ultraderecha, forman coaliciones de gobierno y parlamentarias con partidos radicales o están a expensas de una oposición que los ultras controlan. En Europa están presentes en cerca de 20 parlamentos nacionales y en el propio Parlamento europeo.

Y es que los partidos conservadores convencionales, de tradición democrática, después de un primer momento de dudas o temor al contagio, ya no hacen ascos a legitimar la extrema derecha cuando conviene a sus intereses partidistas, bien para frenar la sangría de sus votantes más dogmáticos, copiando sus mensajes y compartiendo sus fobias, o bien para conseguir la mayoría necesaria con la que acceder al poder, aceptando su apoyo y condiciones. Los ejemplos abundan.

La Liga del Norte italiana ha formado coaliciones de gobierno casi desde su fundación, en 1989, pero no había tenido tanto poder como hasta ahora, que controla el Ejecutivo en coalición con los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas, permitiendo que Matteo Salvini, desde su puesto de ministro de Interior, dicte y domine la política antimigración, antieuropea, islamófoba y económica de Italia.

O el Fidesz, de Viktor Orbán, de Hungría, quien desde que accedió al poder no ha dejado de promover “mano dura” contra distintos sectores progresistas de la sociedad civil y ha aprobado leyes que criminalizan a los inmigrantes, negándose incluso a aceptar la cuota correspondiente de refugiados con que Europa combatía la última crisis migratoria.

En Polonia, por su parte, el partido nacionalista Ley y Justicia tampoco vacila en utilizar medios cada vez más autoritarios para imponer su ideario, socavando la independencia de los medios de comunicación y tratando de reformar los juzgados para “colocar” jueces fieles al partido y controlar la judicatura.

Son muchos, pues, los países europeos en los que las fuerzas de extrema derecha dominan la política nacional. Partidos que han sabido atraerse la confianza de los ciudadanos para ocupar gobiernos e introducirse en las instituciones, como en Hungría, Austria, Italia, Bulgaria, Polonia, Francia, Reino Unido, Finlandia, Suecia y otros.

Son aceptados y acogidos en el grupo Partido Popular Europeo (EPP) del Europarlamento, que ni los cuestiona ni los rechaza, a pesar de la deriva autoritaria de algunos de los gobiernos que conforman y las políticas xenófobas, racistas, misóginas, homófobas, islamófobas y ultraconservadoras que implementan, como la de no ratificar el Pacto Mundial de la Migración, siguiendo el modelo de Trump.

El EPP no oculta, así, su intención de integrar al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa y el de Europa de las Naciones y las Libertades para, con sus parlamentarios de ultraderecha, llegar a convertirse en el mayor grupo del próximo parlamento, tras las elecciones europeas de mayo.

He aquí el gran peligro que representan los partidos de extrema derecha en las instituciones democráticas: utilizan la democracia para imponer el retroceso democrático en sus países de origen y conseguir el desmantelamiento del proyecto común de unidad de Europa.

A tal objetivo se ha sumado, con gran virulencia, la extrema derecha de España, que se vale de VOX para asaltar las instituciones. Con tan fuerza ha irrumpido en la política nacional que su discurso ha impregnado al del Partido Popular y Ciudadanos, formaciones conservadoras que compiten por el mismo electorado, hasta el extremo de no renunciar a lograr acuerdos entre ellos, como han hecho en Andalucía, ni excluir el apoyo de quienes no comparten la Constitución, como VOX que rechaza el Estado Autonómico, aunque paradójicamente critiquen a los socialistas por hacer lo mismo con los apoyos independentistas.

VOX es un partido reaccionario, pero tiene en común con el resto de la derecha tradicional una concepción sectaria de la Patria, el cuestionamiento del progresismo igualitario y un liberalismo en lo económico que no se conjuga con lo social, aparte de preservar la tutela religiosa de un Estado presuntamente aconfesional, cual es España.

Por eso, por sus semejanzas, los tres participan en la guerra de banderas y lazos, se manifiestan juntos contra el Gobierno socialista, pretenden ilegalizar a los partidos independentistas como solución al conflicto catalán y no tienen reparos en marchar juntos tras las pancartas.

Ninguno va por su cuenta. Tanto en Europa como en América actúan coordinados pues este renacimiento explosivo de la derecha radical viene condicionado por el afán de combatir, cada cual desde sus diferencias particulares, el socialismo o “marxismo cultural” que aboga por la solidaridad colectiva y el Estado corrector de desigualdades en vez del individualismo liberal y el nacionalismo egoísta y aislacionista.

Eso es que lo lleva a Jair Bolsonaro, el presidente ultra de Brasil, a reunirse, en su primera visita al exterior, con Donald Trump para acordar una alianza nacionalpopulista e impulsar un Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), que aglutine a las derechas de la región en una política de bloques alineada con el intervencionismo de Washington.

Y lo que hace que Steve Bannon, como artífice del populismo moderno de extrema derecha, lleve meses instalado en Roma, sin cargo ni credenciales oficiales, “asesorando” y diseñando desde Italia el “asalto” ultra al corazón de la Unión Europea a través de las próximas elecciones al Parlamento, para que Orbán, Salvino y Le Pen lideren la política del Continente y el movimiento nacionalpopulista en Europa.

En sus planes, por descontado, incluye a VOX, a cuyos dirigentes ha aconsejado sobre cómo “colocar” sus mensajes mediante las redes sociales con cuatro ideas básicas pero contundentes sobre soberanismo, seguridad y economía.

Mensajes que cuelan y hacen creer a la gente que sus problemas se resolverán, en un mundo sin fronteras, con el aislacionismo y la vuelta a los Estados-nación, los muros fronterizos, la insolidaridad con los marginados y oprimidos, el populismo simplista y ramplón y el supremacismo racial y religioso. Con estos mimbres se está estructurando una poderosa e inimaginable Internacional Ultra de la derecha en el mundo. Cosa probable si no nos espabilamos.

DANIEL GUERRERO

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